Encima de la polvorienta estufa de gas instalada en el departamento de Selena Ramírez baila una pequeña llama. A sus 69 años, Ramírez comparte el departamento con su hija y su nieto de once años. Se encuentra en la planta baja de una unidad habitacional pública en San Francisco de Yare, una ciudad ubicada a 60 kilómetros al sur de Caracas. En la fachada del edificio están dibujados los ojos vigilantes de Hugo Chávez, el ex presidente de Venezuela.
Por Sasha Chavkin / Patricia Marcano / armando.info/
Ramírez mantiene su estufa prendida durante horas cuando se dedica a sus quehaceres domésticos. “La dejo encendida porque los fósforos están muy caros”, dijo Ramírez. “No podemos estar comprándolos a cada rato”
Venezuela está sufriendo una de las crisis humanitarias más graves del mundo. La inflación está fuera de control y la industria petrolera, que antes nutría la economía, está en ruinas. Una de cada tres personas no tiene lo suficiente para comer, y cerca de 5 millones de venezolanos, -cerca de uno de cada diez-, ha abandonado el país
Potentados hombres de negocios, cercanos a los gobiernos de Chávez y de Nicolás Maduro, su sucesor, participaron en el desastre. Se les conoce como “boliburgueses”, una referencia irónica a Simón Bolívar, el héroe de la independencia sudamericana al que Chávez invocaba como inspiración para su movimiento político. La mayor parte de su fortuna es producto de contratos públicos, a menudo otorgados para proveer servicios a la gente pobre.
Una muestra de reportes bancarios confidenciales, obtenidos por BuzzFeed News y compartidos con el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), muestra cómo los boliburgueses sacaron miles de millones de dólares del erario fuera de Venezuela (recursos destinados a la vivienda y a otros servicios básicos, entre otros); y ello en pleno derrumbe de la economía. La filtración, conocida como FinCEN Files, incluye más de 2.100 reportes de actividad sospechosa (SAR, por sus siglas en inglés), que bancos entregaron a la Red Contra los Delitos Financieros (FinCEN), una agencia del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
Alejandro Ceballos Jiménez, un magnate de la construcción con agradables conexiones con el gobierno, envió en secreto al menos $116 millones de contratos de vivienda pública a destinatarios, incluidas empresas offshore y cuentas bancarias que pertenecen a familiares, según muestran los documentos. Los contratos amparaban la construcción de la unidad familiar en la que vive Ramírez, la cual forma parte de un gran programa para ofrecer millones de viviendas a precio abordable para los venezolanos de a pie.
Ceballos es dueño de una mansión en Caracas y de una casa con ocho habitaciones en la periferia de Miami, cerca de un hipódromo donde sus caballos compiten cada semana por premios que se elevan a varias decenas de miles de dólares. Es uno de los siete magnates venezolanos cuyos negocios con las administraciones de Chávez y Maduro aparecen en los documentos que integran FinCEN Files. Estos hombres de negocios, famosos por su amor a los relojes Rolex y las carreras de caballos, viven en general fuera de Venezuela, ya sea en Florida, en Madrid o en las playas exclusivas de Punta Cana, en República Dominicana.
Los documentos también revelan cómo los bancos de Europa y Estados Unidos jugaron un papel central en la sustracción del dinero de Venezuela, a pesar de las alertas que señalaban irregularidades financieras. Bancos de menor tamaño, entre ellos los bancos suizos CBH Compagnie Bancaire Helvétique y el Julius Baer Group, ayudaron a los ricos venezolanos a sacar efectivo fuera del país mediante cuentas offshore que escondían el origen del dinero, como muestran los reportes y otros documentos.
Banco Espirito Santo, que estaba radicado en Portugal (ahora disuelto), movió más de cien millones de dólares fuera de Venezuela para la familia Ceballos, antes que las autoridades portuguesas y estadunidenses lo investigaran por lavado de dinero. Entre las agencias públicas que pagaron enormes montos a las empresas de Ceballos –a través de una empresa de papel instalada en Londres– destacaban la empresa nacional venezolana de petróleo y un programa de combate a la pobreza llamado “Misión Che Guevara”.
Algunos de los bancos más importantes del mundo también tuvieron su responsabilidad. JP Morgan Chase, basado en Nueva York, y Standard Chartered, cuya sede está en Londres, procesaron transacciones cuestionables como “bancos correspondientes”, un papel de intermediario en el cual bancos transnacionales conectan prestamistas más pequeños al sistema financiero global.
Entre 2009 y 2017, los bancos reportaron transacciones sospechosas vinculadas con Venezuela por un monto total de más de 4.800 millones de dólares, según un análisis de ICIJ. Cerca del 70% de este monto involucró recursos públicos y tenían a una agencia del Estado, como el Ministerio de Finanzas o la empresa estatal de petróleo, como protagonista.
“Es la razón por la cual la gente no conecta”, dice Zair Mundaray, quien fungió como fiscal anticorrupción en Venezuela hasta que se exilió en 2017, y es ahora asesor del líder de oposición Juan Guaidó. “Todo lo que los venezolanos no tienen es por el dinero que salió del país”.
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