El líder opositor, Edmundo González Urrutia, envió una carta a la presidenta de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Nancy López, donde pidió que se actúa ante los crímenes de DDHH en Venezuela.
«La jurisdicción obligatoria de la Corte es un pilar fundamental para la actual lucha contra la impunidad. Es por ello, que me dirijo a ustedes a fin de solicitarles respetuosamente que evalúen la posibilidad de cooperar con otros sistemas de justicia nacional e internacional, ya que sus sentencias y hallazgos son el sustento para los procesos de verdad, justicia y reparación.«, reza parte de la misiva.
«Como ustedes saben y ha sido debidamente documentado por los órganos y organismo internacionales de derechos humanos, Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos sin precedentes, marcada por patrones sistemáticos y generalizados de violencia, que incluso ha sido calificada como terrorismo de Estado», precisó.
«Según informes, entre otros, de la CIDH y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más de 2,000 personas han sido detenidas arbitrariamente en los últimos meses, y hay víctimas de graves casos de desaparición forzada y de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes», recordó González Urrutia.
«Quiero hacer referencia expresa a otros graves hechos recientes, como la desaparición forzada de mi yerno, Rafael Tudares; la del ex candidato presidencial Enrique Márquez; y la del defensor de derechos humanos, Carlos Correa, hasta la fecha no se conoce el paradero de los dos primeros».
El líder opositor reiteró que «El espacio cívico en Venezuela también ha sido severamente restringido. Las leyes represivas, como la Ley Simón Bolívar y la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, ambas ya en vigor, han sido diseñadas para criminalizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos».
«A pesar de todo lo anterior, el pueblo venezolano ha demostrado una valentía inquebrantable al enfrentar la maquinaria represiva del Estado, que busca perpetuar la opresión. Frente a ello, la mayoría de millones de venezolanos y venezolanas han ejercido su derecho humano al sufragio, se han movilizado y han levantado su voz por un futuro democrático», puntualizó.
A continuación la carta íntegra:
XX de enero de 2025
Honorable Presidenta
Dra. Nancy Hernández López, y demás jueces y juezas
Corte Interamericana de Derechos Humanos.-
Con el más alto respeto y en representación del pueblo venezolano, me dirijo a ustedes como Presidente Electo de la República Bolivariana de Venezuela en las elecciones del pasado 28 de julio de 2024. Este honor y esta responsabilidad histórica se da en el contexto de una lucha encabezada por María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas, la cual fue librada por millones de ciudadanos y ciudadanas que han demostrado un compromiso inquebrantable con la libertad y que han decidido enfrentar la represión y la injusticia en busca de un futuro democrático.
Como ustedes saben y ha sido debidamente documentado por los órganos y organismo internacionales de derechos humanos, Venezuela atraviesa una grave crisis de derechos humanos sin precedentes, marcada por patrones sistemáticos y generalizados de violencia, que incluso ha sido calificada como terrorismo de Estado. Este término ha sido utilizado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para describir la política de represión que el régimen venezolano ha implementado, mediante el uso de la violencia para infundir miedo en la población para lograr desmovilizar a la población y silenciar las demandas de cambio democrático.
La violencia en el período preelectoral y postelectoral del 2024 evidencia esta estrategia. Según informes, entre otros, de la CIDH y la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, más de 2,000 personas han sido detenidas arbitrariamente en los últimos meses, y hay víctimas de graves casos de desaparición forzada y de tortura, tratos crueles inhumanos o degradantes. Los detenidos son frecuentemente sometidos a interrogatorios violentos y condiciones de reclusión que vulneran todos los estándares internacionales. Estas detenciones arbitrarias han incluido a niños, niñas y adolescentes, defensores de derechos humanos, periodistas, líderes comunitarios y miembros de la oposición política. Además, 25 asesinatos fueron confirmados en las semanas posteriores a las elecciones, reflejando el uso sistemático y generalizado de la violencia letal.
