Durante meses la presencia en Colombia de la banda delincuencial El Tren de Aragua sonaba a un fantasma. Como ocurre con el cartel de Sinaloa y otras organizaciones criminales extranjeras, esta banda de origen venezolano se rumoraba en varias ciudades. Ahora se concretó en Bogotá de la manera más cruenta: en forma de homicidios y cuerpos desmembrados regados en bolsas negras en distintos puntos de la capital. No es la única, pero sí una de las tres organizaciones “trasnacionales” que, según la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, están detrás de los homicidios.
Por El País
Tras un consejo extraordinario de seguridad, López les pidió a la Cancillería colombiana y a los recién nombrados embajadores de Colombia y Venezuela que tomen “acciones en contra de cabecillas de la organización delincuencial El Tren de Aragua, presos en el centro penitenciario Tocorón, en el Estado de Aragua”. Concretamente, mencionó a alias Niño Guerrero y a Giovanni, como los líderes de la banda. “Nuestra Policía ha establecido que esos dos criminales siguen ordenando asesinatos y coordinando el narcotráfico desde el centro penitenciario en el que están, por lo que se solicita un aislamiento esta misma semana”, agregó la alcaldesa.
La presencia del Tren de Aragua se puede rastrear en Colombia entre 2020 y 2021 en medio de las restricciones de la pandemia del coronavirus. Mientras las fronteras estaban cerradas y las relaciones diplomáticas permanecían rotas entre el gobierno de Iván Duque y el de Nicolás Maduro, los grupos criminales continuaban sus negocios ilícitos y se fueron expandiendo. Su llegada al país, tiene relación también con el aumento de la producción de cocaína en Colombia y la desarticulación de bandas locales que dejaban espacio a los recién llegados. Se conoce que también tienen presencia en Ecuador, Brasil y Perú.
Por eso, el gobierno de Bogotá ha pedido al de Gustavo Petro que una de las prioridades del restablecimiento de las relaciones con Venezuela sea la reanudación de la cooperación judicial en ambos países. La urgencia, dijo la alcaldesa López, es identificar y precisar los antecedentes y prontuario de los miembros de esa y otras bandas para una serie de operativos que están en camino sobre los muertos que han aparecido en bolsas.
La respuesta llegó a través de la cuenta en Twitter del embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti, en una escueta frase: “Ya está activada la cooperación judicial entre Venezuela y Colombia”. Sin embargo, fuentes de la Cancillería explicaron que la activación se refiere únicamente a extradiciones. Se está haciendo vía correo electrónico, por donde se van a empezar a tramitar las solicitudes. “La asistencia judicial es lo que aún está pendiente para reactivarse y para el caso Bogotá es un tema de operaciones policiales que generalmente se tratan de institución a institución directamente”, indicó la fuente.
El Gobierno venezolano ha cedido el control de una buena parte de las cárceles en Venezuela a los pranes, o líderes, por lo que la petición de la alcaldesa bogotana no es tan sencilla. Entre ellos se cuenta Niño Guerrero, cuyo nombre real es Héctor Rutherford Guerrero Flores. El Tren de Aragua se creó fuera de la cárcel, pero luego instaló su centro de operaciones en el penal de Tocorón donde Niño Guerrero vive de las rentas que cobra a los presos por vivir en el lugar, controla la comida y las actividades que ocurren en el penal en las poblaciones cercanas.
Desde ahí también ha extendido sus operaciones de extorsión, secuestro, robo de vehículos, trata, y tráfico de drogas, oro y chatarra a 11 estados del país, con unos 4.000 hombres bajo su mando, incluyendo los de bandas aliadas. En los últimos dos años se habla de la internacionalización de esta megabanda a cinco países de la región, a la par de la intensa crisis migratoria que vive Venezuela. “Los pranes han convertido estas cárceles en sus predios y reciben armamento de guerra bajo la mirada cómplice del Gobierno”, señala Carolina Girón, directora general del Observatorio Venezolano de Prisiones.
