A 48 años del Golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende, el gobierno de Australia rechazó desclasificar documentos sobre su presunta participación en la acción militar liderada por Augusto Pinochet. Las autoridades oceánicas defendieron su posición ante el Tribunal de Apelaciones Administrativas (AAT, siglas en inglés), que investiga la causa.
Por Cristián Torres– Infobae
Las citas por esta investigación no judicial se realizaron a puertas cerradas y en ellas se abordaron diversos asuntos gubernamentales. En ella, se enfrenta al ex oficial de inteligencia militar australiano Clinton Fernandes con director general de los Archivos Nacionales de Australia, David Fricker.
Al respecto, la fiscal general, Michaelia Cash, señaló que la medida de reserva fue tomada pues son tratados testimonios de asuntos “confidenciales”, cuyos contenidos “perjudican a la seguridad, defensa y relaciones internacionales” de su país.
Sin embargo, se dio a conocer que el ex oficial Fernandes solicitó al Tribunal de Apelaciones Administrativas (AAT) que el director general de los Archivos Nacionales de Australia, David Fricker, haga público parte o la totalidad de los documentos sobre la actuación de Australia en el derrocamiento de Allende. El argumento fue que Estados Unidos desclasificó hace dos décadas documentos secretos sobre cómo encubrió y apoyó al régimen de Augusto Pinochet (1973-1990). Ahora se siembran las dudas sobre la actuación de su socio, Australia, previo al Golpe de Estado, en especial debido a que el gobierno de ese país cuenta con mecanismos legales para proteger sus secretos ilimitadamente.
Lo que sí se sabe
Hasta ahora, se sabe que la nación continente envió en 1971 a Chile agentes de los Servicios Secretos Australianos de Inteligencia (ASIS, por sus siglas en inglés), durante el gobierno del liberal Billy McMahon, a petición de Washington. La solicitud fue presentada un año antes por ASIS para abrir la base que operó por cerca de 18 meses, cuyas laboreas iban desde el manejo de activos chilenos reclutados por la CIA en Santiago hasta la presentación de informes de inteligencia en la sede de la CIA en Langley, Virginia. Pero su sucesor, el laborista Gough Whitlam (1972-73) ordenó la retirada de estos uniformados del país.
Sin embargo, al menos un agente de ASIS se quedó en Chile hasta después del golpe, aunque “todos los registros restantes de la estación han sido destruidos”, se lee en un documento de la cita. Asimismo, algunos oficiales de la ASIO (la agencia de inteligencia australiana) trabajaron como agentes de inmigración encubiertos y apoyaron la intervención de la CIA estadounidense antes del golpe, según publicó la revista política local Crickey.
“Muchos australianos tendrían derecho a expresar una preocupación legítima si ASIS fuera expuesto por haber cooperado con la CIA para derrocar al gobierno democráticamente de Chile, dirigido por el presidente Salvador Allende”, argumentó el profesor Fernández en un texto legal presentado al Tribunal Administrativo de Apelaciones de ese país, en mayo de 2021.
A su juicio, la colaboración pudo darse, “por ejemplo, ayudando a crear lo que la CIA llamaba un ‘clima golpista’ para destruir la economía y animar a los militares chilenos bajo el mando del general Augusto Pinochet a dar el golpe de Estado”.
El profesor de estudios políticos e internacionales en la Universidad de Nueva Gales del Sur en Canberra, afirmó que “estos crímenes están lejos de ser triviales; en un país con una población de 10 millones en 1973 hubo unos 4.000 casos de muerte o desaparición por parte del régimen, además de 150.000 a 200.000 casos de detenciones políticas y unos 100.000 casos creíbles de tortura”.
Por su parte el abogado de Fernandes, Ian Latham, dijo que la desclasificación de estos documentos es “de interés público”, afirmando que “llenarán algunos de los vacíos históricos” en Australia. El jurista remarcó que su cliente no desea revelar el nombre de los agentes implicados, incluso después de muertos, ni tampoco “revelar detalles de las técnicas de vigilancia”.
Defensa de las autoridades australianas
El abogado del Gobierno australiano, Andrew Berger, recalcó que la divulgación de lo que considera “asuntos altamente especializados” pueden poner en peligro a Australia, aún casi medio siglo después de ocurridos esos hechos. Además, dijo que la desclasificación de los documentos podría contener, frases, nombres, registros u otros elementos que pueden caer en manos de “adversarios extranjeros” o atentar contra la seguridad del país.
Otra afirmación al tono es la del subsecretario de Seguridad Internacional del Ministerio de Exteriores de Australia, Anthony Sheehan. El personero señaló que existen “aspectos (en los documentos) que necesitan ser protegidos”, al considerar que la desclasificación supone “un riesgo real” para las “relaciones internacionales y la seguridad” del país.
“El gobierno australiano insiste en el secreto para evitar tener que admitir ante sus ciudadanos que ayudó a destruir la democracia chilena”, concluyó Fernándes, que sigue esperando una decisión del Tribunal para una mayor desclasificación del registro histórico sobre el papel encubierto de Australia en Chile.
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