El clérigo ultraconservador Ebrahim Raisí, próximo presidente de Irán tras lograr una aplastante victoria en las elecciones, tiene una extensa y controvertida carrera en la judicatura y está bajo sanciones de Estados Unidos.
Con su turbante negro, su barba y su rostro serio, el clérigo se hizo con un 61,96 % de los votos en las presidenciales de la víspera al no contar con rivales de altura, y tomará posesión en el mes de agosto para un mandato de cuatro años.
Durante la campaña electoral ha intentado suavizar su imagen, consciente del temor que despierta en los sectores de la población más liberales, y se ha presentado como «un candidato de consenso» que, al margen de tendencias políticas, va a «servir a todo el pueblo».
Siempre ha ostentado altos cargos en el sistema de la República Islámica, en su mayoría de supervisión del correcto cumplimiento de las estrictas normativas del país, y es una de las figuras con más posibilidades de suceder al líder supremo, Alí Jameneí.
El líder le designó en 2019 en su actual cargo, jefe del Poder Judicial, y con anterioridad, en 2016, como custodio de la importante fundación Astan Quds Razavi del mausoleo del imán Reza de Mashad, que gestiona un gran patrimonio.
Este era el segundo asalto a la Presidencia de Raisí. Presentó su candidatura en 2017 y consiguió un 38 % de los votos, por detrás del actual mandatario, el clérigo moderado Hasan Rohaní.
Para la cita de ayer con las urnas, desplegó una campaña con el lema «Una administración popular, un Irán fuerte» y prometió luchar contra la corrupción y la pobreza, crear empleo y contener la inflación.
Nació el 14 de diciembre del año 1960 en Noghan, un distrito de la ciudad santa de Mashad, en una familia religiosa descendiente del imán chií Husein y, por tanto, del profeta Mahoma, de ahí su turbante negro.
Siguiendo la estela de su padre y su abuelo materno, que también eran clérigos, estudió hasta los 15 años en escuelas religiosas de Mashad y, después, se trasladó a la ciudad santa y ultraconservadora de Qom para continuar su formación.
Fue alumno del líder supremo en uno de los seminarios chííes de Qom y amplió más tarde sus estudios con un máster postgrado en Derecho Privado y con un doctorado en Jurisprudencia y Derecho Privado.
Con esa formación, entró en el mundo de la judicatura en la década de los 80. Primero fue fiscal de la ciudad de Karaj y, posteriormente, en la provincia de Hamedan, hasta que en el año 1985 dio el salto a la capital al ser nombrado sustituto del fiscal de Teherán.
De esa época data uno de los puntos más oscuros de su carrera. Formó parte del comité que supervisó las ejecuciones de presos políticos de 1988, que acabaron con la vida de miles de miembros de la Organización Muyahidín del Pueblo y de partidos izquierdistas.
Su meteórica carrera le llevó luego a ser fiscal de Teherán, jefe de la Organización General de Inspección durante diez años, primer adjunto del Poder Judicial entre 2004 y 2014 y fiscal general del país por un año.
Sus puestos de custodio de la fundación del mausoleo del imán Reza, jefe del Poder Judicial y, en breve, presidente allanan su eventual trayectoria hacia el cargo de líder supremo, la máxima autoridad espiritual y política de Irán.
El clérigo ha sido asimismo en el pasado responsable de la organización encargada de supervisar el cumplimiento por la población de los principios islámicos y jefe del consejo de control de la televisión.
Este tipo de cargos hacen temer un aumento de las restricciones a las libertades personales y la censura en el ámbito cultural en Irán con Raisí, cuyo yerno es el clérigo ultraconservador Ahmad Alamolhoda, quien prohibió los conciertos en Mashad alegando que no era lugar para la «orgía» ni para escuchar música en directo.
También se muestra receloso con Occidente y, en especial con Estados Unidos, país que lo incluyó en su lista de sancionados en noviembre de 2019 junto a otras ocho personalidades iraníes, entre ellas, el segundo hijo del líder supremo, Mojtaba Jameneí, y el jefe del Estado Mayor, Mohamad Baqerí.
El entonces secretario del Tesoro estadounidense, Steven Mnuchin, subrayó que con esta medida se golpeaba a «los funcionarios no elegidos popularmente que rodean al líder supremo de Irán e implementan sus políticas desestabilizadoras». EFE
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