“El exilio es muy duro, es un terreno árido donde una se vive preguntando, ¿qué hago yo aquí? Y eso es lo que intenta el sistema, que nosotras y nosotros nos vayamos al olvido”. Leonora Castaño Cano ha sido víctima del conflicto armado colombiano y sigue sin poder volver al país. Sus palabras representan las de los miles de exiliados por el conflicto armado en Colombia.
Por CATALINA OQUENDO – EL PAÍS
Al menos cincuenta de ellos se reunieron en Bogotá para hablar de sus historias en el Foro Internacional de Víctimas y entregar un informe a la Comisión de la Verdad y a la Jurisdicción para la Paz. Para muchos era la primera vez que retornaban al país en años. Otros solo pudieron conectarse desde el refugio. Si regresan, temen perder su estatus y enfrentarse a la violencia de la que huyeron.
Lo que la violencia no pudo callar es el cuarto de varios informes que relata quiénes los hicieron huir del país, qué se fracturó en sus vidas y cómo han intentado reorganizarse políticamente desde el exterior. La persecución “no ha sido una acción aislada ni mucho menos casual”, indican en el último de los documentos. “Además, no es un patrón de persecución que, a día de hoy, año 2021, haya cesado. Lamentablemente, las amenazas, intimidaciones, encarcelamientos, asesinatos, desapariciones y desplazamientos continúan, situación que sigue lanzando a la incertidumbre del exilio a muchas lideresas y líderes sociales”.
Germán Ávila es uno de esos expulsados. Estudiante y activista universitario de Tunja, una pequeña ciudad del centro del país, en el año 2000 sufrió un atentado contra su vida que lo hizo rodar primero dentro de Colombia hasta que las intimidaciones se hicieron tan fuertes que decidió irse del país con su esposa y su bebé de apenas ocho meses. “Mario Benedetti, en su libro Andamios, escribió que para el emigrado-exiliado, la patria termina siendo justo el lugar en que no estamos”, recuerda Ávila en un texto que tituló Ser colombiano sin Colombia.
No es claro cuántos son esos “colombianos sin Colombia”. Ávila dice que hay un subregistro y que muchos no se reportan por miedo y desconfianza. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) indica que entre los años 2000 y 2012 cerca de 400.000 colombianos se vieron forzados a desplazarse más allá de las fronteras del país por su seguridad. Pero solamente hay registradas 50.000 víctimas de ese delito ante la autoridades colombianas.
El acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC supuso una esperanza para muchos de los exiliados. La creación de Sistema de Verdad Justicia Reparación y no Repetición creado en el Acuerdo, les ha permitido a miles de víctimas acercarse a procesos de justicia o de búsqueda de información sobre sus casos. Desde el exterior, esperan lo mismo para ellos. “Pedimos a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrir un caso de investigación sobre desplazamiento forzado transfronterizo: el asilo y refugio son patrones a investigar. De acuerdo con los organizadores del encuentro, en el exterior viven más de 5 millones de colombianos.
El informe plantea que la salida de Colombia al exilio o el destierro ha sido utilizada como una estrategia para fracturar procesos “organizativos y asociativos” y truncar, con la expulsión territorial de los líderes, las iniciativas de resistencia. “Otro patrón es que ha habido olas de exilio determinadas principalmente por el accionar de fuerzas estatales y paraestatales. Una de las grandes se dio a mediados de los ochenta y los noventa contra miembros de la Unión Patriótica. A finales de los noventa se dio un periodo refractario. Pero regresó en el 2000, con la política de seguridad democrática”, dice Ávila quien afirma que, con los ataques a líderes sociales en la actualidad, se podría dar otra ola.
El exilio- agregan- también implicó la destrucción de sus proyectos personales. “El no reconocimiento de la experiencia laboral adquirida en Colombia, hace que el trabajador foráneo tenga que empezar su hoja de vida de nuevo”, dice el documento. Una dificultad, junto a la falta de conocimiento del idioma del país al que llegan, ha sido más profunda en personas mayores con perfiles laborales ya definidos o con formación empírica, que no es certificada.
Por eso, entre otras cosas, le exigen al Estado colombiano que promueva acuerdos con los principales países receptores de población colombiana para “garantizar el reconocimiento de títulos universitarios, técnicos, aportes a pensiones, etc”. También, que se siga buscando a sus familiares desaparecidos y se implemente el Acuerdo de Paz de modo que, en algún momento, puedan pensar en retornar con seguridad a su país y retomar la vida que quedo atravesada por el exilio.
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