Apenas medio centenar de estudiantes se manifestaron este miércoles en contra de la actuación del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, quien ordenó el pasado domingo el ingreso de militares al Congreso.
Los estudiantes de la estatal Universidad de El Salvador (UES), quienes convocaron a la marcha, únicamente lograron reunir a unas cincuenta personas, quienes bloquearon el tráfico, gritaron consignas y colocaron pancartas con mensajes contra la «militarización» del órgano Legislativo registrada el pasado domingo, reseñó EFE.
Los asistentes, que se identificaron como estudiantes de diferentes áreas de la UES, no fueron acompañados por las autoridades de la única universidad estatal de El Salvador.
Esta convocatoria contrasta con otras manifestaciones encabezadas por miembros de este centro de estudios superiores, como la marcha del 5 de julio de 2018 en la que miles de estudiantes y sindicalistas marcharon por las calles de San Salvador para rechazar un supuesto intento de privatizar el agua en el Parlamento.
También se vio superada por la concentración de simpatizantes del presidente salvadoreño del domingo frente al Congreso antes del ingreso de Bukele al recinto legislativo.
Rechazan acciones militares
Marisela Ramírez, de la Fuerza Estudiantil Salvadoreña «Doctor Jorge Arias Gómez» (FES), dijo a periodistas que se reunieron para «condenar los hechos del día domingo».
A juicio de la estudiante de una maestría de Derechos Humanos, con el uso de los militares para ingresar a la sede del Congreso se está «irrespetando la Constitución y la independencia de los poderes del Estado».
Ramírez llamó a otras organizaciones a sumarse al rechazo contra las acciones militares y manifestó su preocupación de que el mandatario pueda utilizar a los cuerpos de seguridad contra posibles manifestaciones de ciudadanos.
«Cuando salgamos a exigir, por ejemplo, las promesas que no ha cumplido para la Universidad de El Salvador nos va a tirar a los militares», expresó la joven.
Los estudiantes, que mantuvieron cerrada la calle de la entrada principal de la UES por unas dos horas, gritaron consignas como «frente a la militarización, resistencia popular» y se acompañaron de música.
Esta es la segunda concentración en las calles que se registra desde el domingo pasado, la primera se dio la noche del lunes en la Plaza al Divino Salvador del Mundo de San Salvador y contó con la asistencia de más de 100 personas, principalmente de organizaciones feministas.
Sindicatos guarden silencio
Los principales sindicatos salvadoreños, como el de empleados de la industria eléctrica, no han convocado a manifestaciones en las calles durante esta semana.
En los últimos años, los sindicalistas se han tomado las calles de la capital salvadoreña para manifestarse a favor de una ley general de aguas que reconozca el acceso a este líquido como un derecho humano y contra el sistema privado de pensiones.
Una de las mayores respuestas, por el número de organizaciones involucradas, a la irrupción militar del Congreso la dieron los activistas de derechos humanos y gremios empresariales este martes.
Una treintena de organizaciones llamaron a la «cordura» a los tres poderes del Estado para encontrar una salida a la crisis política.
De igual forma, analizaron las posibles consecuencias de las acciones del mandatario, como un «retroceso» de cara a los Acuerdos de Paz de 1992, que pusieron fin a 12 años de guerra civil, y el daño a la imagen del país ante los inversionistas internacionales.
Congreso acude a diplomáticos
Los miembros de la Junta Directiva de la Asamblea Legislativa se reunieron este miércoles con representantes del cuerpo diplomático en El Salvador para mostrarles grabaciones de lo registrado el domingo en la sede parlamentaria, según lo informó el diputado opositor Ernesto Vargas.
«Se han colocado videos en los cuales se les hace ver los hechos que sucedieron, la invasión de personas fuertemente armadas al recinto legislativo», manifestó a periodistas Vargas, general retirado y diputado por la Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha).
Añadió que con la presentación de los videos pretenden que los embajadores «vean los hechos, no que se los contemos, y que ellos comuniquen a sus correspondientes países de la manera que ellos estimen conveniente».
El país centroamericano aguarda a que los jueces de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia resuelvan una demanda de inconstitucionalidad relacionada con los hechos del fin de semana.
Los juzgadores, en una resolución de admisión de la demanda emitida el lunes, prohibieron a Bukele utilizar al Ejército para «actividades contrarias a los fines constitucionales establecidos».
El Gobierno manifestó mediante un comunicado de prensa que no comparte la decisión judicial, pero que acatará las medidas cautelares.
La tensión entre los órganos Ejecutivo y Legislativo se dio tras la negativa de los diputados de aprobar un préstamo de 103 millones de dólares para un plan de «control territorial», al que Bukele atribuye una baja en los asesinatos en 2019.
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