Expresidentes, excancilleres, exministros, parlamentarios e intelectuales de América del Sur pidieron este lunes a Nicolás Maduro, -a través de una carta- que colabore en el lanzamiento de una «nueva» Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), al considerar que «urge la reconstrucción de un espacio eficaz de concertación» en la región.
EFE
Los firmantes manifestaron su confianza en la visión de Maduro y otros líderes para hacer de la región «un motor impulsor de un nuevo nivel de unidad e integración latinoamericana, anclada en la solidaridad continental y en los valores permanentes de la paz y la democracia», según la misiva, difundida por la Cancillería de Maduro.
La carta, firmada por los exmandatarios Michelle Bachelet (Chile), Rafael Correa (Ecuador), Eduardo Duhalde (Argentina), Ricardo Lagos (Chile), José Mujica (Uruguay), Dilma Rousseff (Brasil) y Ernesto Samper (Colombia), entre otros actores políticos y académicos, señala a la Unasur como «la mejor plataforma para reconstituir un espacio de integración».
«No se trata, sin embargo, de una reconstitución puramente nostálgica de un pasado que ya no existe. Una nueva Unasur debe hacerse cargo autocríticamente de las deficiencias del proceso anterior», sostuvieron.
El relanzamiento debe «garantizar el pluralismo y su proyección más allá de las afinidades ideológicas y políticas de los gobiernos de turno» e «incorporar nuevos actores que complementen el esfuerzo de los gobiernos y de los parlamentos», entre ellos universidades, institutos, centros culturales, sindicatos y empresas.
Asimismo, plantea la «una agenda de temas prioritarios», como sanidad, migración, cambio climático, conectividad vial, ferroviaria y energética, cooperación empresarial, una «futura integración monetaria», seguridad pública ciudadana y educación, entre otros.
Este organismo de integración nació en 2008 impulsado por el fallecido presidente Hugo Chávez y apuntalado por otros líderes regionales, como el presidente electo de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva.
En 2017 entró en crisis, cuando los doce Estados miembros no pudieron ponerse de acuerdo sobre un nuevo secretario general, situación que se agravó por las posiciones encontradas sobre la crisis venezolana.
La situación se tornó crítica cuando, en abril de 2018, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay y Perú, con Gobierno de centro derecha, suspendieron su participación y financiación, y actualmente está integrada por Guyana, Surinam, Venezuela y Bolivia.
En este sentido, los políticos e intelectuales aseguraron en la carta que los procesos electorales recientes, que «han permitido el triunfo de gobernantes y coaliciones políticas favorables al reimpulso de la integración regional», es una «oportunidad que no se puede dejar pasar».
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A continuación la carta íntegra:
Estimado Presidente Maduro
Nos asiste la convicción que este cuadro desolador no es inexorable. Nuestra región puede más. De a poco, el proceso de integración está reviviendo. La iniciativa del Presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador permitió la reactivación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) creada en el 2010 que estaba paralizada desde el 2017. La Cumbre celebrada en septiembre del 2021 hizo posible el reencuentro y la adopción de un importante plan de acción en materia de autosuficiencia sanitaria destinado a fortalecer la producción y distribución de medicamentos, en especial vacunas, en vistas a reducir nuestra dependencia externa. En la actualidad, la Presidencia Pro Tempore asumida por el Presidente de Argentina Alberto Fernández busca darle continuidad a este esfuerzo profundizando la “unidad en la diversidad” como imperativo ético para crecer con más igualdad y justicia.
La integración es hoy más necesaria que nunca. Un esfuerzo significativo en esa dirección permitiría alimentar un círculo virtuoso que fortalecería las instancias multilaterales y aportaría a un bien superior hoy día en peligro: La Paz. A diferencia de otras regiones, América Latina y el Caribe hace mucho tiempo que erradicó las guerras entre países y puede presentarse al mundo como Zona de Paz.
Puede ser también una región que aporte a la paz practicando una rigurosa política de autonomía respecto a las grandes potencias. Una América Latina integrada, no alineada y en paz recuperará prestigio internacional y podrá superar la irrelevancia en la que nos encontramos. Quedaremos así en mejores condiciones para enfrentar las cuatro mayores amenazas que acechan a la región: cambio climático, pandemias, desigualdades sociales y regresión autoritaria.
