Las autoridades rusas estrechan el cerco al líder opositor Alexéi Navalni y sus aliados con registros domiciliarios, detenciones y causas penales, aunque la oposición sigue adelante con sus planes de celebrar una nueva protesta frente a la sede de los servicios secretos contra el arresto de su líder.
«Las fuerzas de seguridad cumplen con su función. Hubo numerosas violaciones de la ley» en la gran protesta del pasado sábado, dijo hoy el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.
La represión policial comenzó hace una semana con la detención de casi cuatro mil personas en las protestas a favor de la liberación de Navalni y alcanzó su cenit anoche con la detención, entre otros, del hermano del opositor, Oleg, y de su mano derecha, la abogada Liubov Sóbol.
RECHAZAN RECURSO AL ARRESTO
La justicia rusa frustró hoy cualquier esperanza de liberación de Navalni, actualmente en prisión preventiva por 30 días, al rechazar el recurso presentado por sus abogados contra el arresto que le fue impuesto a su regreso de Alemania, donde estuvo casi cinco meses convaleciente de su envenenamiento con el agente químico Novichok.
Pese a los insistentes llamamientos occidentales, el Tribunal de la Región de Moscú consideró que el arresto es legal, por lo que el opositor deberá permanecer en la prisión de Matrósskaya Tishiná hasta el 15 de febrero.
«Esto es una gran violación de la ley ¿Ha leído el auto judicial? Si lo ha hecho, debería reírse del Tribunal de la Región de Moscú ¿Cómo un detenido puede estar en prisión preventiva?», dijo Navalni, que participó en la vista por videoconferencia.
Navalni, cuyos abogados recurrirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), afronta el 2 de febrero un juicio en el que podría ser condenado a 3,5 años de cárcel por un antiguo caso penal.
El servicio penitenciario recordó hoy que el opositor incumplió su obligación de personarse ante la autoridad, aduciendo que antes de caer en coma en agosto pasado había infringido ese norma en seis ocasiones, sólo en la primera mitad de 2020.
Por ello, insiste en pedir al tribunal que convierta la pena suspendida dictada contra Navalni en 2014 en una real, aunque el TEDH condenó esa sentencia como «arbitraria».
De poco valió que el presidente de EEUU, Joe Biden, expresara esta semana a su colega ruso, Vladímir Putin, su honda preocupación por el trato a Navalni, quien acusó al jefe del Kremlin de ordenar su asesinato.
REGISTROS Y DETENCIONES NOCTURNAS
Muy al contrario, las fuerzas de seguridad han apretado las tuercas según avanzaban los días desde que la oposición anunciara una nueva jornada de protestas el próximo domingo, que en el caso de Moscú arrancará en la plaza Lubianka, donde está la sede del Servicio Federal de Seguridad (FSB, antiguo KGB).
El operativo especial comenzó ayer y continuó hasta altas horas de la madrugada. Primero le tocó el turno al domicilio de la esposa de Navalni, Yulia, cuya puerta fue derribada, y después al hermano del opositor y a Sóbol, que fueron detenidos.
También fueron registradas las oficinas en Moscú del Fondo de Lucha contra la Corrupción creado por Navalni.
Además de numerosos registros, también fue detenida la médico de Navalni, Anastasía Vasílieva, una de las mayores críticas de la gestión gubernamental durante el coronavirus, y una de las líderes del grupo punk Pussy Riot, María Aliójina.
Las autoridades les acusan, en algunos casos, de violar las normas sanitarias en época de pandemia al convocar una protesta masiva no autorizada, lo que representó «una amenaza de infección masiva» con covid-19.
En otros casos, acusan a Navalni y sus correligionarios de poner en riesgo la vida de menores de edad al animarlos en las redes sociales a participar en actos «ilegales».
Estiman en unos 300 los adolescentes detenidos el pasado sábado.
«Ahora el Ministerio del Interior está fabricando masivamente causas penales para decirle a la gente: sigan en sus casas, no hace falta que salgan a las manifestaciones. El sistema legal y la policía se han convertido en un teatro del absurdo», afirmó Sóbol en un vídeo de YouTube grabado poco antes de su detención.
AI DENUNCIA OLA DE REPRESIÓN
Tanto la Unión Europea (UE) como EEUU y el Consejo de Europa han criticado la represión policial de las protestas del pasado día 23, y hoy Amnistía Internacional (AI), que considera a Navalni un preso de conciencia, denunció «la ola de represión destinada a aplastar la creciente protesta popular en Rusia».
Acusó a las autoridades de violar los derechos humanos al intentar «acallar a sus críticos» y consideró «dudosa» el cargo de violar las normas sanitarias.
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