La decisión del nuevo Gobierno ecuatoriano de permitir el reinicio de clases presenciales en 1.300 colegios, a partir de este lunes, ha abierto un agrio debate sobre si los colegios, profesores e incluso escolares están preparados cuando no existe aún un plan de vacunación consolidado.
Para muchos padres y docentes, todo responde a presiones de organismos nacionales e internacionales, e incluso de padres que necesitan trabajar, pero se preguntan sobre las posibles consecuencias de «un regreso apresurado».
«Podemos decir que sí estamos preparados, pero realmente no lo estamos», asevera a Efe la docente Grace Bermeo, que tiene toda una batería de dudas sobre el proceso y sus consecuencias, entre ellas la de cómo afectaría a los menores el convertirse en vectores de un fatídico contagio de sus hermanos, padres o abuelos.
¿UNA DECISIÓN APRESURADA?
De las 16.200 escuelas de todo el país, podrán reabrir de forma «voluntaria», «segura» y «progresiva» 1.102 en zonas rurales y 199 en urbanas.
El presidente Guillermo Lasso, que llegó al poder hace dos semanas, aseguró que su objetivo es «lograr, en el menor tiempo posible, la normalidad» en la sociedad ecuatoriana, pero docentes y padres se preguntan por qué tanta premura cuando las clases concluyen a fin de mes en una mitad del país.
Ecuador tiene dos regímenes escolares: el de la Sierra, que se extiende de septiembre a junio, y el de la Costa de mayo a febrero.
Ecuador suspendió la presencialidad en marzo de 2020 con los primeros casos de coronavirus, que en el país ha contagiado a más de 431.000 personas y matado a casi 20.800.
Desde entonces, ha habido clases virtuales y una par de tímidos intentos por retomar las presenciales, que han sucumbido a las distintas olas de contagio.
Ante la nueva decisión, los padres no ven aún un plan que haga frente a preguntas como: ¿Qué pasará en casos de contagio? ¿Cómo se mantendrá la higiene pública? ¿Cómo se garantizarán trasladados? o, incluso, ¿Cómo podrá un profesor dar clases frontales y virtuales a la vez?.
PRESIONES INTERNACIONALES
Sólo ven presiones por parte de organismos nacionales e internacionales, que denuncian que el precio es altísimo, sobre todo en los sectores empobrecidos.
«Hacemos un llamado urgente para proteger el presente y futuro de la niñez», dijo a Efe el representante de Unicef en Ecuador, Joaquín González, con ocasión de la celebración el martes del Día nacional del Niño.
Según datos de esa organización, el cierre de las escuelas por la pandemia afecta en Ecuador a «4,4 millones de estudiantes», mientras que al menos «90.000 abandonaron el sistema educativo en 2020».
«La educación en línea nunca puede sustituir a la educación presencial, lo que pedimos son al menos dos ó tres días a la semana, y dos a tres horas al día» de clases, subrayó.
El daño para los menores, coincide la organización World Vision, es transversal: psicológico y educativo, pero también nutricional y sanitario, pues las escuelas rurales sirven para la prestación de derechos básicos.
«El 39 % de los hogares que antes de la pandemia recibía alimentación escolar, actualmente no accede a ella», denunció la ONG en un informe en el que también menciona que el 80-90 % de los menores en hogares de bajos recursos ven clases por el celular.
PREOCUPACIÓN DE PADRES
Pero ni estos alarmantes datos parecen convencer a los padres de zonas urbanas, cuyos hijos están más expuestos.
«Deberíamos verificar si el Ministerio realizó algún análisis sobre qué establecimientos están capacitados para recibir a alumnos», plantea a Efe Diego Ron, que ve con recelo una reapertura cuando la curva de contagios no para de crecer en su provincia de Pichincha (Quito).
Y exige que le den explicaciones sobre cómo pretende garantizar el Ministerio que los niños no se quiten las mascarillas, haya alcohol en las escuelas, desinfección y un transporte en el que «no estén un niño encima del otro».
Más aun, que les digan quién cubrirá los gastos de material sanitario porque los que «tenemos 2 o 3 hijos, si nos ponemos a sumar, es bastante».
Menos tajante, Ximena Fernández ve con buenos ojos una reincorporación de su hija de 15 años, pero no la de 6 porque «no tiene claro aún que hay que respetar el distanciamiento o lavarse las manos».
Prefiere por ello que esperen unos meses a que se administren «el 70%» de las vacunas previstas, indica sobre la promesa electoral de Lasso de inmunizar a 9 millones hasta el 31 de agosto.
Ecuador ha administrado hasta ahora alrededor de 2,5 millones de dosis, pero la disponibilidad en el mercado no hace previsible que llegue a su objetivo hasta el 1 de septiembre.
EFE
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