Un gran jurado de EE.UU. acusó al excongresista de Florida David Rivera de estar inmiscuido en un plan para violar la Ley de Registro de Agentes Extranjeros y blanquear fondos para ocultar una trama que buscaba ayudar al empresario venezolano Raúl Gorrín.
Según la Fiscalía, entre junio de 2019 y abril de 2020, Rivera llevó a cabo un plan para brindar servicios de consultoría y cabildeo a Gorrín, quien fue sancionado en enero de 2019 por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos y enfrenta cargos criminales en el país.
Rivera fue acusado “de actuar como agente no registrado de un ciudadano venezolano” y presuntamente recibir más de 5 millones de dólares por sus esfuerzos para presionar a funcionarios del Gobierno de EE.UU. y blanquear fondos de origen delictivo, reseñó Efecto Cocuyo.
Gorrín, empresario venezolano, fue agregado a la Lista de Nacionales Especialmente Designados y Personas Bloqueadas (Lista SDN) en 2019 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac, en inglés).
Al parecer, Rivera también fue un mediador para pedir que Gorrín fuese eliminado de esta lista, esfuerzos que no tuvieron éxito. El excongresista republicano “recibió más de 5,5 millones por estas actividades y deliberadamente no se registró bajo FARA, como lo exige la ley”, afirmó la Fiscalía.
De acuerdo con la investigación, Rivera creó empresas fantasma fraudulentas para ocultar y promover sus actividades delictivas. Empleó nombres asociados a un bufete de abogados para dar la apariencia de legitimidad de dichas empresas. También usó el nombre de un funcionario gubernamental.
La demanda precisa que el funcionario ni el bufete “sabían que Rivera había creado empresas fantasma a su nombre”.
“Rivera utilizó el dinero que recibió de sus actividades delictivas para pagar a personas que lo ayudaron en sus esfuerzos por presionar a altos funcionarios del gobierno en nombre de Gorrín, incluso haciendo pagos a través de una de las empresas fantasma”, apuntó la acusación de la Fiscalía.
En octubre pasado, Gorrín fue acusado de lavado de 1,2 millones de dólares obtenidos presuntamente de la estatal Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa).
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