Más de 8.000 personas entraron de forma irregular en territorio español por la frontera con Ceuta. De todos ellos, el Gobierno aseguró que fueron devueltos 4.800 gracias a la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana, según lo reseñó ABC de España.
Este texto avala las devoluciones en caliente de toda persona extranjera que haya superado de forma ilegal las fronteras. Lo que no pueden hacer las autoridades es expulsar a los menores. A Ceuta llegaron al rededor de 1.500, según algunas cifras dadas por la ciudad autónoma, sin que se sepa el número exacto.
La Administración tiene la obligación de tutelar a los niños y adolescentes que lleguen. El problema es la saturación de los centros en Ceuta, que provocó que muchos de ellos durmieran al raso o hacinados en estanterías del polígono ante el gran número de personas que cruzaron la frontera.
Para remediar este problema, el Gobierno solicitó a las comunidades autónomas que acogieran a 200 menas (Menores Extranjeros No Acompañados) que ya se encontraban en Ceuta antes de la última crisis en la frontera española. Ione Belarra, ministra de Derechos Sociales lo propuso en una reunión del Consejo Interterritorial para liberar espacio y poder atender a los recién llegados.
¿En qué consiste la propuesta?
Las comunidades autónomas tendrán que decidir en los dos o tres próximos días qué harán con la propuesta de la cartera de Derechos Sociales. La medida de Belarra tiene en cuenta que el 25% de las plazas se distribuyan en función de la población; otro 25% por la situación económica; un 12,5% por la economía de cada región; un 12,5% según la tasa de paro; y el resto que es un 50% por el impacto en acogida de los menas en cada comunidad autónoma.
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