La agente de la División de Operaciones Especiales de la DEA, Wendy Woolcock, y la Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York, Geoffrey S. Berman, anunciaron hoy que Juan Carlos Bonilla Valladares, también conocido como «El Tigre», fue acusado en la corte federal de Manhattan de conspirar. importar cocaína a los Estados Unidos y delitos relacionados con armas que involucren el uso y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.
«Juan Carlos Bonilla Valladares supuestamente usó su posición de alto rango para influir en aquellos que trabajan para él y proteger violentamente a los narcotraficantes políticamente conectados que contrabandearían cocaína con destino a los Estados Unidos», dijo el agente especial a cargo Woolcock. “Como se alega, esta fue una violación flagrante y horrible del juramento de Bonilla Valladares para proteger a los ciudadanos de Honduras. La presentación de estos cargos es otra acción positiva tomada por los Estados Unidos para llevar a los funcionarios corruptos ante la justiciar”.
“Juan Carlos Bonilla Valladares, el ex jefe de la Policía Nacional de Honduras, presuntamente abusó de sus cargos en las fuerzas del orden hondureñas para ignorar la ley y desempeñar un papel clave en una violenta conspiración internacional de tráfico de drogas”, dijo el fiscal federal Berman. “Como se alega, en nombre del ex congresista hondureño convicto Tony Hernández y su hermano el presidente, Bonilla Valladares supervisó el transbordo de cargas de cocaína de varias toneladas con destino a los Estados Unidos, usó ametralladoras y otras armas para lograr eso, y participó en violencia extrema , incluido el asesinato de un traficante rival, para promover la conspiración. Ahora Bonilla Valladares ha sido marcado como un forajido y acusado de crímenes que podrían enviarlo a una prisión de Estados Unidos de por vida”.
Según las acusaciones contenidas en la denuncia que acusa a Bonilla Valladares, la evidencia presentada en el juicio de octubre de 2019 de Juan Antonio Hernández Alvarado en el Distrito Sur de Nueva York, y las declaraciones en audiencia pública durante el enjuiciamiento de Hernández Alvarado:
Entre aproximadamente 2003 y 2020, varias organizaciones de narcotráfico en Honduras y en otros lugares trabajaron juntas y con el apoyo de ciertos individuos públicos y privados prominentes, incluidos políticos hondureños y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, para recibir cargas de cocaína de varias toneladas enviadas a Honduras desde, entre otros lugares, Colombia y Venezuela a través de rutas aéreas y marítimas, y para transportar las drogas hacia el oeste en Honduras hacia la frontera con Guatemala y eventualmente a los Estados Unidos.
Para protegerse de la interferencia de las fuerzas del orden público y para facilitar el paso seguro a través de Honduras de cargas de cocaína de varias toneladas, los narcotraficantes pagaron sobornos a funcionarios públicos, incluidos ciertos presidentes, miembros del Congreso Nacional de Honduras y personal de Honduras. Policía Nacional, incluida Bonilla Valladares. Después de un juicio en octubre de 2019 en el Distrito Sur de Nueva York, el ex congresista hondureño Juan Antonio Hernández Alvarado fue condenado por cargos de tráfico de drogas, armas y declaraciones falsas relacionadas con su papel en la conspiración descrita en los cargos contra Bonilla Valladares. Hernández Alvarado está programado para ser sentenciado por el juez federal de distrito P. Kevin Castel el 29 de junio de 2020.
La denuncia acusa a Bonilla Valladares, de 60 años, de conspirar para importar cocaína a los Estados Unidos; usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para fomentar la conspiración de importación de cocaína; y conspirar para usar y transportar ametralladoras y dispositivos destructivos durante y en relación con, y poseer ametralladoras y dispositivos destructivos para promover la conspiración de importación de cocaína. Si es declarado culpable, Bonilla Valladares enfrenta una sentencia mínima obligatoria de 10 años en prisión y un término máximo de vida en prisión en el cargo número uno, una sentencia mínima obligatoria de 30 años en prisión y un término máximo de vida en prisión en el cargo número dos, y un plazo máximo de vida en prisión en el recuento tres.
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