Cuba y Noruega, garantes del proceso de paz entre el gobierno de Colombia y las FARC, expresaron el viernes su preocupación por el retorno a las armas de exjefes de la guerrilla, y reiteraron su compromiso con el cumplimiento de los acuerdos.
Ambas naciones ratificaron “su compromiso con la paz de Colombia” y expresaron “su profunda preocupación por el reinicio de la lucha armada por parte de algunos miembros de las FARC-EP”, según un comunicado conjunto publicado por la cancillería cubana.
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“Los países garantes respaldan a todos aquellos que defienden el proceso de paz en Colombia (…) confirman la vigencia del histórico Acuerdo Final de Paz y consideran que su implementación efectiva y su estricto cumplimiento es el camino para preservar la paz”, agrega el documento.
El último jueves, Iván Márquez, ex número dos de la disuelta guerrilla FARC, apareció junto con otros jefes rebeldes en un video donde anunciaban su retorno a las armas tras la “traición del Estado” a lo consagrado en el pacto firmado con el expresidente Juan Manuel Santos en 2016.
Tras diálogos en La Habana se firmó un acuerdo con Santos que permitió el desarme de 7.000 combatientes y transformó en partido político a la que fue la guerrilla más poderosa de América.
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El partido FARC asegura que la mayoría de los que depusieron las armas están cumpliendo con lo pactado pese al asesinato de al menos 143 desmovilizados.
“Seguiremos sin desmayo esa ruta“, dijo la agrupación, que denuncia retrasos en el cumplimiento de los compromisos que ahora recaen en el gobernante derechista Iván Duque, quien considera que el acuerdo tiene un exceso de concesiones.
Cuba y Noruega pidieron proteger la seguridad y la plena reintegración y reincorporación de los excombatientes a la vida civil para consolidar el proceso de paz.
Venezuela, otro de los facilitadores del diálogo, inició contacto con los garantes para buscar una salida. Aunque Duque asegura que el gobierno de Nicolás Maduro alberga a quienes retomaron las armas.
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Maduro, por su parte, acusó a Duque de ejecutar un “planificado desmontaje” del proceso de paz.
AFP
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