La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de El Salvador ordenó que el proceso penal por la masacre de seis padres jesuitas, cinco de ellos españoles, se reabra tras admitir un amparo presentado por el fiscal general, Rodolfo Delgado, según una resolución dada a conocer este miércoles.
EFE
El Constitucional, que también dio 10 días a la Sala de lo Penal para que «modifique» una resolución de 2020 en la que cerraba el caso, señala que se «violó el derecho de acceso a la justicia de las víctimas».
La Sala de lo Penal de la Corte Suprema dictó en 2020 el cierre del proceso penal y también ordenó «que no se investigue a los señalados como autores intelectuales de la masacre».
El Supremo admitió un amparo presentado por el fiscal Delgado en noviembre del año pasado para que se revisara la resolución en la que se ordenó el cierre del proceso penal.
«Invalídese la resolución de la Sala de lo Penal mediante la cual, de forma simultánea, se admitieron indebidamente y se resolvieron inconstitucionalmente los recursos de casación interpuestos, así como todos los actos que se efectuaron con posterioridad en esa actuación, por lo que las cosas vuelven al estado en que se encontraban antes de la emisión de dicha providencia», indica la sentencia.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, en medio de la mayor ofensiva guerrillera registrada durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un comando de soldados de élite mató a los religiosos y a dos mujeres en el campus de la jesuita Universidad Centroamericana (UCA), en San Salvador.
Una corte de paz salvadoreña, a raíz de la anulación de una ley de amnistía de 1993 y a petición de la UCA, ordenó en 2017 reabrir el proceso, pero diversos recursos presentados por la defensa retrasaron el comienzo de las diligencias de investigación de la Fiscalía General de la República.
Los señalados como posibles autores intelectuales de los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani, los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes y Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, condenado en España.
El fiscal general salvadoreño reaccionó en su Twitter sobre la decisión del Supremo y confirmó que «el caso será reabierto».
«Vamos a perseguir a los responsables para lograr justicia ante estos viles asesinatos», añadió.
La guerra civil salvadoreña que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, con la entonces guerrilla Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) dejó un saldo de 75.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos.
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