El próximo gobierno de Colombia recibirá un país que arde en sus extremos. Aunque la violencia haya perdido protagonismo en la campaña presidencial, los grupos armados que se lucran del narcotráfico avanzaron en los últimos años sobre las fronteras con Venezuela, Ecuador y Panamá.
AFP
El pacto de paz de 2016 con la guerrilla FARC mermó la violencia y abrió campo para nuevos temas electorales, pero el desangre no cesa: en 2021 el país registró la tasa de homicidios más alta desde 2014, casi 28 asesinados por cada 100.000 habitantes, según el ministerio de Defensa.
El vencedor del balotaje entre el senador y exguerrilero Gustavo Petro y la sorpresa de la campaña, el millonario Rodolfo Hernández, «recibe unas fronteras cuyos contextos de seguridad se han deteriorado a lo largo de los últimos cuatro años», dice a la AFP Jorge Mantilla, director de dinámicas del conflicto de la Fundación Ideas para la Paz.
A continuación, los retos del próximo gobierno ante la violencia en zonas limítrofes.
Eterno problema
Colombia sigue siendo el principal exportador de cocaína del mundo, pese a cumplir con las metas de erradicación de narcocultivos año tras año.
Según el informe más reciente de la Casa Blanca, en 2020 el país alcanzó una producción récord de 1.100 toneladas métricas de polvo blanco. La mayoría se procesa y exporta en los límites con Venezuela y Ecuador.
En esta última frontera el ejército ha abatido a varios cabecillas disidentes del pacto de paz con las FARC que controlan las rutas del narcotráfico.
Esta semana cayó alias Mayimbú, señalado de asesinar líderes locales y de tener alianzas con carteles mexicanos.
Pero su muerte «es algo episódico que no cambia en nada la dinámica» del narco, indica el coronel(r) John Marulanda, presidente de la Asociación Colombiana de Oficiales en Retiro.
Para romper las cadenas del negocio, Mantilla propone retomar la erradicación voluntaria de plantas de coca a cambio de beneficios económicos.
La iniciativa era parte del acuerdo de paz, pero pasó a un segundo plano en el gobierno de Iván Duque que favoreció la eliminación de narcocultivos por la fuerza.
«Hay que fortalecer este programa y cumplir las obligaciones con las familias que lo suscribieron», enfatiza el investigador.
Expertos señalan que la feroz cacería de grupos ilegales ha provocado también hechos sangrientos como una operación militar en abril en el departamento fronterizo de Putumayo que dejó once muertos, entre indígenas y otros civiles según denuncias.
Más que narcos
Los grupos armados mutaron, diversificaron sus negocios sin dejar atrás la cocaína.
En la porosa línea de 2.200 kilómetros que separa a Colombia de Venezuela, el ELN -última guerrilla reconocida de Colombia-, grupos disidentes y narcos «se han impuesto como autoridades migratorias y de frontera» ante los cierres frecuentes en los pasos oficiales debido a la pandemia y las tensiones entre ambos países, señala Mantilla.
Y en las espesas selvas fronterizas con Panamá, el Clan del Golfo que lideraba el extraditado capo Otoniel, se enriquece con el tráfico de migrantes que van hacia Norteamérica.
En ambas regiones, los grupos que hasta hace cuatro años estaban atomizados ahora se alinearon a «grandes estructuras» como el Clan o la disidencia conocida como Segunda Marquetalia para coordinar negocios ilegales, anota Juana Cabezas, del centro de estudios independiente Indepaz.
Según la experta, el ELN también se lucra de minas de oro en territorio venezolano.
Y del lado colombiano, «la gente les teme, pero aceptan que estén ahí porque dan mercados [víveres] y este tipo de cosas», anota Cabezas.
Reconciliarse con Venezuela
Petro y Hernández coinciden en retomar relaciones diplomáticas con Venezuela, rotas desde 2019, cuando Duque reconoció al opositor Juan Guaidó como presidente de ese país.
Desde entonces Bogotá acusa a Nicolás Maduro de brindar refugio a los grupos armados que operan en la frontera, mientras Caracas señala a Colombia de complotar contra el gobierno chavista.
Entretanto, la zona limítrofe es un teatro de guerra: ataques contra la fuerza pública, a menudo letales, y cruentos enfrentamientos entre disidentes y el ELN, como el que dejó una veintena de muertos a comienzos de año.
Para Cabezas, normalizar relaciones «podría traer una baja en los enfrentamientos entre grupos armados en la frontera» y no descarta que Venezuela facilite «un eventual acuerdo bajo la mesa» para desescalar la violencia.
El gobierno de Maduro niega tener vínculos con estas organizaciones.
Con relaciones diplomáticas volverían las «comisiones fronterizas para impulsar (…) una mayor seguridad en la frontera», agrega el analista y exdiplomático Eduardo Pizarro en su reciente ensayo titulado «Los desafíos de seguridad internos y externos hoy en Colombia».
Según Pizarro «el debilitamiento de Rusia» -principal aliado militar de Venezuela- a causa de la guerra en Ucrania facilita el acercamiento.
«Colombia debe aprovechar a fondo esta nueva realidad geopolítica global (…) para buscar una normalización de las relaciones Bogotá-Caracas y un mejoramiento por esta vía de los sensibles problemas fronterizos», escribe el experto.
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