La Fiscalía belga ha pedido a las autoridades españolas la traducción a uno de los idiomas oficiales del país –francés, flamenco o alemán– o al inglés de la orden europea de detención y entrega dictada el lunes por el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena contra el expresidente de Catalunya Carles Puigdemont, un proceso que España espera cumplir “a lo largo de la semana que viene”.
“Vista la complejidad del caso y de las dos órdenes de detención ya emitidas con anterioridad contra Carles Puigdemont, el expediente exige un análisis jurídico profundo”, ha justificado la Fiscalía de Bruselas, en un comunicado en el que también confirma que es esta instancia la que ha asumido el caso.
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La Justicia belga ha pedido a su contraparte española una traducción de la información enviada antes de proceder al examen del caso, lo que las autoridades judiciales españolas han dicho que cumplirán “a lo largo de la semana que viene”, según la misma fuente. “Una vez recibidas las traducciones de la euroorden y de todas las piezas recibidas adjuntas, la Fiscalía de Bruselas procederá al análisis de esta orden”, concluye el comunicado.
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Llarena decidió reactivar la euroorden por tercera vez contra Puigdemont el lunes, mismo día en el que el Tribunal Supremo dictaba sentencia condenatoria contra los líderes independentistas encausados por el procés en Catalunya, aunque la Fiscalía federal no ha remitido formalmente la documentación a la Fiscalía de Bruselas hasta este martes.
El primer paso tras recibir una orden europea de detención y entrega de un Estado miembro es que la Fiscalía competente informe a los servicios policiales para proceder a la identificación y arresto de la persona reclamada para que preste declaración ante el juez de instrucción, según distintas fuentes judiciales. Este primer paso, sin embargo, puede ser revisado “caso por caso” para adaptarlo a las circunstancias de cada proceso, matizan las fuentes.
En este caso, el propio Puigdemont ha manifestado que está a disposición de la Justicia “en Bélgica” para personarse en el momento en que fuera requerido. Fuentes de su defensa han indicado que han estado en contacto con las autoridades belgas, pero que por el momento el expresidente catalán no ha sido citado.
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En el momento en el que la Fiscalía recibe la petición de entrega de parte de las autoridades españolas, el paso natural es que la propia Fiscalía notifique la denuncia a las fuerzas policiales para que éstas procedan a buscar y detener a esta persona, para que sea conducida después a prestar declaración ante el juez de instrucción en las 48 horas siguientes. Es este magistrado quien examinará en primer lugar la euroorden, aunque no sobre el fondo de la misma, sino que deberá verificar si cumple las reglas europeas en cuanto a su forma.
Si Puigdemont no aceptara la extradición ante el juez de instrucción, como ya ocurrió con la anterior, el proceso continuará en la Cámara del Consejo (tribunal de primera instancia de Bruselas), en donde el juez tendrá un plazo de 15 días para determinar si la euroorden es ejecutable o no. En caso de que su decisión fuera recurrida, las partes podrían acudir aún a dos instancias más, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación, sucesivamente.
En ambos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite el recurso y otros 15 días para tomar una decisión y concluir si la orden de extradición puede ser ejecutada o no. La directiva de aplicación de la euroorden prevé un plazo máximo de 60 días para que el Estado miembro requerido tome una decisión sobre si ejecuta o no la extradición solicitada por otro Estado miembro. Este plazo podría ser prorrogado otros 30 días en casos excepcionales. Las autoridades de ambas partes tendrían después diez días para acordar y llevar a cabo la entrega del detenido.
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De acuerdo al ordenamiento legal belga, Bélgica puede rechazar la extradición de una persona buscada por un país socio si existen “razones serias” para pensar que no se respetarán sus Derechos Fundamentales tras la entrega o si los delitos que se le imputan no son una infracción en el derecho belga o no están recogidos en un listado de 32 delitos acordados por la UE en su directiva.
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