La conmoción por la muerte del capitán de la Armada Rafael Acosta Arévalo, señalado por conspirar contra el presidente Nicolás Maduro y en custodia de los servicios secretos, alimenta una nueva tormenta en Venezuela.
El fallecimiento del militar y las denuncias de torturas han llevado a Juan Guaidó a aplazar la participación de sus enviados en la cita prevista para esta semana entre las delegaciones de la Asamblea Nacional y del Gobierno, según confirmaron a EL PAÍS distintas fuentes de la dirigencia opositora. El encuentro se iba a celebrar bajo el paraguas del ciclo de conversaciones auspiciadas por Noruega y en esta ocasión los enviados planeaban reunirse en Barbados.
Tras un día de silencio, el Gobierno de Venezuela, el Ministerio de Defensa y la Fiscalía General de la República difundieron versiones contradictorias sobre su tratamiento judicial, mientras que Alonso Medina Roa, abogado de la víctima, denuncia que solo existen dos agentes de la Dirección de Contrainteligencia Militar (DGCIM) detenidos y acusados como autores del “homicidio” con la intención de ignorar las legislaciones contra la tortura. Se trata de Ascanio Antonio Tarascio Mejía y Estiben José Zárate Zoto.
El capitán había desaparecido el 21 de junio, al igual que otros tres militares –dos retirados– y dos policías. Su esposa Waleska Pérez ha declarado unas horas después, en un vídeo, que no supo de él desde ese momento. Había asistido a una reunión personal en un concurrido centro comercial de la ciudad de Guatire en el Estado de Miranda, cercana a Caracas, y fue capturado por agentes de seguridad sin orden de tribunales. Fue en pleno fervor por la visita de Michelle Bachelet, Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos.
Durante días de suspenso, Jorge Rodríguez, ministro de Comunicación e Información, ha desvelado el misterio de los desaparecidos al culparlos de encabezar una conspiración para derrocar al mandatario socialista. Los familiares habían insistido en una fe de vida preocupados por sus condiciones, pero solo recibieron la noticia de la muerte de Acosta el sábado.
El Gobierno ha refutado la violación de derechos humanos y del debido proceso en la investigación. “Frente a la continuada y artera intención de los enemigos de la Constitución y la paz, de perpetrar intentos de Golpes de Estado (…), los órganos de seguridad del Estado emprendieron un proceso impecable de meses de pesquisa que condujo al desmantelamiento de estos planes criminales y a la detención de los terroristas confesos”, dice un comunicado divulgado el domingo que, además, asegura que Maduro ha pedido una investigación al Ministerio Público.
El documento afirma que el detenido ya estaba imputado por “graves actos de terrorismo, sedición y magnicidio en grado de frustración”, pero en otro comunicado, firmado por el fiscal general Tarek William Saab, se expone que apenas comparecía ante un tribunal y el Ministerio de Defensa apunta que el detenido se había desmayado antes de empezar la audiencia de presentación. Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano, considera que las contradicciones en las versiones son claves en el ocultamiento de lo sucedido y concluye que el arrestado ha muerto sin comprobarse su culpabilidad.
Acosta fue presentado ante un tribunal militar hace dos días que, de inmediato, había ordenado enviarlo al hospital del complejo militar Fuerte Tiuna en Caracas. El hombre había comparecido postrado en una silla de ruedas, tenía las uñas ensangrentadas y con dificultad para hablar pedía ayuda. Todo esto lo han confirmado su esposa y su abogado en distintas declaraciones.
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La controversia es un nuevo cataclismo en el conflictivo país. La polémica pudiera ser un mal augurio para futuras negociaciones. Tras una corta suspensión de los débiles diálogos, los delegados de la oposición y del oficialismo habían planificado ese nuevo encuentro en Noruega o la isla de Barbados para hablar de una salida pacífica a la crisis. Ahora, los reproches contra el heredero político de Hugo Chávez se expanden por la región. Estados Unidos, Colombia y varias organizaciones internacionales deploran las detenciones arbitrarias y torturas contra opositores en Venezuela. “Urge a la comunidad internacional, en especial a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a actuar sin dilación para que los derechos de los venezolanos sean restablecidos y su integridad protegida”, ha instado el Grupo de Lima.
El principal temor es la evasión de responsabilidades. Cinco presos políticos han fallecido en custodia de cuerpos de seguridad del Estado durante el mandato de Maduro. Es un amplio historial de denuncias aplastadas por la impunidad. Ningún funcionario está acusado por la misteriosa muerte de Fernando Albán, un concejal detenido por su presunta participación en un atentado con drones contra Maduro, ocurrida en octubre después de caer de un décimo piso desde la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN). También hubo contradicciones en las versiones oficiales.
La justicia venezolana está politizada; casi ninguna sentencia o investigación desfavorece al Gobierno. Juan Guaidó, jefe de la Asamblea Nacional reconocido como presidente interino de Venezuela por más de 50 países, ha exigido transparencia en la investigación. José Ignacio Hernández, procurador especial designado por el líder del Parlamento, ha dicho que visto desde el marco del derecho internacional y de la Constitución de Venezuela, el régimen es responsable de la vida de sus prisioneros, pero que es imposible exigir una investigación porque las instituciones están al servicio de Maduro. “En Venezuela no hay autoridades independientes dentro del sistema de justicia. Solo la justicia internacional puede actuar en estas condiciones”, ha reflexionado en Twitter.
A la postre, la oposición culpa a asesores cubanos de encabezar los servicios secretos del Estado y aplicar macabros interrogatorios y torturas a los presos políticos, especialmente a líderes opositores y oficiales desertores. El propio Manuel Cristopher Figuera, el exjefe del SEBIN en el exilio por apoyar un intento de alzamiento militar el 30 de abril, ha tildado como “doloroso” y “aberrante” el “asesinato” del capitán arrestado, y ha apuntado a “carniceros” del régimen. “A mis compañeros de armas les digo: la dictadura ha dado sobradas pruebas de estar dispuestos a asesinarlos y acabar con sus familias”, ha instado en una carta pública.
En mayo, el exdirector de la policía política había denunciado que su mano derecha, el mayor del Ejército Jesús García Hernández, de 39 años, fue asesinado por manejar información sobre casos de corrupción investigados durante su gestión en el Sebin. Su cadáver fue hallado con un disparo de bala en la cabeza en un hotel.
