El 14 de junio de 2019, Darío Emanuel Aguirre se sentó por última vez ante el Tribunal Oral Penal N° 1 de Corrientes, donde era juzgado por abusar sexualmente de su hijastra de tres años. En las audiencias que siguieron, incluyendo la última de todas, en la cual debía dictarse una sentencia, ni Aguirre, que estaba en libertad, ni su abogado se presentaron, por lo cual la Justicia correntina lo declaró en rebeldía y dispuso un pedido de captura nacional e internacional sobre su cabeza.
En los últimos días, después de pasar más de un año prófugo, y en medio de la pandemia de coronavirus, la Justicia dio con él de un modo insólito: Aguirre, de 40 años, acusado del delito de “abuso sexual gravemente ultrajante y doblemente calificado”, fue encontrado en la unidad de cuidados intensivos del Hospital de Campaña “Escuela Hogar” de la ciudad de Corrientes, donde se encuentra internado con su nombre y su DNI en estado crítico y bajo protocolo de COVID-19, ya que presentó síntomas compatibles con la enfermedad que produce el virus.
Luego de que el tribunal confirmara su identidad, la jueza de Instrucción Cynthia Godoy Prats, a cargo del caso, ordenó este viernes su inmediata detención, por lo cual Aguirre -que trabajaba cómo conductor de ambulancia del sistema de emergencias y fue empleado del Ministerio de Salud Pública de Corrientes entre principios de 2012 y mediados de 2019, de acuerdo a sus registros previsionales- seguirá internado con custodia policial hasta su eventual recuperación.
La causa contra él comenzó cinco años antes de su huida, en julio de 2014, cuando su ex pareja Erika -con quien por entonces llevaba menos de un año de matrimonio y tenía una hija en común de ocho meses- decidió denunciarlo ante la División de Delitos contra la Integridad Sexual. En ese momento, la mujer contó que poco tiempo de ser padres Aguirre había empezado a maltratarla física y psicológicamente, y que, tras varios episodios de golpes y especialmente luego de un día en que quiso quemarle la mano con una hornalla delante de sus hijas, ella había decidido separarse definitivamente e irse de la casa.
Erika se mudó entonces con sus dos hijas a la casa de sus padres y fue ahí donde empezó a notar que M., su hija mayor, que es hija biológica de una pareja anterior pero había adoptado el apellido de su padrastro, tenía comportamientos y actitudes extrañas: temores nocturnos, miedo a estar sola, resistencia a comer y hasta al momento del baño, porque no quería que nadie la tocara ni la viera desnuda. M. le contó entonces a su abuela y a su mamá que “Darío”, a quien ella solo había llamado “papá” las primeras semanas de convivencia, le había hecho “mucho daño” y la había obligado a hacer cosas que ella no quería.
En 2017 la causa, a la que tuvo acceso Infobae, se elevó a juicio y, cinco años más tarde de la denuncia, a mediados de 2019, en la última audiencia a la que Aguirre asistió del proceso oral en su contra, se presentó ante las partes el informe de Cámara Gesell. En esa declaración, M., que hoy tiene 10 años, había contado con detalles las vejaciones y los tocamientos a los que su padrastro la sometió en varias oportunidades entre enero y junio de 2014: la menor contó en esa oportunidad, a través de dibujos y en sus propias palabras, que Aguirre la tocaba, la obligaba a ella a tocarlo y la amenazaba con que, si contaba algo de lo que él le hacía, iba a prenderla fuego a su mamá.
La víctima, que está desde el momento de la denuncia bajo tratamiento psicológico, contó también que Aguirre, que era quien la buscaba todos los días del Jardín de Infantes, aprovechaba el trayecto en auto de regreso a su casa para abusar de ella, al igual que los momentos en que quedaba sola con él dentro de la vivienda, siempre bajo la amenaza de guardar silencio para evitar que su madre fuera asesinada. Tanto la psicóloga particular que trató a M. desde el inicio de la causa como la psicóloga del Cuerpo de Psicología Forense del Poder Judicial correntino que la evaluó, encontraron signos de ansiedad, vergüenza, enojo y angustia generalizada, así como también un fuerte rechazo hacia el presunto agresor. Además, tanto su madre cómo su psicóloga relataron episodios donde M. mostró un extremo temor ante la sirena de una ambulancia (como las que conducía Aguirre en su trabajo) o incluso ante el paso de un vehículo similar al de su padrastro.
A principios de 2019, algunas semanas antes de que comenzara el juicio en su contra, Aguirre fue denunciado por abuso por segunda vez. La denuncia la presentó la mujer con la que formó pareja tras separarse de Erika, que acusó a Aguirre de abusar de su hermana, es decir, su propia cuñada, de tan solo 11 años, en la localidad de Empedrado, al noroeste de la provincia de Corrientes.
En esa oportunidad, la Justicia le dictó un procesamiento con prisión preventiva y pasó efectivamente 15 días detenido. Sin embargo, su defensa solicitó una eximición de prisión y, a pesar de que Aguirre tenía ya otra causa por abuso elevada a juicio (en la que también había sido eximido de prisión), el tribunal de la ciudad de Saladas le concedió la libertad porque consideró que no había riesgo procesal. Según pudo saber este medio, antes y después de esa nueva causa, el abogado querellante de Erika y su hija, Gustavo Briend, solicitó que se revocara la eximición de prisión en su causa, pero tampoco le fue concedida en esa oportunidad, ya que el tribunal tampoco consideró que hubiese un riesgo de entorpecimiento de la causa o un peligro fuga, que fue lo que finalmente ocurrió.
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