Un magnate de Florida con estrechos vínculos con el Partido Republicano organizó la reciente reunión entre el gobernante venezolano, Nicolás Maduro, y un enviado especial del presidente Donald Trump, sentando las bases para un importante acuerdo que permitiría al régimen socialista aumentar sus ventas de petróleo a los Estados Unidos a cambio de aceptar cientos de miles de deportados venezolanos.
Fuentes familiarizadas con las negociaciones dijeron al Miami Herald que el empresario Harry Sargeant III del condado del Palm Beach, un importante donante del Partido Republicano que ha tratado de ampliar sus anteriores negocios de petróleo y asfalto en Venezuela, trabajó tras bastidores para facilitar la reunión entre Maduro y el enviado, Richard Grenell, un diplomático durante el primer mandato de Trump.
Sus conversaciones llevaron al acuerdo en el que el hombre fuerte socialista aceptó el ingreso de los futuros vuelos de venezolanos deportados por la administración Trump, una decisión que de inmediato enfureció a los venezolanos en el sur de Florida que contaban con el estatus migratorio temporal y que ahora temen ser enviados de regreso a una nación inmersa en el colapso económico y gobernado por un sangriento régimen que enfrenta acusaciones por cometer crímenes de lesa humanidad.
La pregunta que surgió inmediatamente para los observadores después de la sorprendente noticia de la semana pasada fue si el acuerdo tenía condiciones: ¿Qué le prometió el gobierno de Estados Unidos a Maduro a cambio de aceptar recibir de regreso a los deportados venezolanos? Aunque los detalles de la reunión del 31 de enero en Caracas no se han revelado por completo y los funcionarios de la administración Trump afirman que no se discutió ningún quid pro quo, tres fuentes familiarizadas con la situación dijeron que el objetivo de Maduro era aprovechar la aceptación de su país de los deportados venezolanos para el levantamiento parcial o total de las sanciones estadounidenses contra la petrolera estatal venezolana, Petróleos de Venezuela, PDVSA. Las sanciones, que han limitado severamente el acceso de la industria petrolera venezolana al mercado estadounidense, fueron impuestas por la administración Trump en 2019.
En su reunión con el enviado de Trump, Maduro solicitó que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos renueve una licencia que permitirá a Chevron USA producir petróleo en Venezuela durante otros seis meses. La licencia fue prorrogada el sábado 1 de febrero. “Lo que Maduro ganó fue la renovación automática de la licencia de Chevron, que Maduro temía que Trump iba a suspender”, dijo una de las fuentes que habló bajo condición de anonimato.
“A cambio, Maduro aceptó los vuelos [de los deportados venezolanos] con la esperanza de conseguir que su régimen dejara de ser percibido por Trump como un problema y se convirtiera en una solución circunstancial para una de las principales áreas de preocupación de Trump, desarmando así la bomba de tiempo que ve en Trump y retrasando el riesgo de que Trump actúe contra ellos con toda furia,” agregó la fuente.
Los intentos de comunicarse con Sargeant a través de su abogado, Christopher Kise, no tuvieron éxito. Kise no respondió a los mensajes de correo electrónico, texto o teléfono en los que se le solicitaba un comentario a él o a Sargeant. Sargeant había estado a la vanguardia de un grupo de empresarios petroleros y tenedores de bonos que intentaban convencer a Trump sobre los beneficios de alcanzar un acuerdo de petróleo a cambio de migrantes desde que ganó las elecciones en noviembre.
El magnate y otros empresarios argumentaron que estaría en el mejor interés de los Estados Unidos llegar a un acuerdo con Maduro que le permitiera permanecer en el poder siempre y cuando ayudara a la administración Trump a contener la migración de millones de venezolanos.
Estos esfuerzos, reportados inicialmente por el Wall Street Journal a finales de noviembre, surgieron de las frustraciones generadas por la política estadounidense de “máxima presión”, que incluía un amplio menú de sanciones nacionales e individuales contra el régimen venezolano, que fue adoptada durante la primera administración Trump.
Esas sanciones fracasaron en desalojar a Maduro del poder, argumentaron los empresarios al promover la conveniencia de hacer las paces con Maduro a cambio de su cooperación en el manejo de la crisis migratoria.
