La alta comisionada de la ONU, Michelle Bachelet, sigue documentando las agresiones contra los derechos humanos del gobierno de Nicolás Maduro. Aunque ha detectado algunos avances, su Oficina sigue anotando irregularidades como ejecuciones extrajudiciales, casos de represión y la continua debacle económica.
Daniel Gómez –ALnavío
Michelle Bachelet, alta comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, dice que no habrá solución a la crisis de Venezuela sin negociación.
“Apoyo un diálogo inclusivo para abordar las causas profundas de los retos actuales. Una amplia participación dará fe de su autenticidad y será garante de su éxito”, dijo este jueves en Ginebra, en la 46ª Asamblea General de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Bachelet comenzó su discurso sobre Venezuela recordando que el gobierno de Nicolás Maduro había hecho avances en materia de derechos humanos. Pero sigue teniendo muchos desafíos por delante, como acabar con las ejecuciones extrajudiciales, la persecución de opositores y el acoso a periodistas, ONGs y trabajadores humanitarios.
Nada de esto, dijo, “contribuye a apaciguar las tensiones, sino todo lo contrario. La sola amenaza de detención tiene un efecto paralizante para quienes realizan actividades legítimas y esenciales”.
Ejecuciones extrajudiciales
“Continuamos recibiendo denuncias sobre ejecuciones extrajudiciales en el contexto de operaciones de seguridad. A principios de enero, al menos 14 personas habrían muerto durante una operación en el barrio caraqueño de La Vega. Recordando los anuncios de reformas policiales, pido que se realicen investigaciones rápidas e independientes para garantizar la rendición de cuentas, prevenir sucesos similares y poner fin a esta práctica”, dijo Bachelet.
Agravamiento de la situación humanitaria
La alta comisionada dijo que desde septiembre de 2020 se han documentado más protestas sociales producto del agravamiento de la situación humanitaria. Ocurre que “el acceso a los servicios básicos, como la asistencia médica, el agua, el gas, los alimentos y la gasolina, ya escaseando, se ha visto aún más limitado por el efecto de la pandemia”.
Pérdida de poder adquisitivo
Bachelet apuntó, como ya han hecho otras organizaciones en Venezuela, que “el salario mínimo está debajo de 1 dólar estadounidense al mes, mientras se estima que el precio de la canasta de alimentos ha aumentado un 1.800% en el último año”. Esta pérdida de poder adquisitivo, sumada a la inflación, ha provocado que “alrededor de un tercio de los venezolanos estaría en situación de inseguridad alimentaria”.
Un éxodo forzado
Para Bachelet, “la muerte trágica de al menos 28 migrantes venezolanos en el mar Caribe en diciembre de 2020 fue un recordatorio de las decisiones que algunos se ven forzados a tomar”. De aquí se infiere que el éxodo no es responsabilidad de quienes deciden marcharse, sino de los gobernantes, que no les garantizan una vida digna en Venezuela.
Represión de ONGs humanitarias
Varias organizaciones nacionales e internacionales han denunciado que Maduro se ha aprovechado de la pandemia para incrementar el control social, haciendo al pueblo más dependiente del Estado. De ahí que el gobierno haya limitado el espacio de actuación de las ONGs, cosa que le preocupa a Bachelet. “Me preocupan las recientes iniciativas para imponer restricciones indebidas a la capacidad de actuación de las ONGs, incluida la congelación de activos. Pido que se reanuden los proyectos suspendidos”.
Persecución y acoso a los críticos
Bachelet también se dijo preocupada porque la persecución y el acoso contra los opositores no cesan en Venezuela. “Me inquietan los crecientes signos de reducción del espacio cívico”. Desde septiembre, su Oficina ha documentado al menos 66 casos de intimidación, acoso, inhabilitación y criminalización de periodistas, medios de comunicación, defensores de los derechos humanos, trabajadores humanitarios, líderes sindicales y miembros o partidarios de la oposición, incluidos los miembros electos de la Asamblea Nacional de 2015 y sus familiares.
Bachelet recordó que, “a día de hoy, cinco activistas siguen con cargos relacionados con el terrorismo y el blanqueo de dinero por haber prestado asistencia humanitaria como parte del Plan de Respuesta Humanitaria de Naciones Unidas. Más ONGs siguen siendo investigadas por motivos similares”.
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