La ministra española de Asuntos Exteriores, Arancha González Laya, abogó hoy por intensificar la cooperación entre la Unión Europea y los países del sur del Mediterráneo como vía para dar estabilidad y seguridad a países como Túnez y Libia y frenar la lacra del terrorismo yihadista.
EFE
En su segunda y última jornada en Túnez, desde donde viajará mañana, lunes, a Libia, González Laya animó a «redoblar» esfuerzos frente a la acción del islamismo radical coincidiendo con el atentado perpetrado en la turística ciudad de Susa, en el centro del país.
Un agente de policía fue asesinado y otro resultó grave por los disparos de tres terroristas, que posteriormente fueron abatidos por las fuerzas de seguridad.
«El atentado de hoy nos recuerda que la lucha contra el terrorismo no ha acabado. España, como país que ha sufrido el azote del terrorismo, muestra su compromiso total con el pueblo y el gobierno tunecinos par seguir luchando contra el terrorismo en todas sus manifestaciones», subrayó la ministra en declaraciones a los medios.
Tras asegurar que los violentos «no van a ganar nunca la batalla a la democracia», la jefa de la diplomacia española hizo un llamamiento a trabajar juntos por la paz y la estabilidad del Mediterráneo y el Sahel, «un espacio hoy fragilizado».
A su juicio, es preciso «redoblar esfuerzos» entre los países europeos y los de la ribera sur bajo el paraguas de la ONU para abordar lo que consideró «un verdadero desafío geopolítico» para Europa.
La noticia del ataque se conoció cuando González Laya homenajeaba en el Museo Nacional del Bardo de la capital tunecina, a las 22 personas fallecidas en este lugar, dos de ellas españolas, en marzo de 2015 por el atentado de una célula ligada al autodenominado Estado Islámico.
Pocos meses después, un nuevo zarpazo yihadista costó la vida a otras 38 personas en un hotel de Susa, donde los terroristas han vuelto a atacar hoy.
Tras reunirse ayer con el presidente tunecino, Kaïs Said, y con el nuevo Gobierno, González Laya puso hoy su mirada en la sociedad civil para constatar los progresos que ha habido desde la primavera árabe de 2011 y los desafíos pendientes del país, sumido en una honda crisis política, económica y social agravada por la pandemia.
La ministra comió con un grupo de mujeres de distintos ámbitos sociales y con otras personalidades del mundo de la comunicación y la política.
Antes, visitó en la medina de Túnez el centro Sidi Ali Azouz, una casa de acogida de mujeres que sufren violencia de género puesto en marcha por la asociación Beity («hogar», en árabe) con ayuda de la Agencia Española de Cooperación Internacional al Desarrollo (Aecid).
Además de maltrato físico, las refugiadas huyen de la violencia sexual, económica, psicológica o política, de la exclusión familiar o de redes de explotación que tratan captarlas, amenazas agravadas por el confinamiento.
«La pandemia ha provocado un recrudecimiento de la violencia», lamentó Sana Ben Achour, presidenta de Beity y una de las fundadoras del movimiento feminista en Túnez.
Al calor de las demandas de la llamada «Revolución de los jazmines» de hace una década y de la nueva Constitución a la que dio pie la ola democrática, Túnez aprobó hace tres años la primera ley integral para erradicar la violencia contra las mujeres, pionera en el mundo árabe.
Vistas como el freno a la islamización, las mujeres han exigido el desarrollo de la norma como garantía de que el compromiso político es creíble.
Los pasos dados hacen que Túnez sea «un ejemplo en el mundo árabe de compromiso en la lucha contra las desigualdades y por los derechos de la mujer, aunque todavía quede camino por recorrer», según González Laya.
La ministra de comprometió a prolongar la colaboración de España con esta causa para dar a las mujeres «el lugar que se merecen, ayudarlas a recuperar su dignidad y que la igualdad no sea sólo algo que está escrito en las leyes».
La agenda en Túnez se completó con un encuentro con funcionarios españoles destinados en organismos de seguridad relacionados con Libia, prólogo de la visita que la ministra hará mañana a este país para apoyar el alto el fuego alcanzado a finales de agosto entre el Gobierno de Acuerdo Nacional (GNA) y el Parlamento no reconocido del este, con sede en Toubrouk.
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