El ex presidente de Bolivia Evo Morales inició en la noche de este viernes una huelga de hambre en la sede de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba como medida de presión tras los conflictos recientes con el gobierno de Luis Arce.
Por Infobae
“Pueden detenerme, ojalá que no me maten por favor. Estaba (estuve) muchas veces en la cárcel. No tengo ningún miedo, pero no me voy a ir de Bolivia. Estoy con mi pueblo y con el pueblo vamos a resistir. Vamos a enfrentar y derrotar a un gobierno corrupto, un gobierno narco…”, declaró el líder cocalero en un video publicado en su cuenta en la red social X.
La decisión de Morales fue impulsada luego de que sectores afines al ex mandatario descartaran la pausa en los bloqueos de carreteras que él había sugerido. Los cortes de ruta, que ya llevan 19 días, buscan el retiro de los procesos judiciales contra Morales, exigir una “solución a la situación económica” del país y defender su candidatura presidencial para 2025.
“El bloqueo nacional de caminos persiste y va a seguir con mucha más fuerza y más contundencia”, aseguró el dirigente campesino Humberto Claros en una declaración transmitida por la radio cocalera Kawsachun Coca.
El líder del Movimiento al Socialismo (MAS) enfrenta órdenes judiciales por acusaciones de trata de personas y estupro, lo que ha llevado a sus seguidores a atrincherarse en Cochabamba, un bastión político de Morales, y a mantener las medidas de presión.
Claros insistió en que las “bases” y “organizaciones matrices” no aceptan suspender el bloqueo. “Que nadie se atreva ahora a culpar al hermano Evo por las movilizaciones futuras que van a persistir en el bloqueo nacional indefinido de caminos”, sostuvo; al tiempo que deslindó responsabilidades a Morales y calificó al gobierno de Arce como “criminal” y “dictador” por el operativo policial y militar ejecutado para despejar la principal ruta del país.
El operativo logró despejar la carretera que conecta Cochabamba con el oeste del país, pero persisten bloqueos en las rutas hacia Santa Cruz, un departamento clave en la economía boliviana. Las autoridades informaron que las pérdidas económicas superaron los 1.700 millones de dólares, agravando el desabastecimiento de combustibles y la inflación.
En respuesta, Luis Arce acusó a “grupos armados afines a Evo Morales” de haber tomado tres unidades militares y retener a militares y sus familias, amenazando sus vidas.
“La toma de una instalación militar por grupos irregulares en cualquier lugar del mundo es un delito de traición a la Patria, una afrenta a la Constitución Política del Estado, a las Fuerzas Armadas y al propio pueblo boliviano”, declaró el presidente; al tiempo que responsabilizó a Morales por la situación.
El distanciamiento entre Arce y Morales se remonta a 2021, cuando surgieron diferencias en la administración del Estado. Las tensiones se profundizaron con la necesidad de renovar la dirección nacional del MAS y definir al candidato oficialista para las elecciones de 2025.
Morales sostuvo que su lucha es por “evitar hechos de sangre” y pidió la mediación de organismos internacionales o “países amigos” para que el diálogo con el Gobierno “sea viable, responsable y tenga resultados”.
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