Los procesos electorales recientes han permitido el triunfo de gobernantes y coaliciones políticas favorables al reimpulso de la integración regional. A partir de enero del 2023 tendremos en todos los países más grandes, sin ninguna excepción, gobiernos partidarios de retomar y fortalecer los procesos de integración. Es una oportunidad que no se puede dejar pasar. Juntos podemos hacer oír nuestra voz.
Divididos nos invisibilizamos y no somos escuchados. Los esfuerzos en materia de integración son antiguos y hasta ahora sus resultados modestos. Las diferencias con otros esquemas como la Unión Europea (UE) o la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN), entre otros, son abismales. Así, por ejemplo, mientras en la UE el comercio interregional representa más del 70% del total, en América Latina luego de sucesivas caídas no alcanza en la actualidad a más del 13%.
La idea noble de la integración ha llegado a ser para muchos una tarea imposible. Décadas de frustraciones han mermado el prestigio de la idea misma de integración y debilitado el campo de las fuerzas sociales y políticas llamadas a sustentarla. Para avanzar, la sustancia debe superar a la retórica, las realizaciones deben estar por sobre los discursos.
La diversidad de la región latinoamericana y caribeña obliga a entender la integración como un proceso que adopta necesariamente una geometría variable que se compone de varios planos que se expanden a distintas velocidades. Cada una de las subregiones tiene particularidades que si no se toman en cuenta terminan frenando el conjunto del proceso. México en América del Norte, América Central, el Caribe y América del Sur tienen objetivos y reivindicaciones en común respecto del mundo, pero presentan al mismo tiempo especificidades que les son propias.
Es evidente que una gran nación como México constituye una realidad particular muy distinta a la de América del Sur dado su comercio fuertemente orientado al mercado norteamericano, concentrado en bienes manufacturados y con mucho menor gravitación de la China. La excepcionalidad mexicana no tiene por qué transformarse en rivalidad. Si en algún momento la hubo, llegó la hora de superarla. Profundos lazos históricos, culturales y lingüísticos nos unen con México. En el nuevo escenario internacional, organizado en torno a grandes bloques una relación estrecha entre México, América Central, el Caribe y América del Sur, representa una gran ventaja para el conjunto.
América del Sur constituye una entidad en sí misma con sus 18 millones de kilómetros cuadrados y sus 422 millones de habitantes que representan por lo demás dos tercios de la población total de América Latina. Con costas en el Atlántico y en el Pacífico tiene un enorme potencial para procesos de integración física y de comunicaciones que deben ponerse en práctica con estricto respeto a estándares ambientales exigentes, la organización de cadenas productivas y el desarrollo de un mercado común. América del Sur tiene también amplios espacios para la cooperación en el ámbito político, cultural, financiero, militar y científico-técnico.
Por otra parte, cambios políticos muy recientes como los que han tenido lugar en Chile, Colombia y Brasil, están generando en esta subregión un nuevo impulso transformador. Las potencialidades de América del Sur solo podrán concretarse en la medida en que los países que la componen generen un espacio que les permita concertarse, identificar proyectos en común y desplegar iniciativas conjuntas.
Esta necesidad fue bien visualizada en su momento y llevó a la conformación de la Unión de Naciones Suramericanas (UNASUR) a través del Tratado Constitutivo suscrito en Brasilia en 2008 que entró en vigencia en el 2011.
Durante sus siete años de funcionamiento UNASUR desarrolló múltiples iniciativas de interés. Son especialmente valorados sus esfuerzos en materia de manejo de crisis político-institucionales y destaca el funcionamiento del Consejo de Defensa que hizo avances notables en este delicado terreno. Se produjeron también progresos en el campo de la sanidad y la elaboración de un amplio portafolio de proyectos de infraestructura física.
Sin embargo, su débil capacidad de ejecución, la ausencia de una dimensión económica, comercial y productiva y el abuso del veto implícito en la regla del consenso en los procesos de toma de decisión, incluso para el nombramiento del secretario general, facilitaron la paralización de UNASUR y el intento por sustituirla por el llamado Foro para El Progreso de América del Sur (PROSUR) en el 2019.
