El expresidente sudafricano Jacob Zuma se entregó a la policía a última hora del miércoles, poco antes de vencerse el plazo impuesto por la justicia para su detención tras haber sido condenado a 15 meses de cárcel por desacato, por haberse negado repetidamente a declarar por corrupción. «El presidente Zuma ha decidido acatar la orden de encarcelamiento.
Va camino de entregarse en un centro de los servicios penitenciarios en (la provincia de) KwaZulu-Natal», confirmó la Fundación Jacob Zuma en un comunicado emitido minutos después de que, alrededor de las 23.15, hora local, un amplio convoy de vehículos partiera de la residencia de ex jefe de Estado. Pasada la medianoche, el portavoz del Ministerio de Seguridad sudafricano, Lirandzu Themba, confirmó oficialmente que el expresidente había quedado bajo «custodia» policial, si bien no se difundieron los detalles exactos de su ubicación.
La decisión de Zuma de entregarse llegó tras varios días de incertidumbre y de vanos intentos de su equipo legal de retrasar su entrada en prisión. En paralelo, simpatizantes del expresidente mantenían guardia en su residencia desde la semana pasada y amenazaban con enfrentarse a las fuerzas de seguridad si se presentaban para detenerlo.
Zuma, de 79 años, había sido condenado el pasado 29 de junio por el Tribunal Constitucional del país a 15 meses de prisión por negarse repetidamente a acatar las órdenes judiciales que le obligaban a testificar ante una comisión oficial que investiga la presunta corrupción ocurrida durante su presidencia (2009-2018).
El polémico exgobernante considera que esa indagatoria —conocida en Sudáfrica como la «Captura del Estado»— y el juez que la lidera buscan destruir su legado. Zuma ignoró las citaciones incluso después de que el Tribunal Constitucional especificara que eran de obligado cumplimiento. Esto activó un proceso por «desacato», en el que el exmandatario también se negó a participar. Lejos de retractarse, el exmandatario emitió varios comunicados asegurando que iría a la cárcel antes que a declarar y cuestionando la imparcialidad de los jueces sudafricanos.
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