El expresidente Álvaro Uribe comparecerá el próximo lunes ante la Fiscalía por su presunto conocimiento de una masacre paramilitar a finales de los años noventa, una nueva indagación que enreda al político más influyente de este siglo en Colombia.
AFP
«Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia citó a diligencia de versión libre» al exmandatario, informó el ente investigador este jueves en un comunicado.
Uribe fue relacionado la semana pasada con una masacre ocurrida en la localidad de El Aro en 1997, cuando era gobernador del departamento de Antioquia (noroeste).
Durante una audiencia ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso aseguró que el expresidente (2002-2010) «siempre tuvo conocimiento de la operación», que dejó al menos 15 campesinos asesinados a manos de esos escuadrones de ultraderecha.
Frente a la acusación, Uribe aseguró en su cuenta de X (antes Twitter) que defenderá su inocencia y tildó a Mancuso de ser un «bandido» que lo acusa «sin prueba directa y con contradicciones frente a anteriores declaraciones».
Según la Fiscalía, él mismo pidió «ser escuchado» en versión libre.
Ante otros señalamientos de Mancuso, el exmandatario comparecerá por supuestamente participar en una reunión en la que se planeó el asesinato de un defensor de derechos humanos en febrero de 1998.
El exmandatario está involucrado en una investigación penal por supuesta manipulación de testigos y soborno. El organismo judicial encargado de ese caso, que involucra a un excabecilla paramilitar, podría llevarlo a juicio.
En 2015, cuando era senador, Uribe solicitó ser escuchado por la Corte Suprema de Justicia para dar su versión sobre un escándalo de interpretaciones ilegales a negociadores del gobierno con la guerrilla FARC que lo involucraba. Algunos de sus exfuncionarios fueron condenados.
Mancuso comparece ante la JEP desde Estados Unidos, adonde fue extraditado en 2008 por narcotráfico. El exparamilitar prometió revelar vínculos de políticos y empresarios con el crimen para ser aceptado por ese tribunal especial nacido del acuerdo de paz de 2016.
Si cuenta la verdad y repara a las víctimas podría recibir penas alternativas a la cárcel.
La justicia colombiana condenó a Mancuso en ausencia a 40 años de prisión por haber ordenado la masacre de El Aro.
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