Nicaragua los llama “policías voluntarios” y con ese nombre se les incluyó en las recientes reformas constitucionales. La población los nombra como “los paramilitares de Daniel Ortega”, y el nicaragüense diario La Prensa los bautizó como “Ejercito del terror”.
Se trata de una fuerza militar integrada por civiles, principalmente por ex militares y funcionarios del Estado, creada por Daniel Ortega para reprimir a los opositores tras la rebelión ciudadana de 2018. Ahora la dictadura la ha oficializado en la Constitución Política de Nicaragua.
Este ejército es el equivalente a los “Colectivos” del régimen chavista de Venezuela, y se encargó de acompañar a la Policía para desmontar violentamente las más de cien barricadas levantadas por estudiantes y campesinos, principalmente, que para mayo de 2018 paralizaban el país. La represión se saldó con al menos 355 personas asesinadas entre 2018 y 2019, según el registro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA.
Este martes, a pedido del dictador, la Asamblea Nacional aprobó una reforma a la Constitución Política que crea la “Policía voluntaria” pese a que este cuerpo armado ya venía actuando con ese nombre en la represión contra quienes consideran opositores.
Encapuchados, uniformados y gritando consignas, esta semana fueron juramentados al menos 10 mil de estos paramilitares en distintas ciudades de Nicaragua.
“En cada policía voluntario hay una familia comprometida con la paz y la seguridad, una familia comprometida con nuestra revolución, con su triunfo y logros; familias que con orgullo respaldan el noble empeño de ustedes de garantizar la paz”, declaró el miércoles pasado en el acto de juramentación de Chinandega el comisionado Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional.
La oposición ha denunciado que la norma legal trata de darle fuerza constitucional al ejército paramilitar que se creó en 2018 para reprimir a la población en 2018 cuando disparó a mansalva contra manifestaciones y barricadas de protesta.
En un primer momento, Ortega se desmarcó de estos civiles armados y los atribuyó a “grupos organizados y financiados por traficantes de drogas y los Estados Unidos”. Luego dijo que eran policías voluntarios. En una entrevista a un medio noruego en febrero de 2019, Francisco Díaz, jefe de la Policía Nacional de Nicaragua, reconoció que la mayoría de los paramilitares eran “policías profesionales” en “operaciones ocultas”, y que el resto, dijo, eran “policías voluntarios”.
En los actos de juramentación ha quedado claro que el objetivo principal es más político que de seguridad ciudadana. En la juramentación de Chinandega, el secretario político sandinista de ese departamento, José Manuel Espinoza, advirtió “a los vendepatrias y desestabilizadores a no jugar con la paz y el bienestar del país”.
“Que no se atrevan los golpistas a querer desestabilizar nuestro país porque se van a encontrar con la fuerza absoluta de nuestra Policía Voluntaria y se van a encontrar con la fuerza del pueblo nicaragüense en defensa de la paz. En nuestro país con la paz no se juega y el que quiera jugar con la paz, aquí está nuestra Policía Voluntaria”, señaló en su discurso.
Para un especialista en seguridad ciudadana, el ejército paramilitar que opera en Nicaragua al servicio del régimen de Daniel Ortega tiene fecha de nacimiento: 23 de abril del 2018.
Ese día, una casi desconocida organización de militares retirados y exagentes de seguridad sandinista envió una carta a Rosario Murillo poniendo la estructura a su disposición para aplacar la rebelión ciudadana que estaba comenzado.
La organización, llamada Consejo Defensores de la Patria (CODEPAT) decía tener unos 23 mil afiliados.
“En ese momento es que nacen los paramilitares”, dice. “El uso de fuerza letal para enfrentar las manifestaciones de protestas contra el régimen es nuevo. Es a partir del 19 de abril (de 2018). El 18 todavía fueron grupos de choque: vagos, pandilleros, y miembros de la Juventud Sandinista”.
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