El complicado acceso al suelo y la enorme burocracia son dos de los escollos existentes en muchas zonas de Latinoamérica y el Caribe que hay que superar para paliar el problema actual de falta de vivienda, destacaron este jueves los participantes en un foro organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
EFE
«Debemos agilizar los procesos. Desde que decimos ‘aquí vamos a construir una vivienda’ hasta que se empieza a meter pala nos demoramos tres años. Eso no puede ser, cuando hay una emergencia nacional. La burocracia, sobre todo la municipal, es una cosa increíble», apuntó el ministro de Vivienda y Urbanismo de Chile, Carlos Montes.
A lo largo de dos días, funcionarios públicos de América Latina, expertos y miembros del banco de desarrollo están participando en la sede del BID de Washington en el foro «Soluciones resilientes para la reducción del déficit habitacional en América Latina y el Caribe», un encuentro para analizar la situación y los retos de la región en materia de vivienda.
En diversas ponencias, se está charlando sobre temas como las plataformas tecnológicas que reducen el déficit habitacional, el acceso a financiación y a fondos climáticos como soluciones de vivienda o la innovación en asentamientos informales.
En la primera jornada han participado varios ministros y altos funcionarios latinoamericanos de países como Perú, Brasil, República Dominicana, Ecuador o México, quienes han explicado qué están haciendo sus Gobiernos para mejorar un dato crítico: el 45 % de las familias de la región no tienen un hogar digno en el que vivir.
En opinión de Montes, una de las cosas fundamentales que ha hecho el Ejecutivo de Gabriel Boric y su ministerio es «asumir que hay un problema muy serio» con la vivienda, y es un problema «principalmente político», que hace un daño incalculable a las personas y «genera problemas de estallidos sociales».
«Nuestro desafío político es que sea entendido como algo de todos, de todo el estado y toda la sociedad» y «tener conciencia de que los tiempos no son indefinidos, necesitamos marcar un hito fuerte» en la reducción del déficit habitacional, agregó.
En Chile hay entre 600.000 y 700.000 familias que no tienen vivienda, señaló el ministro.
En otra de las ponencias, Anaclaudia Rossbach, directora de programas para América Latina y el Caribe del Lincoln Institute of Land Policy, precisó que eso es debido a problemas como el difícil acceso al suelo, algo común en los países latinoamericanos.
«En América Latina estamos enfrentando una situación muy similar. Las brechas entre los precios del mercado inmobiliario y la capacidad de pago de las familias son muy amplias y en realidad lo que ocurre es que el rol del suelo es central», destacó.
«Lo cierto -añadió la experta- es que no hemos logrado cambiar las dinámicas de mercado de suelo para poder viabilizar vivienda social urbana bien ubicada y de calidad».
Otro de los temas que se trató durante la jornada fue la informalidad en el sector, muy predominante en muchos países de Latinoamérica y el Caribe, como es el caso de la República Dominicana.
A ese respecto, el viceministro de Vivienda de ese país, Ernesto Mejía, afirmó que el 70 % de las viviendas construidas en República Dominicana se hace de manera informal.
«Todos estamos claros que la informalidad es el factor común, y entendemos que debemos ir en dos direcciones. Primeramente, tratar de formalizar lo más posible las viviendas informales», expuso.
En las jornadas también han participado diversos creadores de soluciones habitacionales que buscan paliar el déficit de casas en la región, entre ellos el estudio de arquitectura chileno Elemental, que trabaja en la creación de nuevas tecnologías en la construcción de viviendas sociales.
Uno de sus arquitectos, Gonzalo Arteaga, detalló que en el estudio han creado un concepto de vivienda llamado «unidad de servicios básicos», una solución constructiva altamente tecnologizada para facilitar que las familias puedan salir lo antes posible de los asentamientos y campamentos.
Las viviendas se construyen en una planta robotizada y tienen muy bajo costo, lo que agilizaría el tiempo medio que una familia tarda en salir de un campamento desde los más de siete años hasta los dos años.
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