Numerosos políticos latinoamericanos, sin distinción ideológica, han encontrado en el asilo un ‘pase’ para evadir la Justicia o en el mejor de los casos para salvaguardar su vida, situación que también ha sido motivo de fricción entre los Gobiernos involucrados.
EFE
El caso más reciente es el del expresidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014), a quien este miércoles el Gobierno de Nicaragua le otorgó asilo.
El viernes pasado, la Corte Suprema de Justicia rechazó un recurso de casación y dejó en firme la sentencia a diez años y seis meses de prisión por blanqueo en contra de Martinelli, con lo que quedaron sepultadas sus intenciones de buscar la reelección en los comicios de mayo de este año.
En diciembre pasado, el exvicepresidente de Ecuador Jorge Glas (2013-2018) pidió asilo a México, luego de ingresar a la embajada de ese país en Quito, donde permanece en calidad de «huésped» a la espera de una respuesta del Gobierno del país norteamericano.
El mes pasado, una corte de justicia de Ecuador dictó prisión preventiva contra Glas -que fue vicepresidente durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017)- acusado de malversación.
En diciembre de 2022, el entonces presidente de Perú, Pedro Castillo, tras intentar dar un golpe de Estado al ordenar el cierre del Congreso, fue detenido cuando se dirigía a la Embajada de México con su esposa y sus hijos menores de edad. Sus familiares sí lograron llegar a la representación diplomática y luego recibieron el asilo del Gobierno mexicano.
En febrero de 2023, tras varios roces entre los dos países, el Gobierno de la presidenta peruana, Dina Boluarte, anunció el retiro permanente de su embajador en México y rebajó la relación bilateral a encargados de negocios.
En 2019, tras la crisis desatada por la renuncia del entonces presidente de Bolivia, Evo Morales, varios de sus ministros y legisladores oficialistas se refugiaron en la Embajada de México en La Paz. Al tiempo, el Gobierno mexicano envió al país andino un avión de la Fuerza Aérea para «rescatar» a Morales y llevarlo a territorio mexicano, donde estuvo asilado por un mes antes de trasladarse a Argentina.
En noviembre de 2018, el expresidente peruano Alan García (1985-1990 y 2006-2011), que era investigado por los presuntos delitos de colusión agravada y lavado de activos en el caso de los sobornos de Odebrecht, pidió asilo a Uruguay, el cual le fue negado por ese país.
El exmandatario, que se suicidó en abril de 2019, estuvo asilado en Colombia desde 1992 y vivió también en Francia, hasta que en 2001 prescribieron las acusaciones que pesaban en su contra por corrupción que habría cometido bajo su primer Gobierno.
En enero de 2011, el exgobernador boliviano Mario Cossío recibió el estatuto de refugiado en Paraguay, país al que llegó huyendo de lo que calificó como una «persecución política» por parte del Gobierno de Evo Morales. En ese época otros políticos, incluso, jueces también salieron de su país aduciendo las mismas razones.
En 2009, Perú acogió a tres exministros bolivianos acusados en su país de genocidio por las muertes registradas en la represión de las protestas de 2003. Los exministros Mirtha Quevedo y Javier Torres Goitia recibieron refugio, y Jorge Torres Obleas, asilo.
El excandidato presidencial venezolano Manuel Rosales estuvo asilado en Perú desde 2009 hasta 2015, cuando decidió regresar a su país para «luchar junto al pueblo» a impulsar la victoria de la oposición en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de ese año. Estuvo detenido por más de un año y actualmente es el gobernador del estado Zulia.
El expresidente ecuatoriano Lucio Gutiérrez (2003-2005), quien fue destituido por el Congreso, se asiló en Brasil, Perú y Colombia, hasta que en 2005 volvió a Ecuador y fue encarcelado por sedición y posteriormente la causa fue sobreseída.
Gustavo Noboa, padre del actual presidente de Ecuador, Daniel Noboa, fue acusado de una presunta malversación de fondos públicos, lo que lo llevó a buscar asilo en República Dominicana, donde estuvo entre 2003 y 2005, cuando pudo regresar de nuevo a su país luego de que se declarara la nulidad del proceso en su contra.
En Colombia está desde 2002 Pedro Carmona, el empresario que asumió la Presidencia interina de Venezuela durante el tiempo en que un golpe de Estado tuvo apartado del poder al entonces presidente Hugo Chávez en 2002.
Al igual que Martinelli, también solicitaron asilo a Nicaragua los ex presidentes de El Salvador Mauricio Funes (2009-2014) y Salvador Sánchez Cerén (2014-2019), ambos considerados prófugos de la Justicia de su país y a quienes el Gobierno de Daniel Ortega posteriormente les concedió la nacionalidad nicaragüense.
Panamá también ha concedido el asilo a grandes personajes como el expresidente argentino Juan Domingo Perón en 1956, los exmandatarios de Guatemala Jorge Serrano Elías (1990-1993) y de Ecuador Abdalá Bucaram (1996-1997), así como al exgeneral golpista haitiano Raoul Cedrás (1991-1994).
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