Clemente Gutiérrez solicitó asilo político al llegar a Miami, pero un juez determinó que el venezolano no reunía los requisitos y ordenó su deportación, medida que fue ejecutada al ser enviado a Bogotá, donde aseguró que una aerolínea lo quería obligar a comprar un boleto a Venezuela sin que Colombia hubiera procesado su caso.
La situación de Gutiérrez generó preocupación a la Asociación Multicultural de Activistas Voz y Expresión (Amavex), con sede en Miami, que denunció lo que llamó un “nuevo modus operandi” que aseguró consiste en deportar a los venezolanos a terceros países y allí obligarlos a comprar pasajes para Venezuela.
Helene Villalonga, presidenta de Amavex, dijo que según cifras extraoficiales las autoridades estadounidenses han deportados a 300 venezolanos a nivel nacional en lo que va de año y agregó que desde 2017 no han suministrado los datos oficiales.
“Estamos ante un nuevo ‘modus operandi’ en el proceso de inmigración en el que los agentes de aerolíneas están cumpliendo funciones de inmigración”, dijo la activista de derechos humanos.
Gutiérrez, mediante un Face Live la semana pasada, contó llorando que al ser deportado a Bogotá, el último puerto de donde embarcó hacia EEUU ya que no hay vuelos directos entre este país y Venezuela, la aerolínea en la que viajó quería obligarlo a comprar un pasaje a su país
“Me tienen humillado, incomunicado prácticamente. Me quieren obligar a irme a Venezuela (…) a las 6 de la tarde, si no acepto comprar un boleto, a pesar de que tengo miedo ir a Venezuela, no puedo ir allá”, denunció el venezolano de 41 años y quien según su abogado sufrió persecución de la policía en su país al participar en protestas contra el régimen de Nicolás Maduro.
Villalonga dijo que el venezolano incluso tenía expirado el boleto de regreso y un agente de Inmigración pidió activarlo para poder subir a Gutiérrez en el vuelo con destino a Bogotá.
“La aerolínea estaba cumpliendo acciones de Inmigración”, denunció también.
Gutiérrez logró obtener un permiso temporal de 90 días en Colombia, periodo que le permitiría regularizar su estadía en el país latinoamericano.
Su abogado, Felipe Montoya, dijo que esta situación “nos genera preocupación” porque al inicio las autoridades de Colombia no tenían conocimiento de que Gutiérrez estaba en su puerto de entrada, “creándose así una oportunidad” para que una trabajadora de una aerolínea “presionara a este individuo”.
“Bloqueándolo de poder presentar una petición de asilo en Colombia o solicitar algún tipo de protección humanitaria. El hecho de que EEUU no haya tenido el poder de proteger a Clemente no quiere decir que no corra peligro en Venezuela”, enfatizó Montoya.
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Ante este panorama, Villalonga pidió a la administración del presidente Donald Trump que suspenda las deportaciones de los venezolanos detenidos en centros de Inmigración que no hayan cometido delitos y que les conceda la Salida Obligatoria Diferida (DED, por sus siglas en inglés).
“Presidente Trump, le pedimos la aplicación de una Acción Diferida que proteja a los venezolanos que se encuentran hoy con órdenes de deportación. Esto sería lo que pondría corrección [a la situación]“, expresó.
La DED no es un estatus de inmigración específico y las personas amparadas con este recurso no están sujetas a remoción de Estados Unidos por un periodo determinado, de acuedo con USCIS.
Otra de las denuncias de Amevex y de Montoya fue el monto de la fianza que ellos afirman se les está asignando a los venezolanos para salir de los centros de detención con régimen de presentación y que oscila entre $25,000 a $40,000.
“La fianza más alta impuesta en Krome (centro de Inmigración en Miami-Dade) es de $5,000. ¿Por qué los venezolanos tienen que pagar fianzas tan elevadas cuando no tienen ni siquiera recursos para comprar?”, dijo la activista.
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