En tiempos de Hugo Chávez, las autoridades cedieron el control a estos líderes como una medicina contra los motines violentos que se hicieron muy frecuentes en los primeros años del chavismo. Esa permisividad ha hecho que los pranes impongan su paz y expandan sus redes delictivas. ‘Niño Guerrero’, que hoy tiene 39 años de edad, entró a Tocorón en 2012, se fugó y fue recapturado. En 2016 fue sentenciado a 17 años de prisión por 12 delitos. La cárcel, sin embargo, le garantiza ingresos, protección de sus enemigos e impunidad. En el centro penitenciario, donde ha pasado casi una década, ha construido una piscina, un zoológico, un banco, una discoteca, una manga de coleo y un estadio de béisbol. Con frecuencia hacen fiestas con artistas invitados, apunta Girón.
La capital bogotana se ha sacudido este año por la aparición de cadáveres en bolsas negras de basura transportados en carretas de reciclaje. Distribuidos en diversos sectores de la ciudad, los llamados “embolsados” han aterrorizado a los bogotanos. En mayo pasado se descubrieron los cuerpos de dos venezolanos, de 25 y 30 años. Días antes, habían encontrado el cadáver de un hombre, envuelto en un colchón rojo, y asesinado con sevicia. La necropsia realizada por los forenses del Instituto Nacional de Medicina legal evidenció que tenía 161 heridas con arma cortopunzante.
Esta última semana la brutalidad escaló. Las autoridades de Policía y judiciales hallaron un vehículo con rastros de sangre, al tiempo que aparecían cuatro muertos en distintos barrios de Bogotá. Se confirmó entonces que ese vehículo hizo un macabro recorrido, dejando los cuerpos en bolsas. En esta oportunidad, según el secretario de seguridad Aníbal Fernández de Soto, hubo desmembramientos.
Ahora se sabe que los homicidios son 23 y que los muertos tenían antecedentes criminales. Al menos siete de ellos eran de origen venezolano. Fernández de Soto explica que, de acuerdo con las autoridades judiciales, el modus operandi y el nivel de violencia hablan de una disputa entre organizaciones criminales para controlar las rentas del narcotráfico. ”Los organismos de investigación nos han informado de la presencia de nueve organizaciones criminales en la ciudad, de las cuales tres son trasnacionales”, apunta, y evita hablar de las otras dos para no entorpecer las investigaciones. Sin embargo, se sabe que Colombia es ruta de las bandas criminales internacionales o que al menos hay vasos comunicantes entre ellas, como demostró el asesinato del fiscal paraguayo Marcelo Pecci en cercanías a Cartagena.
Aunque se habla de narcotráfico como principal motivo de disputa, estas organizaciones también se dedican a la extorsión y a hacer préstamos de dinero a usura con violencia en el cobro, llamados gota a gota. Por eso, una de las decisiones de la Alcaldía es perseguir no solo a quienes asesinan y transportan los cuerpos, que a veces son habitantes de calle instrumentalizados, según Fernández de Soto. También lo harán con quienes participan en la cadena y se dedican a lavar el dinero que sostiene esas bandas, o a los que están infiltrando a autoridades.
La aparición de estos cuerpos está atravesada por un problema general de seguridad en la ciudad. López lo sabe. “El homicidio se ha reducido en 14 %, pero nadie va a tener tranquilidad en la ciudad si siguen apareciendo muertos fruto de estas vendettas”, dijo al anunciar más presencia policial.
El experto y anterior secretario de seguridad, Hugo Acero, escribió “mientras esto sucede y buscando resultados pronto, la Policía Nacional y la Fiscalía podrían asignar más unidades de investigación criminal para enfrentar los problemas generados por los “embolsados”, el sicariato y la presencia y accionar del Tren de Aragua”. Acero había explicado antes que detrás de este tipo de asesinatos con sevicia y tortura están estructuras criminales organizadas, que actúan con el estilo que usaban en otra época Pablo Escobar o los paramilitares.
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