La anulación de las condenas contra Luiz Inácio Lula da Silva agitó este martes la política en un Brasil en plena pandemia y generó un conflicto en la Corte Suprema en torno a la «limpieza» de la operación Lava Jato, ahora puesta en duda.
Eduardo Davis / EFE
La nueva situación legal del expresidente (2003-2011), liberado de condenas a prisión que sumaban 26 años, también desató un terremoto político, porque aunque seguirá respondiendo ante la justicia, ha recuperado sus derechos y puede aspirar a la Presidencia en 2022, cuando el actual gobernante, Jair Bolsonaro, intentará renovar su mandato.
El potencial de votos que se presume que conserva Lula ya es una preocupación para Bolsonaro, cuya imagen según las últimas encuestas ha sentido los efectos de su errática gestión de la pandemia de covid-19, que tiene a Brasil como uno de los países más golpeados, con 267.000 muertos, 11 millones de contagios y una curva creciente.
Sondeos recientes sitúan el apoyo a Bolsonaro en un 30 %, con una caída de más de diez puntos en los últimos meses y una tendencia a la baja que se afirma a medida que la pandemia se descontrola.
La popularidad de Lula no ha sido medida en los últimos tiempos pero, a mediados de 2018, cuando su situación judicial le impidió ser candidato a las elecciones que finalmente ganó Bolsonaro, encabezaba todos los sondeos con unos 20 puntos porcentuales de ventaja sobre el líder de la ultraderecha, a la postre vencedor.
La anulación de las penas que pesaban contra Lula fue decidida por Edson Fachin, uno de los once miembros del Supremo, sobre la base de que el tribunal de la sureña ciudad de Curitiba que le condenó, entonces a cargo del juez Sergio Moro, no tenía competencia legal para juzgar esos casos, que ahora pasarán a manos de un tribunal de Brasilia.
LA «IMPARCIALIDAD» DE MORO Y LAS DUDAS SOBRE LA LAVA JATO
Más allá de la situación de Lula, la sentencia de Fachin generó una reacción del magistrado Gilmar Mendes, también del Supremo, quien decidió que este mismo martes se juzgara una demanda contra la supuesta «parcialidad» de Moro en los procesos que le llevaron a condenar al expresidente, quien llegó a pasar 580 días en prisión.
El análisis de la actuación de Moro, responsable de la operación Lava Jato, estaba pendiente desde 2018; Mendes lo rescató tras la anulación de las condenas contra Lula a pesar de que Fachin intentó impedirlo hasta último momento y la Segunda Sala del Supremo inició el trámite este mismo martes.
Sin embargo, lo suspendió porque el juez Kassio Nunes Marques, quien tiene apenas unos meses en la corte, para la que fue propuesto por Bolsonaro, pidió más tiempo para examinar un caso que hasta hoy «no había podido estudiar», según justificó en la sesión.
La votación quedó así indefinida, pero Nunes Marques ayudará a determinar si, como ya sostienen dos de los cinco miembros de la Segunda Sala y en contra de la opinión de Fachin, Lula fue objeto de una suerte de «persecución política y jurídica» por parte de Moro.
Esa tesis no solo reforzaría la nulidad de las sentencias contra Lula, sino que podría poner en tela de juicio todo lo realizado en el marco de la Lava Jato, que también llevó a la cárcel a decenas de empresarios y políticos.
El argumento más firme sobre las dudas en torno a la actuación de Moro lo presentó el propio magistrado Gilmar Mendes.
Mendes afirmó que Moro incurrió en «una cadena de actos lesivos al compromiso de la imparcialidad», que «sin dudas era parte de un verdadero juego del poder» que apuntaba a «deslegitimar» a Lula y a su partido de cara a las elecciones de 2018, ganadas a la postre por Bolsonaro, quien nombró a Moro ministro de Justicia (2019-2020).
Entre otros factores, citó unos mensajes intercambiados por Moro y los fiscales del proceso contra Lula, revelados en 2019 y que sugieren que el juez orientaba y coordinaba la acción del Ministerio Público, lo que está explícitamente vetado por la ley.
Si se impone finalmente la tesis de Mendes, los posibles efectos de esa decisión son inciertos, pero uno de ellos impactaría a Moro, a quien se baraja como posible candidato presidencial de derechas frente a Bolsonaro en 2022 y vería manchada su imagen como juez.
Al mismo tiempo, eso podría aumentar la popularidad de Lula de cara a las elecciones del año próximo, pues se reforzaría la idea de la «persecución» que el expresidente denunció desde el inicio de los procesos en su contra.
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