Las redes sociales vuelven al Tribunal Supremo de Estados Unidos. Hace unos meses, los jueces mantuvieron la exención de responsabilidad de las tecnológicas sobre los contenidos que publican sus usuarios. Ahora son las propias políticas de moderación de contenidos de las plataformas la que está en juego. Los estados de Texas y Florida han aprobado leyes contra esas políticas con el argumento de que imponían la censura a sus usuarios. Varias compañías tecnológicas recurrieron y ahora será el Supremo el que decidirá, tras anunciar que admite pronunciarse sobre el caso en el nuevo año judicial que empieza el lunes.
Por El País
Texas y Florida, estados con mayorías republicanas, dictaron leyes sobre las redes sociales en protesta porque consideraban que se estaban silenciando voces conservadoras, como las que defendían el bulo electoral de que a Donald Trump le robaron las elecciones o las que publicaban desinformación sobre las vacunas o los orígenes del coronavirus en plena pandemia. Consideraban que al vetar esos mensajes y a algunos usuarios (incluido el propio Trump) se estaba violando la libertad de expresión que consagra la Primera Enmienda de la Constitución.
Las compañías opinan justo lo contrario: que las leyes de Florida y Texas que restringen su derecho a moderar los contenidos violan la Primera Enmienda porque les dejan sin el derecho a elegir qué publicar en sus plataformas. Los recursos han sido presentados por asociaciones sectoriales (Netchoice y la Asociación de la Industria de la Computación y Comunicaciones) entre cuyos miembros están Google (que controla Youtube), Meta (Facebook e Instagram), X (antes conocida como Twitter), TikTok, Yahoo, Snap y Pinterest, entre otras. Los casos son Moody v. NetChoice y NetChoice v. Paxton.
Las leyes (cuyo contenido es parecido, pero con sus propios matices) ya fueron impugnadas ante los tribunales federales, con resultados contradictorios: una sentencia anuló la ley de Florida, mientras que otra respaldó la de Texas, así que parecía claro que el Supremo admitiría unificar la doctrina al respecto. Los jueces del Alto Tribunal ya suspendieron cautelarmente el año pasado la aplicación de la ley, en una decisión tomada por 5 votos a cuatro. El Supremo tiene una mayoría de seis jueces conservadores frente a tres progresistas.
De fondo, se trata de decidir cómo se aplican en internet leyes escritas antes de la era digital. Las tecnológicas temen que las leyes impidan a las redes sociales eliminar los discursos extremistas y de incitación al odio y han celebrado la admisión el recurso a trámite. “Nos complace que el Tribunal Supremo haya aceptado conocer de nuestros casos emblemáticos”, ha declarado Chris Marchese, director de Litigios de Netchoice a través de un comunicado. “Los servicios en línea tienen un derecho bien establecido en virtud de la Primera Enmienda a alojar, conservar y compartir contenidos como consideren oportuno. Internet es una plataforma vital para la libertad de expresión, y debe permanecer libre de la censura gubernamental. Confiamos en que el Tribunal estará de acuerdo”, ha añadido.
El Gobierno de Joe Biden se ha puesto del lado de las compañías: “El acto de seleccionar y curar el contenido que ven los usuarios es inherentemente expresivo, incluso si el discurso que se recoge es casi en su totalidad proporcionado por los usuarios”, argumentó en un escrito del caso la procuradora general, Elizabeth B. Prelogar.
El Supremo tiene que decidir en paralelo si admite a trámite la impugnación de una sentencia que restringe al Gobierno Federal y sus agencias la posibilidad de solicitar a las redes sociales que supriman mensajes que puedan ser perjudiciales para la seguridad y la salud pública.
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