Este 18 de diciembre, el bloque del Frente de Todos en la Cámara de Diputados de Argentina obtuvo dictamen mayoritario para la discusión de la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, impulsada por el presidente del país, Alberto Fernández, así reseñó RT.
De esta manera, el paquete, que incluye una serie de medidas económicas, será debatido por ese cuerpo parlamentario este jueves.
Durante el debate en las Comisiones de Presupuesto y Legislación General, el oficialismo logró reunir 44 firmas, mientras que la alianza de Juntos por el Cambio, que reúne a PRO, Unión Cívica Radical y Coalición Cívica, consiguió 35.
El Gobierno de Fernández ahora deberá lograr el quorum en el Congreso durante la discusión del próximo jueves, una tarea que no será sencilla, según anticipó la oposición el día anterior.
A través de una misiva, el interbloque de diputados de Juntos por el Cambio decidió por unanimidad no acompañar la votación de la ley, argumentando que significaría «anular el Congreso Nacional delegando todas sus funciones constitucionales en el Poder Ejecutivo Nacional». Para la oposición, la medida otorga facultades extraordinarias al Gobierno de Fernández sin necesidad del trámite parlamentario habitual.
Con esta estrategia del bloque opositor, el oficialismo no contaría con el número de diputados necesarios para comenzar la discusión.
Medidas de emergencia
Mediante la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, el Gobierno de Fernández pretende reactivar la economía del país sudamericano, actualmente en crisis.
Mediante la aprobación de medidas de emergencia, Fernández buscaría alivianar los gastos en servicios básicos, aumentar las reservas en dólares ante los difíciles compromisos financieros del país, renegociar la deuda externa y reactivar el sistema productivo.
Entre las medidas que causaron ruido en la oposición, destaca que el Ejecutivo tendría atribuciones para poder negociar con los acreedores el pago de los préstamos contraídos en el pasado.
El proyecto también contempla que el Ejecutivo intervenga por un año los entes reguladores del gas y la energía, dos organismos que actualmente son públicos, pero autárquicos, y gozan de cierta autonomía administrativa.
Con información de RT
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