Estados Unidos aplica a partir de este martes una nueva regla para acelerar el trámite de asilos en la frontera con México, en medio de la oposición de los republicanos y las dudas crecientes de si el Gobierno de Joe Biden logrará garantizar el debido proceso a los solicitantes.
La medida permitirá que oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) consideren las solicitudes de asilo de ciertos solicitantes que ingresaron por la frontera sur del país, tarea que ha sido exclusiva de jueces migratorios.
Ana Ortega, estratega de abogacía para la protección de refugiados de Human Rights First, asegura a Efe que la regla tiene «cosas buenas y cosas malas».
Aplaude el hecho de que un oficial de asilo de USCIS sea el que realice la entrevista sobre miedo creíble a los solicitantes y establezca si el extranjero tiene un caso viable o no.
Pero la mayor preocupación es el poco tiempo que tendrá el solicitante para exponer por primera vez su caso, lo que puede afectar el derecho al debido proceso.
«Estos solicitantes de asilo van a ser entrevistados poco tiempo después de ser detenidos y creemos que no les va a dar tiempo para contactar y obtener una representación legal», advirtió Ortega.
A esto se suma que la mayoría desconoce el procedimiento y no tiene toda la información para exponer su caso.
CARRERA CONTRARRELOJ
El panorama tampoco es muy halagüeño para aquellos que logren pasar la primera entrevista. Ortega indica que estos emprenden una «carrera contrarreloj» para la que no están listos.
«Solo cuentan con 45 días para preparar los casos después que son puestos en libertad y deben presentar la entrevista final de asilo», explica.
Incluso la regla ha puesto a correr a estos oficiales de USCIS que tendrán tan solo 60 días para emitir una decisión. «La línea de tiempo es muy acelerada», insiste Ortega.
El Gobierno del demócrata Joe Biden ha defendido que la medida intenta descongestionar el atasco de estos procesos, tanto en USCIS como en las cortes de inmigración.
Las personas que reúnan los requisitos para el asilo recibirán protección «más rápidamente», expresó Alejandro Mayorkas, secretario de Seguridad Nacional.
Agregó que los que no reúnan los requisitos serán expulsados «rápidamente en lugar de permanecer en Estados Unidos durante años mientras sus casos están pendientes».
El plan tiene el propósito de reducir de cinco años a seis meses la respuesta oficial a sus casos.
RAPIDEZ PELIGROSA
Talia Inlender, subdirectora del Centro de Leyes y Políticas de Inmigración de la Facultad de Derecho de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA), dijo a Efe «que tiene miedo» sobre la aplicación de esta nueva regla porque están dando prioridad a la «rapidez y no a la justicia».
«Mi mayor preocupación es que pase lo mismo que con los expedientes acelerados», ahonda.
Inlender se refiere a un procedimiento instituido en agosto pasado para acelerar las audiencias de solicitantes de asilo recién llegados al país que tiene al borde de la deportación a casi todos los peticionarios (99,1 %) que ya completaron sus casos en Los Ángeles.
«La realidad es que los casos de asilo son complicados. Muchas de estas personas no van a estar preparadas», lamenta.
BAJO AMENAZA REPUBLICANA
Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), la implementación será gradual, comenzando esta semana con un pequeño número bajo custodia en dos centros de detención en Texas.
Por ahora estarán amparados con la norma aquellos que estén en procedimiento de deportación acelerada a partir de este miércoles.
Inicialmente, solo podrán hacer parte del nuevo programa los solicitantes que expresen a los funcionarios fronterizos de EE.UU. que planean vivir cerca de Boston, Los Ángeles, Miami, Nueva York, Newark o San Francisco.
Apenas comenzando, el programa ya está en riesgo después de que el fiscal general de Texas, Ken Paxton, entablara en abril pasado una demanda alegando que viola las leyes de Seguridad Nacional, de Inmigración y la Constitución.
Además, senadores republicanos tuvieron el jueves pasado un intento fallido de aprobar una resolución de rechazo a la regla aludiendo a la Ley de Revisión del Congreso (CRA), un mecanismo que permite echar abajo políticas federales del Ejecutivo.
Los solicitantes, que enfrentan además crecientes tasas de desaprobación por parte de los oficiales de USCIS, tampoco tendrán oportunidad, con la nueva medida, de tramitar un permiso de trabajo mientras definen su proceso con ese organismo, un obstáculo más para obtener ingresos y pagar una representación legal.
«Los mandan al fracaso», concluyó Ortega.
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