La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, brindó este martes una actualización de su informe sobre la crisis en Venezuela. “Mi oficina sigue recibiendo denuncias de tratos crueles a los presos”, denunció.
La ex presidente de Chile enfatizó en que “continúan las tensiones políticas” en el país petrolero y que hay “tensiones entre fuerzas de seguridad y la población que se manifiesta pacíficamente” en las calles. Recordó que el pasado 5 de enero las fuerzas han dificultado la llegada de los diputados opositores a la Asamblea Nacional.
Luego lamentó la detención del diputado opositor Gilber Caro, “que continua privado de libertad sin que se conozca su lugar de reclusión”; y subrayó: “Mi oficina también documentó agresiones contra manifestantes y periodistas. El 11 de febrero fueron agredidos al menos 11 periodistas en la llegada de Juan Guaidó al país” tras su gira internacional, expresó Bachelet.
“Hemos registrado allanamientos a sedes de partidos y ONG, y hemos documentados hostigamientos en contra de autoridades universitarias. Además, persisten restricciones a la libertad sindical”, continuó la Alta Comisionada en su breve intervención.
Luego hizo hincapié en un tema que preocupa y que tiene que ver con el deterioro de la salud: “Sigue siendo urgente atender la atención de niños y niñas con necesidad de transplantes”.
Por último, actualizó en 2,3 millones la cifra de las personas que “se encuentran en inseguridad alimentaria severa” y en 4,9 millones las que “han abandonado el país”.
“Confío en que se puedan alcanzar los acuerdos políticos necesarios para garantizar elecciones creíbles”, concluyó.
En el documento, que se elaboró a petición del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas y fue dado a conocer en julio del año pasado, se afirma que en el último decenio -y especialmente desde 2016- el régimen de Maduro y sus instituciones han puesto en marcha una estrategia “orientada a neutralizar, reprimir y criminalizar a la oposición política y a quienes critican al Gobierno”. Un conjunto de leyes, políticas y prácticas que ha reducido el ámbito democrático, ha desmontado el sistema de control institucional sobre el poder ejecutivo y ha permitido la reiteración de graves violaciones de derechos humanos. En el trabajo, se destaca la repercusión de la profunda crisis económica, que ha privado a la población de los medios necesarios para satisfacer sus derechos fundamentales en materia de alimentación y cuidados médicos, entre otros.
El informe de la Oficina advierte que, si la situación no mejora, continuará el éxodo sin precedentes de emigrantes y refugiados que abandonan el país, y empeorarán las condiciones de vida de quienes permanecen en él.
El informe se basa en 558 entrevistas con víctimas y testigos de violaciones de derechos humanos y de la deteriorada situación económica, en Venezuela y otros ocho países, así como en otras fuentes, y abarca el periodo comprendido entre enero de 2018 y mayo de 2019.
Bachelet visitó el país del 19 al 21 de junio y sostuvo entrevistas con una amplia gama de figuras políticas, desde Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno chavista, hasta el presidente encargado Juan Guaidó, así como con miembros de la sociedad civil, empresarios, profesores y otros interesados, y también con víctimas y sus familiares. Tras la visita, un equipo de dos oficiales de la Oficina permaneció en el país, en el marco de un acuerdo que les permite prestar asesoramiento y asistencia técnica, y monitorear la situación de derechos humanos.
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