El expresidente peruano Alberto Fujimori fue trasladado este miércoles desde un hospital de la seguridad social hasta una clínica de Lima, donde seguirá el tratamiento de un cuadro de urticaria alérgica que llevó a los médicos a recomendar su internamiento en una unidad de cuidados intensivos (UCI), informó un comunicado oficial.
EFE
Fujimori, de 83 años, fue tratado desde el martes en el servicio de emergencia del Hospital III Vitarte, en el este de Lima, donde los médicos recomendaron su ingreso en una sala de UCI en previsión de complicaciones por los problemas cardíacos que también padece.
Sin embargo, el Seguro Social de Salud (EsSalud) informó este miércoles que el exgobernante, quien cumple una condena a 25 años de cárcel por crímenes de lesa humanidad, fue trasladado a la clínica Centenario, en el distrito limeño de Pueblo Libre, tras una coordinación con su médico personal.
En esa clínica, donde es tratado habitualmente de los males que padece por su avanzada edad, Fujimori continuará con su tratamiento, remarcó EsSalud.
Fujimori, quien presidió Perú de 1990 a 2000, fue llevado a inicios de febrero pasado de vuelta a la prisión policial de Barbadillo tras haber sido internado en noviembre en una clínica al presentar complicaciones por una fibrosis pulmonar, un mes después de haber sido intervenido por la obstrucción de una arteria del corazón.
El exmandatario es el único preso en una cárcel construida expresamente para él dentro de una base policial del distrito de Ate, en el este de Lima, donde aún debe permanecer hasta 2033, cuando tendrá 95 años.
En ese lugar cumple desde 2009 una condena a 25 años de cárcel como autor mediato (con dominio del hecho) de las masacres de Barrios Altos y La Cantuta, cometidas en 1992 y 1993, respectivamente, por el grupo militar encubierto Colina, así como por dos secuestros tras el golpe de Estado que dio en 1992.
En marzo pasado, el Tribunal Constitucional (TC) peruano declaró fundado un habeas corpus contra una resolución que dejó sin efecto el polémico indulto que le otorgó en diciembre de 2017 el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018).
La resolución del TC restituyó los efectos del indulto y dispuso la «liberación inmediata» del exgobernante, pero esa medida no se aplicó porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ordenó al Estado peruano que se abstenga de cumplir con el fallo.
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