En los hechos, PROSUR no pasó de ser un emprendimiento improvisado y precario, con nulas capacidades operativas como quedó demostrado con su total inoperancia durante la pandemia, momento en el cual la acción concertada era especialmente necesaria. PROSUR es en la actualidad un conjunto vacío, una institución fantasma.
Urge en consecuencia la reconstrucción de un espacio eficaz de concertación suramericana. Como ha sido documentado en el pormenorizado estudio del Center for Economic and Policy Research (CEPR) el Tratado Constitutivo de UNASUR del 2008 se mantiene vigente para todos los países que no lo han denunciado y la organización sigue existiendo a nivel internacional. Por lo menos cinco países no denunciaron el Tratado y entre los que sí lo hicieron hay por lo menos dos, Argentina y Brasil que lo hicieron de manera irregular, razón por la que podrían optar por anular sus denuncias.
Más aún, como quedó demostrado en el estudio aludido, ninguno de los siete países que se retiraron cumplió con lo previsto en el Tratado Constitutivo respecto a lo dispuesto para la búsqueda de diálogo político (artículo 14) para la solución de controversias o para el procedimiento de enmiendas previsto en el artículo 25. En síntesis, UNASUR todavía existe y es la mejor plataforma para reconstituir un espacio de integración en América del Sur.
No se trata sin embargo de una reconstitución puramente nostálgica de un pasado que ya no existe. Una Nueva UNASUR debe hacerse cargo autocríticamente de las deficiencias del proceso anterior.
En concreto debe:
i) Garantizar el pluralismo y su proyección más allá de las afinidades ideológicas y políticas de los gobiernos de turno. En ese sentido hay mucho que aprender de esquemas como la UE o la ASEAN en cuyo interior coexisten países con gobiernos e incluso regímenes de muy distinto signo.
ii) Sustituir la regla del consenso que termina generando un efecto paralizante, por un sistema de toma de decisión con quórums diversos dependiendo de las materias a resolver. En particular la elección del Secretario General no puede estar sujeta al derecho a veto de un país.
iii) Incorporar nuevos actores que complementen el esfuerzo de los gobiernos y de los parlamentos. Las universidades, los institutos tecnológicos, los centros culturales, las representaciones sindicales, las empresas, grandes, pequeñas y medianas deben ser incorporados al proceso. En su ausencia la integración pierde vitalidad y tiende a la burocratización.
iv) Privilegiar la puesta en práctica de una agenda de temas prioritarios. La institucionalidad debe construirse a partir de la agenda velando por su factibilidad y no a la inversa como ha sido a menudo la tradición latinoamericana.
En la agenda prioritaria deben figurar a lo menos:
• Un plan de autosuficiencia sanitaria orientado especialmente a la producción y compra conjunta de vacunas e insumos sanitarios indispensables.
• Acuerdos para facilitar una migración ordenada.
• Un programa integrado de ataque al cambio climático en cumplimiento de los Acuerdos de París.
• Obras prioritarias de conectividad vial, ferroviaria y energética.
• La recuperación para la región del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el potenciamiento del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF).
• Medidas que favorezcan la cooperación entre empresas de la región, tales como compras públicas conjuntas y armonización regulatoria.
• La construcción de un planteamiento común de la región respecto a los principales desafíos globales a ser presentado al G20 por parte de los tres países latinoamericanos que participan de esa instancia: Argentina, Brasil y México.
• El establecimiento de un grupo de trabajo para avanzar hacia un sistema de financiamiento de los intercambios comerciales en la perspectiva de una futura integración monetaria cuando las condiciones macroeconómicas así lo permitan.
• Un planteamiento común sobre deuda externa y financiamiento internacional para los países de renta media que constituyen la mayoría de los países de la región.
• Mecanismos que faciliten la colaboración en materia de seguridad pública ciudadana.
• Acuerdos para promover programas de educación y capacitación permanente, en especial del mundo del trabajo para enfrentar el reto de la digitalización.
• Políticas conjuntas para regular la acción de los grandes monopolios tecnológicos.
