En Nicaragua «no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia». Así lo considera Antonia Urrejola, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), organismo que publicó este jueves un informe de la situación del país centroamericano de cara a las elecciones presidenciales del 7 de noviembre.
Por Gerardo Lissardy- BBC MUNDO
En el documento, la CIDH advierte que el presidente Daniel Ortega -quien busca mantenerse en el cargo que asumió desde 2007- ha «instalado un régimen de supresión de todas las libertades» en el que la oposición no tiene cabida.
El gobierno nicaragüense ha rechazado los señalamientos, afirmando que la CIDH presenta una «insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos».
BBC Mundo conversó con Urrejola sobre la situación del país centroamericano
¿Qué es lo que más preocupa a la CIDH sobre Nicaragua, a pocos días de las elecciones en ese país?
Yo diría que lo más preocupante es que estamos ante un proceso eleccionario, en un contexto de una erosión paulatina de todas las salvaguardas democráticas, con concentración de poder y debilitamiento de la realidad democrática, y un contexto de represión, lo que no da garantía de elecciones libres, justas y plurales.
¿Ustedes creen que no es posible celebrar elecciones en Nicaragua en la fecha que está prevista, el 7 de noviembre, en este escenario?
Las elecciones se van a realizar, pero desde la Comisión, desde la gran crisis de derechos humanos del 2018 en adelante, hemos visto un quebrantamiento progresivo del proceso de separación de poderes del Estado y todas las instituciones democráticas. Y sobre todo, un hostigamiento permanente a la oposición, a los defensores de derechos humanos, a la prensa independiente.
Y creemos que no están las condiciones para tener las elecciones con garantías de que sean elecciones libres, transparentes y pluralistas, con acceso a la información de parte de los ciudadanos y ciudadanas nicaragüenses. Y desde esa perspectiva, creemos que esas elecciones no se dan en un contexto mínimo que dé las garantías de que sean elecciones democráticas, como corresponde de acuerdo los estándares interamericanos.
¿Para usted Nicaragua en este momento ha dejado de ser una democracia?
Efectivamente, nosotros entendemos que al no existir una separación de poderes del Estado y con este contexto de clima de represión, creemos que no están dadas todas las condiciones para hablar de una democracia efectiva en un Estado de derecho.
¿Y cómo definiría el tipo de gobierno que tiene Nicaragua en este momento, con el presidente Daniel Ortega a la cabeza?
La Comisión ha dicho ya de manera consistente que estamos ante un Estado policial de facto, donde todos los poderes del Estado están alineados con el Ejecutivo, lo que implica cierta falta de garantías absolutas para el pluralismo, para la libertad de prensa, para el ejercicio de las libertades civiles, para el ejercicio de temas tan simples como que las organizaciones de la sociedad civil puedan hacer su trabajo. Se ha cancelado la personería jurídica de muchas organizaciones de la sociedad civil.
En los últimos años se han confiscado los medios de prensa independientes o de oposición. Registramos más de 100 personas que están privadas de libertad de manera arbitraria, y eso incluye a 30 líderes y lideresas en los últimos meses. Todo en este contexto electoral.
Hoy día en Nicaragua, toda la oposición política está encarcelada con detención domiciliaria. Esa es la verdad.
El informe sostiene que «se busca la perpetuación en el poder de forma indefinida» del presidente Ortega. ¿Cuáles son los elementos para esa conclusión?
Obviamente esto es un proceso, no es ahora, como señala el informe. Se hace alusión a lo que ha sido este proceso de concentración de poder, el pacto Alemán-Ortega, la reelección indefinida del presidente Ortega en su momento. Todo esto viene a partir del 2007 en adelante y adquiere mayor impacto con la grave crisis de derechos humanos de 2018. La Comisión suma más de 328 personas fallecidas en el contexto de las protestas, que hasta la fecha no han tenido justicia ni reparación.
Y en ese contexto de deterioro hemos visto cómo se ha ido concentrando el poder en el Ejecutivo. Y las fuerzas de seguridad del Estado, la Policía Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público están alineados con el Ejecutivo. Y esto ha sido un proceso que no ha ocurrido de la noche a la mañana, sino que ha sido un proceso paulatino. Ha habido elecciones, pero la democracia no se agota en las elecciones, sino también en el ejercicio legítimo del poder, desde un marco el Estado de derecho.
Y al no haber Estado de derecho, el propio informe señala un conjunto de leyes aprobadas en el último año precisamente para seguir concentrando poder y perseguir a la disidencia. Y todo eso indica que se han tomado un conjunto de medidas para la concentración del poder y para que el presidente Ortega y la vicepresidenta Murillo se mantengan en el poder. ¿De qué manera? Que las elecciones no sean pluralistas.
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