De igual forma, el asedio y la persecución han escalado a niveles alarmantes. Durante la manifestación del 9 de enero de este año convocada en Venezuela en apoyo al respeto de los resultados electorales, María Corina Machado, líder de las fuerzas democráticas, fue interceptada y secuestrada por funcionarios de seguridad del régimen. Tras ser trasladada violentamente y retenida, fue dejada libre horas después. Asimismo, cinco miembros de mi comando de campaña (Magalli Meda, Claudia Macero, Pedro Urruchurtu, Omar González y Humberto Villalobos) siguen asilados desde hace más de 300 días en la embajada de Argentina en Venezuela sin que el régimen les emita el salvoconducto, bajo el asedio policial de dicha sede diplomática, sin servicio eléctrico y sin que se permita ingreso de agua potable.
Quiero hacer referencia expresa a otros graves hechos recientes, como la desaparición forzada de mi yerno, Rafael Tudares; la del ex candidato presidencial Enrique Márquez; y la del defensor de derechos humanos, Carlos Correa, hasta la fecha no se conoce el paradero de los dos primeros. Correa fue excarcelado la mañana del día de jueves, 16 de enero. Estas violaciones graves a los derechos humanos constituyen una muestra del patrón sistemático de los delitos de lesa humanidad que viene investigando la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
El espacio cívico en Venezuela también ha sido severamente restringido. Las leyes represivas, como la Ley Simón Bolívar y la Ley de fiscalización, regularización, actuación y financiamiento de las organizaciones no gubernamentales y organizaciones sociales sin fines de lucro, ambas ya en vigor, han sido diseñadas para criminalizar la labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los defensores de derechos humanos. La persecución selectiva, las amenazas y el hostigamiento son constantes, lo que genera un clima de miedo y paraliza la capacidad de la sociedad civil para actuar. Además, se han implementado mecanismos de censura, como el bloqueo de sitios web y aplicaciones, para restringir el acceso a información.
A todo lo expuesto se suma el impacto de la emergencia humanitaria compleja que se extiende más allá de nuestras fronteras. Más de 7 millones de venezolanos se han visto forzados a huir del país, buscando refugio en otras naciones de la región. Esta migración masiva ha generado tensiones y ha puesto a prueba la capacidad de respuesta de los países vecinos que han tomado el rol de países de acogida.
A pesar de todo lo anterior, el pueblo venezolano ha demostrado una valentía inquebrantable al enfrentar la maquinaria represiva del Estado, que busca perpetuar la opresión. Frente a ello, la mayoría de millones de venezolanos y venezolanas han ejercido su derecho humano al sufragio, se han movilizado y han levantado su voz por un futuro democrático.
Esa lucha no puede librarse en solitario. La gravedad de la situación de Venezuela, ha exigido la acción solidaria de la comunidad internacional democrática, incluidos los mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos. Ello ha sido fundamental para la documentación de las atrocidades cometidas en Venezuela, mediante la emisión de informes, comunicados y decisiones, y en la adopción de medidas para proteger a las víctimas y de sentencias de reparación integral a los daños causados. Desafortunadamente el régimen actual de Venezuela ha desacatado abiertamente las decisiones de esos órganos internacionales, incluidas las de esta honorable Corte.
La jurisdicción obligatoria de la Corte Interamericana es un pilar fundamental para la actual lucha contra la impunidad de esas graves violaciones a los derechos humanos en Venezuela. Es por ello, que me dirijo a ustedes a fin de solicitarles respetuosamente que evalúen la posibilidad de cooperar con otros sistemas de justicia nacional e internacional, ya que sus sentencias y hallazgos son el sustento para los procesos de verdad, justicia y reparación.
Honorables juezas y jueces,
Termino esta carta, reiterándoles mi compromiso con los órganos de protección de derechos humanos del sistema interamericano. El próximo retorno a la democracia en Venezuela debe ir acompañado del retorno pleno de Venezuela a la Organización de Estados Americanos (OEA), la cooperación activa con la CIDH y la Corte IDH, y el respeto de las obligaciones internacionales del Estado asumidas en la Convención Americana de Derechos Humanos, incluido el cumplimiento de las sentencias de dicho alto Tribunal hemisférico.
Con profundo respeto,
Edmundo González Urrutia
Presidente Electo de la República Bolivariana de Venezuela
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