Se están cumpliendo tres años del Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos (ETPV). Se trata de la respuesta más exitosa que se ha producido en la región para abordar una de las crisis migratorias más grandes del siglo XXI que ha esparcido alrededor del mundo a casi 8 millones de ciudadanos venezolanos, especialmente en América Latina y el Caribe donde ha llegado el 85 % de este contingente, 6.520.000 hombres y mujeres, niños y niñas que han huido de una Venezuela sumida en profundos problemas políticos, económicos y sociales.
El primer acierto del ETPV consistió en la apuesta del Estado colombiano por adelantar, en contraste con acciones de contención y represión de la migración que se han producido en otros países, una política que busca el reconocimiento a la condición de migrantes de los venezolanos, el respeto a su dignidad como personas y su masiva regularización para abrirles el camino a su integración social y económica.
También es destacable que el Estatuto ha formado parte, con sus más y sus menos, de una política de Estado. Sus antecedentes los encontramos con el Permiso Especial de Permanencia (PEP) en 2017 y con el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos (RAMV) en 2018, durante el gobierno de Juan Manuel Santos, que desembocaron en 2021 en el ETPV durante la administración de Iván Duque. En la gestión del actual presidente, Gustavo Petro, han continuado las labores de regularización previstas en este mecanismo.
Se trata de una política de regularización migratoria que, tanto desde el punto de vista cuantitativo como cualitativo, ha sido superior a las de otras iniciativas, no solo de países de la región sino incluso de los Estados Unidos, protegiendo a los migrantes venezolanos por un período de diez años mientras cumplen los requisitos del país para acceder a visas de residencia. El decidido concurso de los propios migrantes, de sus organizaciones, de la cooperación internacional y de otras entidades de la sociedad civil colombianas, también ha sido vital para el éxito de este proyecto.
Los resultados del ETPV dan cuenta igualmente de sus logros. De los 2.864.796 venezolanos que Migración Colombia ha informado que viven en Colombia, lo que representa el 37 % del total mundial, 2.505.346 se han inscrito en el Registro Único de Migrantes Venezolanos (RUMV) y 2.195.501 ya han completado el registro biométrico. A la fecha ya han sido autorizados 2.004.503 Permisos por Protección Temporal (PPT), 1.931.587 de estos documentos han sido impresos y 1.868.264 han sido entregados a los beneficiarios.
Más allá de estos positivos números, el desarrollo del Estatuto no ha estado exento de dificultades. Cientos de miles de migrantes venezolanos no han podido acceder a este mecanismo por diversas razones. La estrategia informativa y de implementación de este, iniciada en plena pandemia de la Covid-19, estuvo basada en Internet, por lo que muchos potenciales beneficiarios que no contaban con tecnología adecuada o vivían en zonas rurales alejadas carentes de este servicio no se enteraron a tiempo de esta oportunidad o simplemente no pudieron aplicar.
Una vez vencidos los plazos para optar al PPT, siguieron llegando a Colombia importantes flujos de venezolanos debido a que la crisis continuaba, por lo que el número de migrantes en situación irregular volvió a crecer. Sin embargo, el gobierno de Colombia no ha vuelto a poner en marcha procesos de regularización, aunque en agosto de 2023 el director de Migración Colombia, Carlos Fernando García Manosalva, lo anunció para octubre de ese año.
Además, entre los PPT autorizados y los entregados hay una brecha de 136.239 documentos que aún no han llegado a manos de sus solicitantes, lo que puede deberse a diversos problemas: desde los logísticos hasta la insuficiencia de operativos de entrega, así como a la gran movilidad interna y externa de la migración venezolana que hace difícil determinar dónde se encuentran. También es importante destacar que por problemas en los sistemas informáticos de Migración Colombia se perdió información aportada por los migrantes cuando se registraron en el RUMV, lo que ha impedido que les aprueben su documentación.
Si bien la figura del refugio está por fuera del ETPV, es bueno recordar que Colombia no ha dado respuesta a miles de solicitantes venezolanos de protección internacional, lo que pone a esa población en estado de gran vulnerabilidad en atención a la falta de garantías democráticas que se viven en Venezuela y a la represión de que son objeto dirigentes políticos y sociales. Colombia ha suscrito la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 y la Declaración de Cartagena sobre Refugiados de 1981 y debería de tener políticas de refugio más abiertas y activas, como es el caso de Brasil o España.
La gran materia pendiente que queda tras la puesta en marcha del ETPV, que limita su radio de acción a los temas de regularización, es alcanzar la plena integración económica, social y cultural de la población venezolana en Colombia. Existen todavía, por ejemplo, grandes brechas en el acceso de los migrantes al sistema de salud y seguridad social, así como a la educación por parte de niños, niñas y adolescentes. Así mismo, es imprescindible reducir las tasas de informalidad, desempleo y sobre calificación laboral que sufren estos migrantes.
Corresponde principalmente al gobierno nacional, en colaboración con las autoridades territoriales y en alianza con el sector privado, emprender las iniciativas en pro de la integración que permitan a Colombia aprovechar toda la gama de beneficios que puede traerle la migración venezolana como, por ejemplo, el bono poblacional que ayudará a financiar las pensiones de los mayores y de las generaciones futuras.
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