El neumólogo Pablo Amaya estaba atendiendo a un paciente en la ciudad de León, en el occidente de Nicaragua, cuando un grupo de policías del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo irrumpió en su consultorio privado para arrestarlo este martes. Los oficiales dirigidos por el comisionado Fidel Domínguez, uno de los policías de alto rango más fieles a la pareja presidencial, no presentaron ninguna orden de detención en contra del médico. Usaron únicamente la fuerza y lo trasladaron a una prisión indeterminada, pero fuentes sandinistas aseguran a EL PAÍS que fue llevado a El Chipote.
Las celdas de El Chipote son temidas en Nicaragua: en ellas, denuncian organismos de derechos humanos, se practican torturas. El doctor Amaya –quien en 2019 ya había sido detenido también por motivos políticos– se unió a otras 21 personas que han sido “detenidas arbitrariamente” desde el 22 de noviembre, en medio de profundas reformas legales ordenadas por Ortega y Murillo. Estos cambios afectan a la Constitución Política, el Código Militar, la ley de la Policía Nacional, la ley de Migración, y suponen además la creación de una nueva normativa que obliga a la banca nicaragüense a proteger a quienes han sido sancionados por la comunidad internacional. Por otra parte, este martes se conoció una propuesta de ley para regular el funcionamiento de los organismos, agencias de cooperación y misiones diplomáticas en Nicaragua.
Todos estos cambios, empezando por la reforma tectónica de más de 100 artículos de la Constitución Política, blindan la perpetuación de la dinastía familiar, entierra la separación de poderes, y legaliza lo que sucedía de facto desde las protestas sociales de 2018: la sumisión total de las fuerzas armadas al Ejecutivo y la imposición de un Estado represivo catalogado por organismos de derechos humanos y opositores como “totalitario”. Esta vorágine legislativa fue ejecutada por la Asamblea Nacional oficialista. Los fieles diputados ni siquiera cambiaron una coma a las propuestas ordenadas por el Ejecutivo.
Las detenciones de los últimos días han sido denunciadas por Monitoreo Azul y Blanco, una organización de la sociedad civil en el exilio que se ocupa de inventariar los arrestos de carácter político en Nicaragua. Y si bien han reportado arrestos en al menos diez departamentos del país, León ha sido uno de los más afectados. Desde la noche del viernes 22 inició la cacería de personas, eminentemente activistas, académicos y periodistas. Entre los primeros detenidos en León sobresalen el periodista Leo Catalino Cárcamo y Arnoldo Toruño, un respetable médico y especialista en salud pública de 78 años. Toruño estaba jubilado y retirado de la vida pública desde hace varios años.
Alerta por los adultos mayores
El Monitoreo Azul y Blanco califica como “alarmante” el registro de familias completas detenidas, “incluidos niños menores de edad y 10 adultos mayores en estado vulnerable, cuyos paraderos también son desconocidos”. También se conoció del arresto del periodista y empresario Henry Briceño, de 75 años, en el municipio de San Rafael del Sur.
Como sucedió con el neumólogo Amaya, los oficiales no les revelan el paradero de los detenidos a sus familiares, quienes se encuentran en un estado de conmoción, desespero y terror.
“Además de las detenciones injustas, las autoridades tratan con saña a los familiares, les niegan información sobre el paradero de las personas detenidas y las desaparecen por días. Esta estrategia alimenta la desinformación, creando un ambiente de angustia y zozobra”, resalta el comunicado del Monitoreo Azul y Blanco. “Esta situación evidencia la falta de respeto por los derechos humanos básicos y refuerza un clima de miedo e incertidumbre en el país”.
Reducen magistrados y eliminan contralores
Mientras el operativo de captura se realizaba en León, el Ejecutivo sandinista reformó por completo la composición de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo Supremo Electoral y la Contraloría General de la República. Eliminaron 25 cargos, entre magistrados y contralores propietarios y suplentes.
De los 42 cargos que había en la anterior Constitución Política, pasaron a 17 con la reforma. La nueva legislatura elimina cualquier vestigio del pacto político que hicieron el expresidente Arnoldo Alemán (procesado por corrupción) y Daniel Ortega, por la que ambos se repartieron cargos en diferentes poderes del Estado en el año 2000. Aunque en la práctica los magistrados de Alemán respondían desde hace años al sandinismo, ahora Ortega y Murillo los desechan.
El artículo 157 de la Constitución establece que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) ahora estará integrada por nueve magistrados, de los cuales al menos cinco serán mujeres. Antes, el Poder Judicial estaba integrado por 16 magistrados y el período de estos aumentó de cinco a seis años en el cargo, como hizo este lunes la pareja presidencial para extender los tiempos presidenciales y los titulares del Ejército de Nicaragua y la Policía Nacional.
Ante todos estos cambios legales, el Grupo de Expertos de Naciones Unidas que observa la situación en Nicaragua expresó “su profunda preocupación por una amplia enmienda a la Constitución del país aprobada, la cual otorga al Gobierno del Presidente Daniel Ortega un poder prácticamente ilimitado sobre la población de la nación”.
“Con esta reforma –la duodécima desde que Daniel Ortega volvió a la presidencia en 2007–, el Gobierno actual parece tener como objetivo legalizar y consolidar su control sobre el poder sin restricciones”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos.
“Al adoptar un lenguaje impreciso, esta reforma parece perseguir la formalización de la disolución de facto de la separación, la independencia, el equilibrio cooperativo y el control mutuo entre los distintos poderes del Estado”, agregó Simon. “El nuevo texto ya no se refiere explícitamente a ‘poderes’, sino simplemente a ‘órganos’, y afirma que estos serán coordinados por la Presidencia”.
La enmienda, concluyen los expertos de Naciones Unidas, amplía el mandato presidencial de cinco a seis años, eleva el papel de la vicepresidencia –que actualmente ocupa la esposa de Ortega– al de copresidenta, y elimina la prohibición constitucional de censurar a la prensa. “También establece que todos los derechos fundamentales pueden ser suspendidos durante un estado de emergencia y rebaja el umbral que permite la intervención del ejército en la acción policial interna, que ahora puede ser solicitada por el Gobierno siempre que lo exija la ‘estabilidad’ del Estado”, enumeran.
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