La reconstitución de un espacio regional suramericano no es contradictorio con el avance de la integración latinoamericana en un sentido más amplio. Una Nueva UNASUR puede ser perfectamente funcional a la proyección de la CELAC. Más aún, no se puede olvidar que la antigua UNASUR fue decisiva en la creación de la CELAC. La Nueva UNASUR puede en consecuencia ser una fuerza que potencie la CELAC tal cual está ha venido reconstituyéndose a partir del 2021.
Sobre la base del principio de geometría variable, es posible identificar una división de roles en virtud de la cual la CELAC sea la llamada a constituirse en el espacio privilegiado para definir una posición común de la región en los temas de la agenda multilateral: cambio climático, transición energética, comercio, inversiones, financiamiento internacional, derechos humanos, desarme, paz y seguridad, migraciones, narcotráfico y delincuencia organizada. La CELAC requiere para ello dotarse de una mínima institucionalidad y de una secretaría técnica con capacidad ejecutiva.
Estimado Presidente,
Es en los momentos de crisis y adversidad en que se hace especialmente necesaria la experiencia y sabiduría de los gobernantes. En el escenario actual están en riesgo las conquistas democráticas tan difícilmente obtenidas en América Latina, luego de la secuencia de dictaduras que azotó a la región en la década de los 70. Tenemos grandes expectativas en los liderazgos que ustedes ejercen frente a sus países. Confiamos en su visión para hacer de nuestra América del Sur un motor impulsor de un nuevo nivel de unidad e integración latinoamericana, anclada en la solidaridad continental y en los valores permanentes de la paz y la democracia.
Ex Presidentes
Michelle Bachelet, Chile
Rafael Correa, Ecuador
Eduardo Duhalde, Argentina
Ricardo Lagos, Chile
José Mujica, Uruguay
Dilma Rouseff, Brasil
Ernesto Samper, Colombia
Ex Cancilleres
Celso Amorin, Brasil
Rafael Bielsa, Argentina
Belela Herrera, Uruguay
José Miguel Insulza, Chile
Jorge Lara, Paraguay,
Guillaume Long, Ecuador
Heraldo Muñoz, Chile
Rodolfo Nin, Uruguay
Aloizio Nunez, Brasil
Felipe Solá, Argentina
Jorge Taiana, Argentina
Ex Ministros
Luiz Carlos Bresser Pereira, Brasil
Manuel Canelas, Bolivia
Adriana Delpiano, Chile
José Dirceu, Brasil
María Do Rosario, Brasil,
Daniel Filmus, Argentina
Tarso Genro, Brasil
Fernando Haddad, Brasil
Jorge Heine, Chile
Salomón Lerner, Perú
Luis Maira, Chile
Aloizio Mercadantes, Brasil
Carlos Ominami, Chile
Paulo Sérgio Pinheiro, Brasil
Mariana Prado, Bolivia
Parlamentarios (ex y actuales)
José Octavio Bordón, Argentina
Guillerme Boulos, Diputado, Brasil
Iván Cepeda, Senador, Colombia
Flavio Dino, ex Diputado Brasil
Marco Enríquez-Ominami, ex Diputado, Chile
Gloria Florez Schneider, Senadora, Colombia
Jaime Gazmuri, ex Senador, Chile
Carmen Hertz, Diputada, Chile
Vilma Ibarra, ex Diputada y ex Senadora, Argentina
Clara López, Senadora, Colombia
Esperanza Martínez, Senadora, Paraguay
Veronika Mendoza, ex Diputada, Perú
Constanza Moreira, ex Senadora, Uruguay
María José Pizarro, Senadora, Colombia
David Racero, Presidente Cámara, Colombia
Mónica Xavier, ex Senadora, Uruguay
Docentes
Evandro Menezes, Brasil
Javier Miranda, Uruguay
Juan Gabriel Tokatlian, Argentina
Vicente Trevas, Brasil
Boris Yopo, Chile
Directivos de organismos internacionales y ex embajadores
Paulo Abrao, ex secretario ejecutivo de la CIDH, Brasil
Rolando Drago, ex Embajador, Chile
Carlos Fortín, ex Subsecretario General UNCTAD, Chile
Marta Mauras, ex directora regional de UNICEF para América Latina y el Caribe, Chile
Carlos Eduardo Mena, ex Embajador, Chile
Osvaldo Rosales, ex Director de RRII, Chile
Juan Somavía, ex Director General de la OIT, Chile
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