Los votantes portugueses acudieron a las urnas el domingo en unas elecciones anticipadas que parecían encaminadas a producir otro gobierno minoritario débil, justo cuando el país tenía previsto empezar a gastar un enorme paquete de fondos de la Unión Europea.
Eso devolvería a Portugal a donde estaba hace dos meses, cuando los legisladores rechazaron el presupuesto del gobierno socialista en minoría y el presidente disolvió el parlamento.
Los sondeos de opinión mostraban a los socialistas de centroizquierda en una ajustada carrera con sus principales rivales, el Partido Socialdemócrata de centroderecha.
Esos dos partidos suelen recibir en torno al 70% de los votos y llevan décadas alternándose en el poder.
La amplia victoria necesaria para formar un gobierno en mayoría, que puede aprobar la mayoría de las leyes pese a la oposición del parlamento, es poco habitual. Portugal sólo ha tenido tres gobiernos en mayoría en el último medio siglo.
Eso implica que uno de los dos partidos más grandes probablemente tendrá que formar alianzas parlamentarias con formaciones más pequeñas.
Las apuestas son altas: Portugal, un país de unos 10,3 millones de personas, tiene previsto empezar a invertir unos 45.000 millones de euros (50.000 millones de dólares) de ayudas como miembro de la UE para ayudar a impulsar la economía tras la pandemia del COVID-19.
Dos tercios de esa suma van destinados a obras públicas como grandes proyectos de infraestructuras, lo que dará al próximo gobierno margen para gastar. El otro tercio se adjudicará a empresas privadas.
Los comicios se celebraban en medio de un pico de contagios de COVID-19 atribuido a la variante ómicron del coronavirus. Unos 1,2 millones de personas confinadas en casa recibieron autorización para ir a votar.
El presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, instó a la gente a votar en un mensaje la víspera de las elecciones y dijo que “es una forma de que (…) nada ni nadie pueda silenciar nuestra voz”.
Los próximos años, señaló, se verán marcados por “dejar atrás una dolorosa pandemia (y) una urgente reconstrucción de la economía”.
Desde que llegó al poder en 2015, el Partido Socialista ha dependido del apoyo de sus aliados más pequeños en el parlamento, el Bloque Izquierda y el Partido Comunista Portugués, para asegurar que se aprobaba el presupuesto.
Pero el pasado noviembre, sus diferencias, en especial por el gasto en salud pública y derechos de trabajadores, resultaron insuperables y el primer ministro, el socialista António Costa, no logró votos suficientes para aprobar su plan de gasto.
Costa podría tratar de recuperar la alianza de centroizquierda pese a algunas agrias pullas durante la campaña electoral.
Los socialdemócratas, por su parte, podrían tener que tratar con un auge del apoyo al partido populista Chega! (¡Basta!), aunque el líder del Partido Socialdemócrata, Rui Rio, desaprueba sus propuestas.
Los socialdemócratas también han unido fuerzas en el pasado con el más pequeño Partido Popular.
El Partido Socialista ha prometido subir el salario mínimo, que reciben más de 800.000 personas, de 705 euros (800 dólares) a 900 (1.020 dólares). Los bajos salarios son una queja frecuente de los votantes.
Los socialistas también quieren “abrir una conversación nacional” sobre establecer una semana laboral de cuatro días en lugar de cinco.
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