Decenas de mensajes encriptados que salían desde Colombia directamente a diferentes áreas del Kremlin, en Rusia, comenzaron a llamar la atención de agentes británicos y de Estados Unidos.
El tráfico inusual de información, a mediados de 2017, coincidió con cambios de fondo en el cuerpo diplomático de la embajada de ese país en Bogotá y la inusitada ampliación de 23 plazas que empezaron a llenar funcionarios con experiencia en inteligencia.
De inmediato, la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) activó un dispositivo que tuvo sus primeras consecuencias hace pocas semanas, con la ubicación y expulsión de dos de los miembros de esa misión: Aleksandr Nikolayevich Belousov, acreditado en Colombia el 1.º de noviembre de 2017, quien hacía parte del Servicio de Inteligencia Militar de Rusia (GRU), y Aleksandr Paristov, integrante del Servicio de Inteligencia Extranjera (SVR) de ese país, quien ingresó a Colombia el 17 de enero de 2019.
Aparte de esta trama están consignados en un documento secreto al que EL TIEMPO tuvo acceso y que la Presidencia ordenó enviarle desde hace meses al embajador de Colombia en Rusia, Alfonso López Caballero.
«Desde 2017, se inició con la identificación de varios agentes rusos en el país (…) uno de ellos quedó en evidencia por las actividades que venía realizando. Gracias a agencias de inteligencia extranjeras se logró confirmar que es miembro activo y de alto rango del Servicio de Inteligencia Exterior (SVR)», se lee en el documento obtenido en exclusiva por EL TIEMPO.
Pagando fuertes sumas, armó rápidamente un entramado de informantes de nacionalidad colombiana con acceso a información sensible de empresas privadas y estatales del sector energético.
¿Y Venezuela?
Un segundo agente, del Departamento Central de Inteligencia (GRU), fue identificado meses más tarde y su presencia activó nuevos controles después de que se detectaran actividades de ciberataques.
En 2019, el primer agente fue relevado del cuerpo diplomático y llegó en su reemplazo otro de mayor rango, que heredó su red de informantes, ratificando que no era un tema personal y esporádico, sino una misión oficial.
«Hasta ese momento, la información de espionaje sobre Colombia salía exclusivamente por Venezuela, pero era claro que se abrió otra compuerta por Rusia», le dijo a este diario un agente de inteligencia.
Pero hay un dato inédito: personas cercanas a estos funcionarios rusos fueron sacadas del país cuando empezó la pandemia, a través de rutas que pasaban por Venezuela e Irán. EL TIEMPO tiene en su poder el listado de pasajeros con número de pasaporte, pero por razones de seguridad nacional los omite.
Británicos y estadounidenses
Además, confirmaron que la evidencia recaudada por agencias británicas y de Estados Unidos fue clave para que el gobierno Duque procediera diplomáticamente.
De hecho, la información que salió encriptada no solo era sobre Colombia. También era sobre actividades de otras agencias de inteligencia y gobiernos aliados, de cara a temas como Venezuela y grupos terroristas como Hezbolá.
Del país salieron hacia Rusia datos de comisiones extranjeras apostadas en el país, coordenadas de puntos claves de producción energética e información política.
Pero, además de diplomático, el caso tiene un componente penal. Se busca judicializar a las personas que vendieron información sensible a los rusos: «Además de otros delitos, se configura traición a la patria».
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