Sargeant luce como el candidato ideal para negociar un acuerdo entre el régimen y la Casa Blanca de Trump, dijeron las fuentes. El magnate de la energía de Florida se ha acercado a Maduro a lo largo de los años. Sargeant recibió el apodo de “Abuelo,” porque su apariencia física le recordaba al gobernante de venezuela a su abuelo.
Desde 2017, Sargeant se ha reunido con Maduro y otros altos funcionarios venezolanos en PDVSA para discutir oportunidades de negocios de petróleo y asfalto, según informes publicados y fuentes familiarizadas con sus reuniones. Reuters informó que Sargeant, un ex piloto del Cuerpo de Marines, voló a Caracas en noviembre de 2017 para reunirse con el presidente venezolano con la esperanza de llegar a un acuerdo para comprar el crudo notablemente pesado del país para su nueva compañía de producción de asfalto en Nueva Jersey.
La propuesta de Sargeant dio sus frutos al año siguiente, cuando firmó un acuerdo petrolero con el gobierno de Maduro. “Nos gustan los lugares de alto riesgo”, dijo Sargeant a Reuters. “No hay duda de que querían enviar un mensaje de que Venezuela estaba abierta a los negocios estadounidenses”.
Pero en enero de 2019, el acuerdo sufrió un duro golpe cuando la administración Trump impuso sanciones que prohibían a los estadounidenses trabajar con PDVSA. Fue parte de una campaña de presión estadounidense más amplia para derrocar al gobierno de Maduro. Sargeant, ex presidente de finanzas del Partido Republicano de la Florida que estudió administración de empresas en la Florida State University, construyó un imperio a partir de la empresa de su padre, Sargeant Marine, en el condado de Palm Beach.
Su expansión hacia la negociación de acuerdos internacionales lo ha hecho rico, pero también lo ha empujado a disputas costosas que han empañado su reputación. Por ejemplo, fue demandado por el hermano del rey de Jordania, un socio comercial, que ganó una sentencia de $28.8 millones por haber sido excluido de un contrato de $1,400 millones con el gobierno de Estados Unidos que permitía a Sargeant transportar petróleo a través de Jordania para las tropas estadounidenses en Irak.
En 2009, un congresista calificó el acuerdo de Sargeant de “monopolio efectivo” (su empresa, International Oil Trading, excluyó a otros contratistas de la licitación del acuerdo petrolero) y “la peor forma de especulación bélica”.
Sargent ha tenido otras operaciones petroleras en Venezuela y sus tratos en el país se remontan a antes de que Trump impusiera sanciones a PDVSA durante su primera administración.
Según informes de prensa, uno de los acuerdos negociados por Sargeant incluía un acuerdo de participación en las ganancias en el que sus empresas rehabilitaran una serie de campos petroleros destruidos a cambio de la mitad de sus ingresos.
Sus tratos con Venezuela continuaron durante la administración Biden, y fueron cubiertos por los medios de comunicación de vez en cuando. En enero de 2024, por ejemplo, se informó que la Gestión Global de Petróleo de Sargeant llegó a un acuerdo para comprar el equivalente a 570,000 barriles de asfalto de PDVSA para ser utilizados en proyectos de infraestructura en los Estados Unidos.
Cualquiera que sea el papel que desempeñó Sargeant entre bastidores en la coordinación de la reunión entre el enviado de Trump y Maduro el mes pasado, éstos parecen haber tenido éxito. La licencia del Tesoro de Chevron fue renovada, un evento que se esperaba que ocurriera automáticamente a menos que la administración Trump lo detuviera.
La licencia, que la administración Biden otorgó inicialmente en noviembre de 2022, se ha convertido en una importante fuente de ingresos para el régimen de Caracas. La producción de Chevron en el país sudamericano promedia unos 220,000 barriles por día, lo que equivale a aproximadamente una cuarta parte de la actual producción del país de 900,000 barriles por día.
