Autoridades estadounidenses monitorean la cooperación entre el régimen de Nicolás Maduro y grupos criminales internacionales para mantenerse en el poder. Los terroristas intervienen en todas las líneas de financiamiento ilegal que sostienen a Maduro.
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Un informe sobre actividades terroristas en el año 2019, elaborado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos, estableció que el régimen chavista mantiene su control en el país con el apoyo de organizaciones terroristas las cuales han expandido su radio de acción y el rango de sus actividades en el territorio venezolano.
Grupos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC-D) y el Ejército de Liberación Nacional (ELN) tuvieron una acentuada actividad en el país. Como si fuera poco, también se identificó la actividad de simpatizantes de la milicia pro iraní Hezbolá en Venezuela.
Las FARC-D, el ELN y los grupos paramilitares venezolanos actúan de forma conjunta y facilitan la corrupción a través de esquemas que incluyen a miembros de las fuerzas armadas venezolanas al servicio de Maduro.
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Amplio control terrorista
Los negocios de control de tránsito en carreteras y fronteras, distribución de alimentos subsidiados, reclutamiento y desplazamiento forzoso de poblaciones indígenas vulnerables así como los tráficos ilegales de droga y oro se hacen de manera coordinada entre las FARC-D y el ELN. Sobre esta última agrupación terrorista se han levantado informes en medios que ubican sus actividades en la mitad de los estados venezolanos.
EL ELN ha expandido su radio de acción controlando todo el sur de Venezuela al tener una fuerte presencia en los estados Apure, Amazonas y Bolívar. Pero también ha instalado bastiones para sus actividades ilícitas en los estados Anzoátegui, Táchira, Bolívar y Zulia.
La actividad del ELN abarca la distribución de alimentos subsidiados por el régimen, el contrabando (gas, productos básicos, carne), la extorsión, la minería ilegal. La agrupación terrorista también controlas estaciones de radio desde donde emiten propaganda de reclutamiento.
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El Departamento de Estado reconoció la voluntad de combatir el terrorismo por parte del gobierno interino, presidido por Juan Guaidó, y de la Asamblea Nacional, que designó oficialmente a las FARC-D, ELN, Hamas, Hezbolá e ISIS como organizaciones terroristas.
Guaidó, se reporta en el informe, advirtió que Maduro ha perdido el control de las fronteras y el territorio de Venezuela, corriendo el riesgo de convertir a Venezuela en un «Estado fallido». El gobierno interino también ha establecido lazos de cooperación antiterrorista con el gobierno de Colombia.
Pasividad ante el terrorismo
El régimen de Maduro, señalan las autoridades estadounidenses, no ha tenido voluntad política para abordar el problema del terrorismo en Venezuela. Al contrario, su gestión solo ha servido como un estimulante de las actividades ilegales en el país.
«La usurpación del régimen del sistema judicial, los servicios militares y, de seguridad para sus propios fines ilícitos, la corrupción pública desenfrenada y la cooperación con elementos criminales proporcionaron condiciones ideales para la actividad ilegal», se lee en el informe.
Al contrario, el régimen usa regularmente cargos de terrorismo para perseguir a la oposición política y reprimir la disidencia. Ha acusado sin evidencia o debido proceso al jefe de Gabinete de Guaidó y a varios diputados de AN de «terrorismo».
Mientras tanto, durante 2019 los incidentes terroristas en Venezuela fueron un reflejo de la creciente presencia y control territorial del ELN. Se incrementaron las confrontaciones entre el ELN, otros grupos armados ilegales colombianos y venezolanos y las fuerzas gubernamentales venezolanas.
¿Pasaportes para terroristas?
La corrupción sistemática aflige a toda la administración pública, incluso la actividad de emisión de pasaportes venezolanos y documentos de identificación. En diciembre de 2019, Estados Unidos sancionó a los directores Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) venezolano por actividades como la venta de pasaportes de la agencia por miles de dólares, incluso a ciudadanos no venezolanos.
De la misma manera la seguridad fronteriza y los controles en los puntos de entrada al país son vulnerables y susceptibles a la corrupción. En esos puntos no se hace identificación biométrica de las personas. y no existe un sistema automatizado para recopilar registros API o PNR, para identificación anticipada de pasajeros en vuelos comerciales o para verificar los manifiestos de vuelo con datos de desembarque de pasajeros.
El Departamento de Estado sostiene que son casi inexistentes las actividades de Venezuela para contrarrestar el financiamiento al terrorismo y el extremismo violento.
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