El primer DNI en España se expidió el 20 de marzo de 1951. Fue en Valencia. Siete décadas después, el cambio que el Ministerio de Igualdad quiere imprimir en ese documento de identificación va a ser notable. Su intención es ir mucho más allá de un lavado de imagen, como sofisticar el encriptado digital o suavizar el diseño.
Unidas Podemos (UP) quiere una categoría específica para marcar el tercer género, una casilla nueva o tercera opción que se uniría a las actuales «masculino (M)» y «femenino (F)». Según aseguran fuentes que trabajan en el proyecto de la llamada «ley trans» del Gobierno de coalición, no acabaremos la legislatura «con el DNI como está ahora. También cambiará la inscripción en el Registro Civil».
Entre la mera intención y la realidad, habrá un salto: la batalla en el campo jurídico, porque no está del todo claro que este trámite sea sencillo. Y podría tumbarse por no encontrarle encaje jurídico. Lo que recuerdan varios expertos en leyes consultados por ABC es que, de un lado, ya existe una ley de Transexualidad (de 2017) para reconocer los derechos del colectivo en el país; y por otro, hay varias autonomías (como Cantabria, País Vasco y Navarra) que han adaptado sus normativas autonómicas al reconocimiento de esos derechos. «Si ahora se aprueba una ley estatal, se superpondrá a estas normas, con lo que no habrá colisión, pero el encaje puede ser complejo. Además, regular cuestiones de la vida privada de la gente se aleja de la objetividad del derecho y dificulta mucho los procesos. Una regulación que pasa por desvelar algo de la intimidad de la persona, a la hora de identificarse y registrarse, no es poner lo que se siente como categoría jurídica. Esto no resuelve la dicotomía. El derecho está para resolver cosas prosaicas», dice el jurista Pablo Nuevo.
El lenguaje empleado en el universo de las relaciones afectivo-sexuales entre personas abarca un amplio espectro: algunos hablan de que la tercera casilla del DNI debe recoger el tercer género como un «cajón» en el que se incluyan todas las sensibilidades posibles. Se habla de tercer género, intersexuales (personas con rasgos que no se ajustan a un único sexo biológico, como les sucede a quienes nacen con tejido de ovarios y testículos), otros se inscriben en el «género fluido» y los hay «no binarios» (siempre dentro del colectivo trans, no se sienten hombre ni mujer).
Mané Fernández, vicepresidente de la Federación Española de Lesbianas, gais, transexuales y bisexuales (Felgtb), lo explica de este modo a ABC: «El término trans es un paraguas. Ahí se inscriben transexuales, transgénero, también los “no binarios” e, incluso, el travestismo». Fernández está trabajando con el equipo de Montero para lograr «el cambio que necesitan», dice, y que no es más que cumplir con el reconocimiento de los derechos humanos a este colectivo que pide la ONU. La Organización Mundial de la Salud (OMS) inquirió en 2018 que hay que despatologizar la transexualidad y es –asevera Fernández– «en lo que estamos profundizando con el Gobierno. Dentro de esta “ley trans”, las personas no binarias tienen que estar recogidas», exige el vicepresidente de la Felgtb. Esta norma llegará en pocos días al Consejo de Ministros, tal y como anunció recientemente en el Senado la titular de Igualdad.
El 0,01% de la población
Irene Montero y su equipo no han ocultado nunca sus deseos de llevar a buen puerto la propuesta de una ley para la transexualidad que incluyó en el pacto de coalición sellado por su partido y el PSOE. La letra pequeña de dicho pacto no recogía mucho más allá de esa urgencia por aniquilar las discriminaciones que sufren las personas transexuales, que según la Federación Española, representan un 0,01% de la población.
De los cambios ansiados por Montero uno es posible desde la ley de Transexualidad de 2017: el cambio de género en el Registro Civil. Podemos siempre ha reivindicado (y así lo plasma en el articulado de su norma trans) que no haya que esperar a la mayoría de edad y los menores de 16 y 17 años puedan hacerlo sin autorización paterna; y que no haya que aguardar tampoco, como exige la ley vigente, dos años para acreditar que existe «disforia de género» y puede iniciarse el proceso de transición de género, con cirugía reconstructiva de la biología natural y tratamientos de bloqueadores hormonales.
El otro cambio es la introducción de una casilla específica, que emanaría en una categoría jurídica nueva en el país a la hora de identificar a cada ciudadano, pero para ello no ha ideado o trasladado aún la propuesta que quiere. Podría ser una «X» como han hecho otros países, pero «esto sería insuficiente porque se conformaría con regular a los intersexuales» y no entraría en el resto de sensibilidades, dicen fuentes conocedoras del proyecto. «Lo que quiere hacer Igualdad es colocar a España entre los adelantados del mundo» y ese paraguas del que hablaba Fernández «se tiene que ver reflejado», agregan. La fórmula «de mínimos» sería copiar a Alemania e introducir solamente en el Registro un ejemplo de «casilla diverso» u «otro», vislumbran esas fuentes. Montero dijo en su intervención en la Cámara Alta que «2021 sería el año en que los transexuales viesen reconocidos sus derechos y necesidades».
En esta línea de acción se adhiere un polémico estudio encargado por la Dirección General de la Diversidad Sexual a una consultora de asuntos del género, que tiene que averiguar –a cambio de 14.278 euros abonados por las arcas públicas, tal y como publicó este diario en su edición del pasado jueves– cuánta población se idenfica como «no binaria». De «muy peligroso» tildan esta iniciativa y las intenciones de Montero en la acera de enfrente del pacto de coalición. Entre fuentes socialistas surgen reacciones airadas contra un proyecto que, señalan, consultadas por este periódico, han derivado en «consecuencias muy negativas» para la visibilidad de la mujer, incluso para su seguridad.
La ley y su trampa
Pablo Nuevo, profesor deDerecho Constitucional de la Universidad Abat Oliba CEU de Barcelona, avala que no son problemas menores. En EE.UU. muchas mujeres están denunciando problemas de inseguridad en vestuarios, por ejemplo, porque también hay «quien se aprovecha de este tipo de leyes».
Por otra parte, el deporte femenino está viendo sus pódiums copados de varones que se autoidentifican como mujeres, mientras las mujeres están denunciando verse desplazadas en las competiciones. Hay en estos momentos una auténtica rebelión del deporte y el feminismo estadounidense, con cientos de demandas interpuestas en los tribunales.
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