Maduro también liberó a seis estadounidenses encarcelados en Venezuela en un intento de hacerle saber a la nueva administración que está dispuesto a trabajar con Trump para mejorar la relación entre las dos naciones. Hasta ahora, las pocas señales que salen de la Casa Blanca han sido alentadoras para el hombre fuerte socialista. “Están haciendo lo correcto en Venezuela”, dijo Trump a los periodistas esta semana desde la Casa Blanca. En lo que constituye un cambio en la forma en que el gobierno de Estados Unidos ve las condiciones en Venezuela, la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó “mejoras notables” en varias áreas del país, como la economía, la salud pública y la delincuencia, en un memorando que justifica el fin de una política, el Estatus de Protección Temporal, o TPS, que protege a muchos venezolanos en Estados Unidos de la deportación.
La administración Biden había otorgado el TPS a más de 500,000 venezolanos debido a las terribles condiciones humanitarias y las persecuciones políticas generalizadas bajo el régimen autocrático de Maduro. La mayoría de los expertos no están de acuerdo con la visión drásticamente diferente de la administración Trump de que las condiciones en el país han mejorado.
Más de 7.7 millones de venezolanos han abandonado su país de origen en los últimos años para escapar del colapso económico, la violencia y la persecución política. Para muchos, la situación ha empeorado, no mejorado, después de las elecciones presidenciales del 28 de julio, que Maduro afirma haber ganado, pero Estados Unidos y otros países creen, basándose en documentos electorales hechos públicos por la oposición, que perdió por un margen de más de 2-1. Ante las acusaciones generalizadas de fraude electoral, el régimen desató una ola de represión violenta sin precedentes que llevó a más de 2,000 personas a prisión, incluidos políticos de la oposición, activistas de derechos humanos y periodistas.
Aunque el camino a seguir en esta incipiente relación entre Maduro y Trump dependerá de que el régimen cumpla con sus compromisos de aceptar los vuelos de deportación, fuentes dijeron al Miami Herald que Maduro espera aprovechar este compromiso inicial para tratar de lograr objetivos a más largo plazo.
Maduro querrá obtener más beneficios por aceptar a todos los deportados, que podrían sumar rápidamente cientos de miles de migrantes como resultado de la decisión de la administración Trump de poner fin al TPS, así como a un programa de libertad condicional humanitaria que beneficia a los venezolanos, entre otros. Por aceptar las deportaciones, Maduro probablemente pedirá a los Estados Unidos que retire una acusación federal en su contra por cargos de tráfico de drogas, así como la recompensa de $25 millones ofrecida por información que conduzca a su captura.
Además de esta posible concesión, Maduro también estaría interesado en lograr que la administración Trump levante las sanciones a PDVSA que han afectado severamente la capacidad de la empresa estatal para vender petróleo.
Las sanciones también cerraron el mercado estadounidense al petróleo venezolano, hasta que la administración Biden permitió a Chevron aumentar sus operaciones en el país sudamericano. Fuentes dijeron al Herald que la licencia renovada de Chevron es de particular importancia para Sargeant, dado que proporciona el petróleo que está utilizando para su negocio de asfalto.
Venezuela tiene un tipo pesado de crudo que es óptimo para el asfalto, que se produce mediante un proyecto de empresa conjunta dirigido por PDVSA y Chevron, dijo Juan Fernández, ex director ejecutivo de planificación de PDVSA, que ahora vive en el sur de Florida.
“Chevron tiene el campo más grande que produce crudo para asfalto en Venezuela, el campo Boscan”, dijo. En declaraciones a Bloomberg Television esta semana, el presidente y director ejecutivo de Chevron, Mike Wirth, dijo que su compañía ha estado en contacto con representantes de la administración Trump, destacando la importancia de que la petrolera estadounidense continúe sus operaciones en el país sudamericano.
“Tratamos de informar al gobierno de las posibles ramificaciones” que tendría una decisión de poner fin a la licencia, para que estén bien informados antes de hacer cambios”, dijo Wirth. Las refinerías de la Costa del Golfo de Estados Unidos “en realidad procesan muchos de los crudos pesados que vienen de Venezuela y si vemos la introducción de aranceles al petróleo canadiense o mexicano”, dijo, “tiene sentido que ese petróleo se destine a otros países, por lo que el petróleo venezolano se vuelve más importante”.
