Bertha Ramírez Torres, de nacionalidad venezolana, es acusada por la Fiscalía de Colombia de liderar una red dedicada a la prostitución de menores de edad y trata de personas en Cartagena, al norte de Colombia.
La venezolana junto a Daniela Echeverry Gómez, patrullera de la Policía Nacional, fueron enviadas a la cárcel por explotar mujeres colombianas y venezolanas, incluida la hija de Bertha.
Según las pruebas que reveló la Fiscalía, se pudo establecer que la patrullera Daniela Echeverry Gómez habría captado a integrantes de su misma institución para que ejercieran actividades de tipo sexual y el dinero que recibía por la explotación sexual se lo repartía con Bertha Ramírez Torres.
El operativo que desplegó la Fiscalía de Colombia para ir tras estas mujeres incluyó agentes encubiertos, líneas interceptadas, declaraciones de las víctimas, registros de cámaras del sector que demostrarían que estas dos mujeres, al parecer, captaban jóvenes en condición de vulnerabilidad y las inducían a ofrecer servicios sexuales.
Según el ente acusador, Bertha Ramírez Torres utilizaba como fachada la venta de paquetes turísticos y masajes y les entregaba a los turistas nacionales y extranjeros un catálogo de mujeres que eran contactadas por ella para que prestaran los servicios sexuales solicitados, obteniendo una comisión por cada víctima, que ascendía a 200.000 pesos (42 US$).
Dentro de la investigación pudieron encontrar a varias jóvenes y fueron recuperadas tres víctimas, una de ellas era la hija de Berta, quien habría sido explotada sexual y comercialmente junto con dos jóvenes venezolanas.
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