El comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, general Luis Fernando Navarro, aseguró en una entrevista con Efe que, en medio de la crisis social por las protestas de las últimas dos semanas que han dejado 42 muertos, no ve «tentaciones autoritarias» entre los soldados que defienden «el Estado social de derecho».
Jorge Gil Ángel / EFE
«Esas tentaciones autoritarias no existen, no están en nosotros. Nosotros somos unas fuerzas supremamente responsables que creemos en este Estado social de derecho. Es más, nosotros nos formamos en este Estado social de derecho y nos formamos para protegerlo», expresó el oficial, que recibió a Efe en su despacho en Bogotá.
El general Navarro expresó que «el orden constitucional» es una «regla de oro» que guía las actuaciones de la fuerza pública y con el que dicen velar por «el respeto por la ley, la Constitución, por las personas, por el ordenamiento jurídico».
«Nosotros seguiremos actuando dentro del marco de la ley, de las órdenes legítimas que recibimos», dijo el comandante de las Fuerzas Militares, quien agregó que «Colombia es responsable en el uso de la fuerza y prudente también en el uso de la fuerza».
La Defensoría del Pueblo ha recibido de diversas organizaciones reportes sobre 42 muertos durante las movilizaciones, muchos de ellos producto de la violencia en ciudades como Cali, Pereira e Ibagué y otros por los que se ha responsabilizado a la fuerza pública.
Además, organizaciones internacionales, incluida la ONU, han criticado al Estado colombiano por el uso desmedido de la fuerza por parte de la Policía para contener las protestas que comenzaron el 28 de abril.
ASISTENCIA MILITAR
Una de las mayores polémicas que ha surgido en las protestas es que el presidente Iván Duque se está apoyando en las Fuerzas Militares para controlar los altercados ocurridos en varias partes del país y que, según opositores y ONG, significa una militarización de las ciudades.
Bajo la figura de «asistencia militar», los soldados están desplegados en varias de las principales ciudades del país hasta que cesen los hechos que alteran el orden público, algo que también, reveló el general Navarro, los ha llevado a disminuir la capacidad operativa en regiones convulsas donde persiste el conflicto.
«Yo creo que aquí puede haber desinformación, intencionalidad de que precisamente el Estado social de derecho se debilite. Entonces yo creo que (…) tenemos claridad de que la asistencia militar es el empleo de las capacidades de las fuerzas militares para apoyar a la Policía Nacional», explicó.
El objetivo de esta figura, que entró en operación hace casi dos semanas, es que «la Policía pueda tener mayores capacidades para estar en ese manejo del orden público y de restablecer el orden público».
«Vea lo que estamos haciendo: hemos ayudado a despejar vías y en ellas han fluido bienes, servicios, alimentos, han pasado medicamentos esenciales», expresó el comandante de las FF.MM..
VIOLACIONES DE DERECHOS HUMANOS
Según la ONG Temblores, las protestas han dejado «39 homicidios presuntamente cometidos por miembros de la fuerza pública», así como «362 víctimas de violencia física», 1.055 «detenciones arbitrarias contra manifestantes», 30 «víctimas de agresiones oculares» y 16 «víctimas de violencia sexual».
«Las actuaciones de la Policía y de las Fuerzas Militares están reglamentadas por la ley, por nuestras doctrinas, normas internas y tenemos también sistemas de investigación interna, pero no solamente basta con eso», explicó.
Por ello agregó que Colombia «investiga» y «verifica» las actuaciones de los militares y policías con instituciones como la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría y la Defensoría del Pueblo.
«En Colombia no puede haber o no hay ningún tipo de exceso de la fuerza pública o extralimitación de funciones de algún funcionario público que no esté a la vista a la luz pública y que no sea investigado. Entonces cualquier hecho o extralimitación es investigado, hay investigaciones en curso, no solamente en las instituciones sino también por parte de la Fiscalía», dijo.
Justamente el presidente Iván Duque afirmó esta semana que las autoridades han iniciado 65 acciones disciplinarias por la violencia policial, entre ellas ocho por homicidio.
CIVILES ARMADOS
El domingo pasado en Cali, capital del departamento del Valle del Cauca (suroeste) y epicentro de las protestas contra el Gobierno, civiles armados dispararon contra los indígenas que protestaban en el sur de la ciudad e hirieron a ocho guardias indígenas, mientras la Policía alega que habían recibido reportes de robos y saqueos por parte de los comuneros.
Según el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC), los participantes de la minga (marcha) indígena, compuesta por varias camionetas, fueron «atacados por una turba uribista en conjunto con fuerza pública», que pretendían quitar el bloqueo en la zona de Cañasgordas.
«Lo que le puedo manifestar es que el monopolio de las armas está en cabeza del Estado colombiano. Quien tiene el monopolio son las Fuerzas Militares y la Policía Nacional. Si bien es cierto ahí hay civiles que tienen armas, que tienen un proceso totalmente reglamentado para comprar esas armas, también tienen unas restricciones y una normatividad clara para saber en qué momento se usan las armas», detalló el general Navarro.
En ese sentido, aseguró que lo que se vio en los videos y las fotos publicadas en los noticieros y en las redes sociales «ya está todo en investigación de la Fiscalía General de la Nación».
«Tienen un margen comprobatorio muy importante y avanzan dentro de los tiempos procesales y ahí tendrán que darse unos resultados importantes para ver dónde hubo extralimitación, dónde hubo abusos y dónde hubo acciones al margen de la ley», aseveró el oficial.
Las movilizaciones tomaron el país hace dos semanas, inicialmente para protestar contra la ya retirada reforma tributaria presentada por el Gobierno del presidente Iván Duque, pero la ciudadanía inconforme sigue aferrada a las calles como un acto reivindicativo con peticiones como que se detengan las masacres y el abuso policial.
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