El pasado 4 de julio de 2018 la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, publicó un lapidario informe sobre las “graves violaciones a los derechos humanos” perpetradas por la dictadura de Nicolás Maduro.
Un informe que fue elaborado luego de la visita que realizó la ex presidenta chilena a Venezuela del 19 al 21 de junio. En esos días, mantuvo reuniones con Maduro; el presidente interino Juan Guaidó; dirigentes políticos tantos del chavismo como de la oposición; miembros de la sociedad civil, empresarios y profesores; y con víctimas de la represión y persecución chavista, y sus familiares.
“Un sacerdote católico me dijo en Caracas: ‘No se trata de política, sino del sufrimiento de la gente’. Este informe tampoco trata de política, geopolítica, relaciones internacionales o cualquier otra cosa que no sea los derechos humanos a los que todo venezolano tiene derecho”, aclaró Bachelet aquel 4 de julio durante la presentación del reporte.
La ex mandataria chilena subrayó su preocupación sobre el excesivo uso de la fuerza tanto de la Fuerza Armada Bolivariana, como de los otros cuerpos de seguridad del régimen (FAES, GNB y DGCIM) y los colectivos chavistas.
Según Bachelet, estos grupos armados civiles del chavismo “han contribuido al deterioro de la situación, al imponer el control social y ayudar a reprimir las manifestaciones”. El informe asegura que la Oficina para los DDHH de la ONU ha documentado 66 muertes durante las protestas realizadas de enero a mayo de 2019, de las cuales 52 “son atribuibles a las fuerzas de seguridad del Gobierno o a los colectivos”.
“Me preocupa profundamente la reducción del espacio democrático, en particular la continua criminalización de la protesta y la disidencia pacíficas. En el contexto del auge de las protestas antigubernamentales ocurridas en todo el país en los dos primeros meses de este año, mi Oficina documentó numerosas violaciones y abusos de derechos humanos perpetrados por las fuerzas de seguridad y grupos progubernamentales armados, los colectivos, incluyendo el uso excesivo de la fuerza, asesinatos, detenciones arbitrarias, torturas, y malos tratos en condiciones de detención, así como actos de amenaza e intimidación”, manifestó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU durante su presentación.
Además de la denuncia, Bachelet instó al régimen de Maduro a desarmar a los colectivos y a todos los cuerpos de seguridad creados para reprimir y perseguir a opositores.
Pero la dictadura no hizo caso a las recomendaciones de la ex presidenta chilena. Por el contrario, endureció el accionar de estos grupos paramilitares. Así lo expuso Bachelet el 9 de septiembre, cuando amplió su informe y denunció que el régimen continúa con las ejecuciones extrajudiciales.
Pese al reclamo de la Alta Comisionada de la ONU, este miércoles los colectivos chavistas volvieron a salir a las calles para atentar contra los diputados de la oposición, que intentaron ingresar a la Asamble Nacional para llevar a cabo la sesión del día.
El régimen, a través de militares y paramilitares, bloqueó la entrada al Parlamento y disparó contra vehículos que trasladaban a diputados opositores para impedir una sesión que iba a ser presidida por Juan Guaidó en el tradicional Palacio Legislativo en Caracas. Los diputados Carlos Berrizbeitia, Carlos Prósperi, Angelo Palmeri y Delsa Solórzano iban en la camioneta atacada.
Como viene sucediendo en las últimas semanas, retenes de la policía y de los grupos parapoliciales trataron de impedir la llegada de los legisladores. Pero esta vez el accionar de las fuerzas del régimen fue aún más violento. Varios de ellos golpearon los vehículos en que se trasladaban con todo tipo de elementos contundentes y hasta dispararon armas de fuego, produciendo la rotura de cristales de algunos de los automóviles de la caravana.
Con información de Infobae
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