El Gobierno de España prepara una nueva ley que introducirá restricciones al derecho de asilo, en la senda marcada por la Unión Europea (EU) en los últimos años. Un borrador de ese texto, al que ha tenido acceso el diario El País, limita el acceso a la protección en los centros de internamiento y amplía los motivos de denegación de las solicitudes.
Este tema es delicado para la coalición de Gobierno por las fricciones que puede provocar entre el Psoe y Podemos. La norma actual que está vigente desde 2009, se considera obsoleta porque la realidad migratoria ha cambiado enormemente.
En la nota publicada por el diario El País, se lee que España recibió en 2019 118.000 solicitudes de refugio. España es ya el tercer receptor de potenciales refugiados de la UE, a poca distancia de Francia y Alemania.
La nueva normativa es una respuesta a los sucesivos ultimátums de Bruselas. España lleva años retrasando la adaptación de su legislación a las directivas comunitarias y ha agotado todos los plazos hasta llevar a la Comisión Europea, a abrirle dos procedimientos de infracción.
El último aviso fue en octubre de 2019, cuando la Unión Europea amenazó con llevar a España al Tribunal de Justicia de la Unión. El Gobierno se adapta así a las exigencias de Bruselas, pero aprovechará para incluir sus propias medidas.
El documento contempla las propuestas iniciales del Ministerio del Interior, y la versión final depende de las negociaciones entre los actores implicados, entre ellos los Ministerios de Seguridad Social y Migraciones y el de Exteriores.
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