La dictadura sandinista persigue a los médicos que han atendido a opositores o manifestantes y los cita ante la justicia. Grupos derechos humanos piden que dejen hacer su labor a los trabajadores de la salud.
Por infobae.com
El médico nicaragüense José Luis Borgen acusó el martes al régimen de Daniel Ortega de “intimidar” a miembros del gremio de salud que han cuestionado el manejo de la pandemia mediante citatorios ante la Fiscalía.
Borgen fue llamado a declarar durante la jornada ante el Ministerio Público días después de que la vicepresidenta y primera dama, Rosario Murillo, cuestionara a quienes llamó “falsos médicos”, que han dado “falsos pronósticos y falsas encuestas” sobre la pandemia.
“Pensamos que esta es una labor de intimidación, igual que se está haciendo con los periodistas”, dijo el urólogo. “Ya se había anunciado por parte de personeros del gobierno que ahora les toca a los médicos”, añadió en alusión a los más de 30 comunicadores citados a declarar por la Fiscalía desde el mes pasado.
Borgen fue despedido de un hospital público capitalino en agosto de 2018 tras haber atendido a estudiantes heridos durante las protestas que estallaron en abril de ese año, desacatando así una supuesta orden del Ministerio de Salud (Minsa) de rechazar a los manifestantes lesionados. Varios especialistas que fueron cesados de hospitales públicos por ese motivo se organizaron en la Unidad Médica Nicaragüense (UNM), que desde 2020 habilitó una línea de atención gratuita a pacientes de COVID-19 al margen del gobierno.
Desde entonces, Borgen y otros de sus colegas han denunciado “asedio y acoso” de la policía frente a sus residencias y en la sede de la UNM, que cerró su local el 23 de junio debido a amenazas, según anunciaron sus directivos.
“Es preocupante que empiecen a citar a los médicos. Puede que siga eso. Los médicos sólo hacemos nuestro trabajo en la defensa de los derechos de los ciudadanos”, afirmó.
Borgen dijo que durante el interrogatorio en la Fiscalía lo “cuestionaron” por haber atendido a la aspirante presidencial opositora María Asunción Moreno, el pasado 10 de julio. Moreno, una abogada de 50 años, anunció el viernes pasado su interés de postularse a la presidencia por la alianza Ciudadanos por la Libertad (CxL) y 24 horas después recibió un citatorio de la Fiscalía para presentarse a declarar el lunes, lo cual no cumplió. Esta mañana, su vivienda fue allanada por la policía, pero ella no se encontraba.
El incidente con Moreno ocurre tras el arresto de 26 opositores, entre ellos seis aspirantes a la presidencia para los comicios generales del 7 de noviembre. Los detenidos intentaban disputar el poder a Ortega, quien aspira a su tercera reelección para un cuarto mandato consecutivo.
Mientras, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) formuló un “urgente llamado a restaurar las libertades en Nicaragua” y exhortó a los organismos internacionales a “actuar con celeridad, ante el rápido avance de la escalada represiva y la persecución a la prensa y a líderes opositores”. Así lo señala un informe preliminar emitido tras una visita virtual al país, en la que entrevistaron a periodistas, dueños de medios de comunicación, académicos, dirigentes opositores, representantes de la sociedad civil y de la Iglesia Católica.
Según la SIP, en Nicaragua se está “cerrando el cerco sobre el periodismo libre”, a partir del “éxodo de personal y directivos de los medios, sumado a las dificultades para acceder a insumos esenciales, las presiones a anunciantes, los retenes policiales frente a redacciones o domicilios de periodistas, las estigmatizaciones y amenazas cotidianas para generar autocensura”, entre otros.
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