Mientras en el último año Nicaragua ha completado los pasos para consolidarse como una dictadura, Estados Unidos ha premiado al régimen con un récord de importaciones, a pesar de asegurar que estudiaba maneras para no ser la tabla de salvación comercial del sandinismo.
Nicaragua depende absolutamente del comercio con Estados Unidos, al que vende alrededor del 60% de sus exportaciones, más que ningún otro país centroamericano en términos relativos y el único de ellos que mantiene superávit en ese intercambio con la potencia norteamericana. Sin embargo, a pesar de las frecuentes amenazas desde Washington de castigar al régimen de Ortega con una reducción de ese comercio, la realidad es que este aumentó en un 21,9% en 2022; en los dos últimos años lo ha hecho en un 67,1%, según datos de la Oficina del Censo estadounidense. En 2022, el déficit de EE.UU. en sus transacciones con Nicaragua aumentó un 25,9%.
No es solo que la Administración Biden no ha aplicado sanciones efectivas sobre el régimen de Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, sino que sigue dando a Nicaragua un trato de favor comercial poco coherente con la presión que la Casa Blanca dice querer realizar sobre el Gobierno nicaragüense.
Cabe preguntarse si lo que busca Estados Unidos es mantener abiertos algunos puentes, propiciando gestos como el de la liberación la semana pasada de 222 presos políticos. También hay que tener en cuenta, por otro lado, que medidas como suspender a Nicaragua del tratado de libre comercio entre EE.UU. y Centroamérica (de no clara viabilidad procedimental), o incluso prohibir que las empresas estadounidenses realicen importaciones desde allí, extremos supuestamente barajados por Washington, en realidad podrían perjudicar más a la población, la segunda más pobre de América en PIB per cápita después de la de Haití.
Con todo, el cuidado con el que parece haber avanzado la Administración Biden no ha impedido que Ortega haya completado su viaje autoritario. La expulsión del país de las 222 personas liberadas y la expoliación de su nacionalidad y derechos civiles, así como la condena a 26 años del obispo Rolando Álvarez por haberse negado a sumarse al grupo de los deportados, marcan el establecimiento de la dictadura.
Sanciones
Estados Unidos ha aprobado dos leyes que sirven de marco para las sanciones al régimen nicaragüense: la ley NICA, de 2018, y la Renacer, de 2021 (la primera con ocasión de la fuerte represión de protestas masivas que ocasionó más de trescientos muertos; la segunda a raíz de la reelección fraudulenta de Ortega). Hasta la fecha, el Tesoro estadounidense ha sancionado a 47 individuos y 11 entidades, incluyendo a Murillo, los hijos de la pareja presidencial (que dirigen algunos de los negocios del país) y estrechos consejeros de Ortega, así como dirigentes de la Policía Nacional (el gran brazo ejecutor de la represión el régimen), de la Asamblea Nacional, de la Judicatura y del Frente Sandinista de Liberación Nacional. EE.UU. también ha impuesto restricción de visados a 270 individuos.
Se trata de sanciones en realidad poco efectivas en el caso de un régimen inmerso en una huida hacia adelante, cuyos dirigentes prefieren las prebendas de la dictadura a lo que las sanciones les quitan: poder entrar en Estados Unidos y disponer de los bienes que allí tengan (se supone que han tenido tiempo de mover sus intereses económicos a otros lugares). Ese tipo de sanciones tienen sentido, porque complican la vida de quienes, a resultas de la corrupción, emplazan sus fortunas en el gran mercado de Estados Unidos, además de que pueden cuartear la fidelidad del círculo de apoyo a Ortega-Murillo, pero no son decisivas en la suerte del régimen, como demuestra el caso de Venezuela.
Más allá de las sanciones individuales, es difícil que otras acciones más generales no acaben perjudicando a la población. El 67% de las remesas que llegan a Nicaragua proceden de Estados Unidos, algo que supone que aumentará tras el incremento del flujo de migrantes que hubo hacia allí a lo largo de 2022. Por otra parte, el 18% de los turistas que llegan a Nicaragua provienen de Estados Unidos. Pero actuar en esos dos ámbitos no suele ser propio de medidas de diplomacia coercitiva.
Por de pronto, Washington ya ha avanzado que va a empezar a aplicar sanciones a algunos sectores económicos, reduciendo en 2023 las facilidades que concede a la compra de azúcar nicaragüense y actuando contra el comercio de oro, el cual se vincula con intereses directos del régimen de Ortega-Murillo. Sin embargo, está por ver que eso vaya a deducir sustancialmente las importaciones que desde Nicaragua realiza Estados Unidos, que sobre todo son de ropa (algo competitivo por los bajos precios de una mano de obra que no requiere formación) y productos agrícolas y ganaderos.
