Pedro Cortez, el máximo responsable de la filial venezolana de Telefónica en 2014 cuando se produjeron los sobornos al Gobierno de Nicolás Maduro, abandonó Telefónica el pasado verano. Tras un largo periplo profesional de más de 20 años en la multinacional española donde ocupó varios puestos directivos, sobre todo en las filiales de Venezuela y Perú, su último cargo en el grupo era el de director de Estrategia de Telefónica Hispam, la sociedad que aglutina los negocios la multinacional en México, Chile, Argentina, Ecuador, Perú y Uruguay.
Su marcha del grupo fue anunciada por el propio directivo a través de su cuenta de Linkedin, sin especificar los motivos de su salida. Tampoco Telefónica hizo pública la marcha del directivo, y menos aún de si se trataba de una destitución. Cortez había asumido el área de Estrategia en Hispam a finales de 2023, por lo que ni siquiera pasó un año al frente de esa división. Se trataba de una división menor cuyas funciones han sido asumidaa por Sebastián Minoyetti, actual director de Finanzas de Telefónica Hispam.
“He sido testigo y protagonista de una era de transformación que no solo cambió a una empresa, sino a toda una región. Telefónica no solo me dio una carrera, me regaló un propósito. Un propósito que siempre llevaré conmigo, porque los desafíos que se superan en equipo, las ideas que trascienden fronteras, y las amistades que se forjan en el fuego del cambio son, sin duda, los mayores logros que uno puede alcanzar. Hoy cierro este capítulo con orgullo y con el corazón lleno de gratitud. Me voy con la certeza de que lo mejor aún está por venir, porque los sueños no terminan, solo evolucionan. Y aunque hago una pausa, mis ganas de seguir contribuyendo a este mundo apasionante siguen intactas. Gracias, Telefónica. Gracias por permitirme ser parte de esta increíble travesía. Nos veremos en el futuro, en algún otro reto, en algún otro sueño”, indicó Cortez en su mensaje de Linkedin hace dos meses.
Telefónica Venezolana, filial venezolana de Telefónica, ha llegado a un acuerdo por el que pagará una multa de 85,26 millones de dólares (80 millones de euros) para resolver una investigación sobre una trama de sobornos a funcionarios del Gobierno de Venezuela para recibir acceso preferente a dólares estadounidenses en una subasta de divisas, según informó el Departamento de Justicia de Estados Unidos el pasado viernes y adelantó EL PAÍS. El caso se remonta a 2014, cuando el grupo estaba presidido por César Alierta (ya fallecido), mientras que su actual presidente, José María Álvarez-Pallete, era consejero delegado. En esas fechas, el máximo responsable de la filial era Pedro Cortez, como presidente ejecutivo y consejero delegado de Telefónica Venezolana desde 2012 a 2018.
Fue ya bajo la presidencia de Álvarez-Pallete cuando, a inicios de 2018, Cortez fue nombrado consejero delegado de Telefónica Perú, para un año más tarde, el 1 de enero de 2019, asumir también la presidencia ejecutiva de la compañía, unificando ambos cargos en una sola persona. Sin embargo, en junio de 2023, Cortez fue relevado de la cúpula de la filial peruana tras perder la multinacional española un largo litigio fiscal con la Hacienda del país andino, y confirmar la Corte Suprema del país una multa de 790 millones de euros. Se le buscó acomodo en una nueva dirección de Estrategia de Telefónica Hispam, cuya máxima responsable es Laura Abasolo, directora financiera del grupo.
Cortez, peruano de nacionalidad y economista por la Universidad de Lima, inició su carrera en Telefónica en 2005, como director Financiero de Telefónica Móviles Perú; en 2007, ejerció como director financiero de Telefónica Venezuela; en 2010, regresó a Perú como responsable de las finanzas de la filial; para en 2012 asumir el cargo de presidente y director ejecutivo de Telefónica Venezuela. Fuentes oficiales de Telefónica han declinado hacer ningún comentario sobre el caso ni sobre la salida del directivo. De la web corporativa de la compañía ha desaparecido cualquier rastro de Pedro Cortez.
Orígenes del caso
La filial venezolana firmó el pasado viernes, día 8, un acuerdo de enjuiciamiento diferido (DPA) en relación con una información penal presentada en el Distrito Sur de Nueva York que acusa a la compañía de conspiración para violar las disposiciones contra el soborno de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA).
Según los documentos del caso, Telefónica Venezolana participó en 2014 en una subasta de divisas patrocinada por el Gobierno en Venezuela que le permitió cambiar sus bolívares venezolanos por dólares estadounidenses. Para garantizar su éxito en la subasta, Telefónica Venezolana reclutó a dos proveedores para que realizaran pagos corruptos por valor de aproximadamente 28,9 millones de dólares a un intermediario, a sabiendas de que parte de esos fondos se pagarían como “comisión” a funcionarios del Gobierno venezolano.
Para ocultar los pagos de sobornos, Telefónica Venezolana cubrió el coste de los sobornos comprando equipos a los dos proveedores a precios inflados. Como resultado de sus pagos corruptos, a Telefónica Venezolana se le permitió intercambiar y posteriormente recibió más de 110 millones de dólares a través de la subasta de divisas, que utilizó para comprar equipos a los dos proveedores que reclutó para unirse al esquema. Estos fondos representaron más del 65% de los fondos que el gobierno venezolano adjudicó en la subasta de divisas de 2014.
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