Han pasado gran parte de su vida a la sombra y ahora su futuro está sumido en un limbo jurídico. En Estados Unidos los llaman «dreamers» (soñadores).
Por BBC
Son los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), creado en 2012 por el gobierno del entonces presidente Barack Obama para evitar la deportación de los jóvenes que entraron en ese país siendo niños sin disponer de documentación legal para quedarse.
Desde septiembre de 2017 su vida quedó en suspenso. Fue entonces cuando el presidente Donald Trump ordenó poner fin al programa y dio hasta el 5 de marzo de 2018 para que el Congreso aprobara una ley que sustituyera al programa.
Pero los legisladores no se pusieron de acuerdo en qué hacer con los «soñadores».
La medida de Trump fue objetada ante varios tribunales y finalmente la Corte Suprema ratificó este jueves que la decisión del gobierno de poner fin al programa fue ilegal.
Los dreamers celebran este fallo como una victoria, aunque la decisión no les ofrece un estatus legal permanente ni supone ningún paso para obtener la ciudadanía estadounidense.
Además, Trump dejó entrever que su gobierno reanudará el proceso contra DACA, por lo que sus beneficiarios no tendrán certezas a largo plazo hasta que se produzca un acuerdo en el Congreso para aprobar una ley que los proteja.
De México a Namibia
El DACA les otorga a los dreamers un permiso temporal de trabajo que, al igual que la protección contra la deportación, debían renovar cada dos años.
De acuerdo con cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) unas 800.000 personas han sido beneficiarias del DACA.
Los números de los dreamers
690.000
jóvenes inmigrantes indocumentados
45% vive en dos estados: California (29%) y Texas (16%)
24 años es su edad actual promedio
6 años es la edad promedio a la que llegaron a Estados Unidos
53% son mujeres y 47% son hombres
Fuente USCIS
De estas, unas 40.000 solicitaron y obtuvieron un permiso de residencia permanente, popularmente conocido como greencard, y unas 70.000 no quisieron o no pudieron renovar el permiso cuando este venció.
Así, para septiembre de 2017, cuando Trump decidió poner fin al programa, el USCIS estimaba que había unos 690.000 beneficiarios activos.
Un 90% de ellos vienen de América Latina.
Según cifras oficiales, los mexicanos representan casi 80% de todos los dreamers con unos 548.000 beneficiarios del DACA.
Los tres países siguientes también son latinoamericanos: El Salvador, Guatemala y Honduras, que cuentan con más de 10.000 nacionales bajo el amparo de este programa.
La lista, no obstante, también incluye a un número sustancial de ciudadanos asiáticos, comenzando con los llegados de Corea del Sur (7.310), Filipinas (3.880) o India (2.640).
En total, disfrutan de los beneficios del programa jóvenes de unas 150 nacionalidades distintas, desde Polonia (1.390) hasta Namibia (10), pasando por Pakistán (1.340), China (740), Reino Unido (500) e incluso Canadá (750).
Mejores trabajos
Un estudio dirigido por el profesor Tom K. Wong, de la Universidad de California en San Diego, realizado en 2017 entre más de 3.000 beneficiarios de DACA, distribuidos en 46 estados de Estados Unidos, reveló que más allá de protegerles de la deportación, el programa se ha traducido en otras ventajas concretas para los jóvenes.
En términos laborales, por ejemplo, 91% de los encuestados dijeron estar empleados y 69% indicaron que tras la aprobación de esta iniciativa pudieron obtener trabajos mejor pagados.
Esa mejoría coincide con los hallazgos de otra investigación realizada por el Migration Policy Institute (MPI), un centro de estudios con sede en Washington, utilizando datos del USCIS.
«En nuestro estudio vimos que los beneficiados por DACA tienen más probabilidades de tener empleos de oficina como vendedores, asistentes administrativos, etc.», le dice Julia Gelatt, analista sobre políticas migratorias del MPI, a BBC Mundo.
«En contraste, quienes no podían solicitar los beneficios del programa tenían más trabajos al aire libre como la construcción. El DACA ayuda a los jóvenes a conseguir oportunidades laborales más apropiadas para su formación y capacidad», agrega.
Oportunidades perdidas
Pese a estos beneficios, paradójicamente hay centenares de miles de jóvenes que pudiendo haberse acogido a este programa optaron por no hacerlo.
Según datos del MPI, hay unos 400.000 jóvenes que cumplían con algunos requisitos, pero que para ser beneficiados tenían que inscribirse en un centro educativo y no lo hicieron.
En este aspecto los latinoamericanos también destacan por ser los que proporcionalmente más aprovecharon la oportunidad de registrarse en el programa.
Así, mientras 65% de los mexicanos y 62% de los salvadoreños elegibles se inscribieron en el DACA, solo 21% de los filipinos y 15% de los coreanos lo hicieron.
De acuerdo con Gelatt las razones para no haber participado pueden ser múltiples: desde el costo de la solicitud (US$495), hasta el miedo a entregar información personal que permita ubicar a los jóvenes y a sus padres (quienes usualmente también se encuentran en situación irregular).
También existía la posibilidad de que tuvieran miedo de no resultar elegibles por contar en su historial con algún tipo de falta o delito, dado que para inscribirse tenían que tener sus antecedentes limpios, o que simplemente no tuvieran interés por contar con otras vías para regularizar su situación.
En ese sentido, Gelatt advierte que los procedentes de Asia pueden contar con alguna ventaja sobre los latinoamericanos.
«Los inmigrantes asiáticos tienen más probabilidades de haber llegado a Estados Unidos con una visa y haberse quedado más tiempo del permitido, por lo que tienen una oportunidad mayor de poder conseguir un permiso de residencia permanente (greencard) si se casan con un estadounidense», señala.
«En cambio, los mexicanos y latinoamericanos que entraron cruzando la frontera terrestre sin tener visa no pueden conseguir esa autorización ni siquiera de esa manera», advierte.
En cualquier caso, es probable que haya que esperar hasta que la situación de los dreamers quede definitivamente zanjada por los tribunales o el Congreso para valorar plenamente si acertaron o se equivocaron al inscribirse en ese programa.
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